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El TC decide entre presiones del Gobierno si paraliza su reforma como pide el PP

El presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano, aplazó el Pleno del pasado jueves a esta semana después de que cinco magistrados progresistas le trasladaran que no participarían en la deliberación y votación, imposibilitando el quorum necesario

Los magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos en Pleno. Isabel Infantes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 15/12/2021

El Tribunal Constitucional (TC) se reúne en un Pleno extraordinario de urgencia este lunes a partir de las 10.00, en una jornada que se espera tensa, para decidir si paraliza la reforma legal que han iniciado los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, para asegurar la renovación del propio tribunal de garantías y cuyo procedimiento recurrió el Partido Popular, uniéndosele después Vox.

Horas antes de la cita, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, manifestó en la sede del PSOE que «confío en que el Tribunal Constitucional tome una decisión con arreglo a la ley» y rechace el recurso del principal partido de la oposición, al que acusa de querer «controlar la democracia por la puerta de atrás».

PSOE y Podemos intentan parar el Pleno

Precisamente el PSOE presentó este domingo dos escritos ante el Tribunal Constitucional para tratar de impedir que los magistrados admitan el recurso del PP y debatan sobre él alegando que, en caso de hacerlo, se verían vulnerados derechos de los ciudadanos españoles. Unidas Podemos, también partido del Gobierno, lo hizo el pasado viernes. Presentó un escrito ante el tribunal de garantías en el que pidió suspender el Pleno de este lunes al considerar que éste había perdido su objeto puesto que el recurso del PP solicitaba como medida cautelarísima paralizar el proyecto legislativo antes de que se votara en el Congreso de los Diputados, lo que ocurrió el jueves, saliendo adelante con 184 votos a favor.

El proceso por el que se ha llegado a este punto es el siguiente: los partidos del Gobierno promovieron el pasado 9 de diciembre una proposición de ley para modificar los delitos de sedición y malversación en la que, de paso, introdujeron en forma de enmiendas una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) con la que pretenden eliminar aspectos centrales de ambas como la mayoría requerida para realizar nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la verificación del currículum de los candidatos propuestos por dicho consejo de jueces para el TC, la que hasta ahora supone la única participación del tribunal de garantías en el procedimiento para nombrar a nuevos magistrados por parte del Gobierno y del CGPJ.

Con dicha reforma, el Gobierno pretende garantizar la renovación del Tribunal Constitucional donde en junio vencieron su mandato cuatro magistrados, con lo que éste invertiría su mayoría conservadora por otra progresista, más acorde a los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Nada más cumplir el periodo del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares en el órgano, PSOE y Podemos impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que salió adelante en el Congreso para devolver al CGPJ la capacidad de nombrar a miembros de la cúpula judicial -función que le habían eliminado en una primera reforma de los mismos partidos para forzar al PP a renovar el órgano- para que pudieran nombrar únicamente a los magistrados del TC. Pero ésta no dio frutos porque el bloque conservador del consejo de jueces, que es mayoritario, lleva desde entonces bloqueando los nombramientos.

Para acabar con ese bloqueo, los partidos del Gobierno han impulsado la reforma de ambas leyes orgánicas que, en caso de salir adelante con la necesaria votación en el Senado, introducirá cambios de calado en el Poder Judicial. El PP la ve inconstitucional por el procedimiento escogido, dentro de una reforma del Código Penal que nada tiene que ver con el asunto y por medio de una proposición de ley que elimina los informes preceptivos del propio CGPJ y del Consejo de Estado. De ahí que la semana pasada presentara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando como medida cautelarísima al tribunal de garantías que paralizara el proyecto legislativo en curso para sacarla adelante, alegando que su derecho fundamental a la participación y representación política se veía vulnerado.

Segundo intento de Pleno

El presidente del Tribunal Constitucional convocó un Pleno extraordinario el jueves pasado para decidir al respecto horas antes de la votación de la propia reforma en el Congreso de los Diputados. Después de cuatro horas tensas, decidió aplazar el Pleno a este lunes puesto que cinco magistrados progresistas le manifestaron que se ausentarían de la deliberación y la votación si ésta se producía, impidiendo el quorum necesario.

Este lunes, el debate entre los magistrados girará alrededor de si, una vez votada la reforma en el Congreso, se puede someter a debate el asunto y emitir un pronunciamiento que corresponde al magistrado Enrique Arnaldo.

Fuentes del grupo conservador del Alto Tribunal consultadas por este diario ven claro que los recursos de PP y Vox no han perdido su objeto puesto que el proceso legislativo no culminará hasta el próximo jueves, cuando se procederá a la votación de la reforma en el Senado. Fuentes del grupo progresista, en cambio, consideran que ya no tiene sentido resolver puesto que el principal partido de la oposición solicitó una medida cautelar antes de la votación en la Cámara Baja precisamente para evitar ésta.

Los magistrados del TC tendrán que decidir al respecto, y también sobre la recusación del presidente del propio tribunal y del magistrado Antonio Narváez -que en su momento fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y saldrán del tribunal si es renovado- que presentó Unidas Podemos, secundándole el PSOE, en un clima de tensión y presiones políticas. Por un lado, el Partido Popular acusa al Gobierno de retorcer las leyes a su antojo y en su propio beneficio y el de los independentistas catalanes. Por otro, el Gobierno culpa al PP de bloquear la renovación de CGPJ y PP, así como de querer revertir los efectos de la mayoría parlamentaria en los tribunales.

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió al asunto este domingo durante un acto del PSOE en Valencia. Allí, afirmó que «los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para nuestro país. Es razonable que tomen esas decisiones con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado».

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