España

Los socialistas reiteran que jamás habrá una consulta de autodeterminación

El Gobierno rehúye una nueva mesa de diálogo mientras su credibilidad se agrieta

En la Moncloa subrayan que "no está agendada" ninguna nueva reunión ni hay previsión de hacerla en las próximas semanas, pese a que ese era el compromiso adquirido por los dos gobiernos en julio | ERC pone en duda la firmeza del posicionamiento del Ejecutivo cuando asegura que no habrá referéndum

(I-D) La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a su llegada a una rueda de prensa del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de diciembre de 2022, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Familias, tras más de un mes de retraso, con algún "leve" retoque respecto al texto manejado por el Gobierno en las dos últimas semanas. La Ley reconoce la diversidad de los núcleos familiares del país, reduce desigualdades, garantiza prestaciones como la renta universal de 100 euros por crianza y despliega nuevos permisos por cuidados, que facilitarán la conciliación especialmente a las mujeres.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (c), junto a las titulares de Transportes, Raquel Sánchez (i), y Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 13 de diciembre de 2022, en la Moncloa. EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Estaba escrito y era un compromiso de las dos partes: celebrar dos reuniones de la mesa de diálogo en este 2022. La primera tuvo lugar en Madrid el pasado 27 de julio y la segunda debería tener como escenario Barcelona y sentar a los dos gobiernos en apenas dos semanas. Pero no habrá —o al menos, eso aseguran hoy las dos partes— una cita más del Ejecutivo central y del Govern este diciembre ni en el corto plazo. La Moncloa no quiere más fotos por el momento, ni siquiera para escenificar los acuerdos de enorme calado firmados con ERC en este último tirón del año: la supresión de la sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados y, sobre todo, la rebaja de la malversación, que beneficiará, previsiblemente, a los condenados y procesados del procés. El cierre de esta modificación, con la que no se contaba y que el Gobierno jamás incluyó públicamente en su agenda de temas pendientes hasta hace justo un mes, coincide con una cierta crisis de credibilidad. No solo por las gruesas acusaciones del castellanomanchego Emiliano García-Page, sino también por las afirmaciones del Govern y por las idas y venidas discursivas de Pedro Sánchez y su equipo en estas últimas semanas.

Fuentes de la Moncloa afirmaban este martes que «no está agendada» ninguna reunión más de la mesa de diálogo, pese a que el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà lo escribieron en el Acuerdo marco para el diálogo y la negociación [aquí en PDF] que suscribieron en la capital catalana el pasado 8 de julio, antes de la bilateral de los dos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, previa a su vez a la cumbre entre los dos gobiernos del 27 de julio, que supuso el entierro definitivo del caso Pegasus.

Nadie piensa en la mesa ahora. Ni se descarta ni lo contrario», rubrican fuentes del Gobierno. En ERC precisan que si no se reúne no será «porque pase algo». Ven «difícil cuadrar agendas»

«No hay nada. De momento, no vamos a celebrar ninguna reunión más de la mesa. Nadie piensa en la mesa ahora. Ni se descarta ni lo contrario. Simplemente, no se piensa en ella», rubrican fuentes gubernamentales. Desde ERC, coinciden en que no es una urgencia absoluta ahora mismo. «Si se reúne, bien; si no se reúne en breve, no será porque pase algo. Es difícil cuadrar agendas», sostienen fuentes de la formación independentista en Madrid.

Para el Ejecutivo, una vez que se culmine la tramitación parlamentaria exprés de la doble reforma de la sedición y la malversación —si no hay cambios, la aprobación definitiva llegará el 22 de diciembre en el Senado—, la agenda de «desjudicialización del conflicto» habrá concluido. «Esto cierra la carpeta catalana, y ERC lo sabe», remarcan en la Moncloa.

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En ese punto sí divergen radicalmente los republicanos, que ya han pasado de pantalla y reclaman de nuevo la celebración de un referéndum de autodeterminación. Es más, volvieron a levantar la bandera este pasado lunes en Barcelona, mientras en Madrid la ponencia parlamentaria de la proposición de ley de modificación del Código Penal aprobaba la redacción definitiva del nuevo delito de malversación, que para ERC supondrá la absolución de sus dirigentes, puesto que ninguna de las conductas de sus dirigentes el 1-O encaja en la nueva tipificación. Los independentistas presentaron su hoja de ruta de cara a la segunda parte del congreso que la formación celebrará el 28 de enero: las condiciones de un futuro referéndum, que debiera pactarse con el Estado mediante una ley de claridad y que emularía la fórmula de Montenegro de 2006: una consulta con un mínimo de un 50% de participación y un 55% de síes.

La vía unilateral y bilateral

Sin embargo, este martes Oriol Junqueras fue preguntado por Gemma Nierga en el programa Cafè d’idees de RTVE si contemplaba aún un referéndum unilateral, como el de 2017, el líder de los republicanos evitó descartarlo y reiteró en varias ocasiones que «ERC defiende todas las vías democráticas, todas, que permiten que la ciudadanía vote». Pocos minutos después, en La hora de La 1 de TVE, el ministro de la Presidencia se vio obligado a rechazar de plano toda opción de una consulta, «ni por la vía pactada ni por la vía unilateral» porque es «divisiva», contraria a la Constitución y supondría «cronificar» el conflicto. «Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar porque lo prohíbe la Constitución», aseguró desde la Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Para la Moncloa, ERC «tiene que ocultar que está firmando un Código Penal que reconoce como delito lo que hicieron en 2017»

El problema es que al Gobierno le persiguen sus propias declaraciones, como trató de recordarle la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El Ejecutivo, dijo, ya se opuso a dar vida a una mesa de diálogo, a los indultos, a suprimir la sedición o a cambiar la malversación, y al final acabó cediendo. «Este Govern está convencido de que Cataluña volverá a votar en un referéndum. Tenemos una mesa de negociación y haremos que este referéndum sea una realidad», insistió. Fuentes de ERC en Madrid apuntaban posteriormente que «no» dan por cerrada la carpeta catalana y decían ver «posibilidades reales» de que el Gobierno de Sánchez acepte la celebración de un referéndum en Cataluña.

«Tienen que ocultar que están firmando un Código Penal que reconoce como delito lo que hicieron en 2017″, respondían de vuelta fuentes gubernamentales, recordando que esta reforma crea un nuevo tipo de malversación, el de desvío presupuestario irregular, castigado con prisión de uno a cuatro años y de dos a seis de inhabilitación. Creen en el Ejecutivo que en esa figura encajan indubitadamente las conductas del procés. Pero esa pena se impondría «si resultare daño o entorpecimiento graves» al servicio público. Pero si los jueces no apreciaran ese «daño o entorpecimiento graves», no habría ni cárcel: se penalizará con uno a tres años de inhabilitación y multa de tres a 12 meses.

Para el Ejecutivo de Sánchez, las palabras de Junqueras y de su dirección en estos dos primeros días son aspavientos que obedecen a la proximidad de la segunda parte de su congreso, en mes y medio, y a la necesidad que tienen de lanzar mensajes a su parroquia electoral. Y sobre todo, a su competencia con Junts, que le aprieta mucho por su diálogo con el Estado. «ERC recibe mucha presión allí. No le pasa como al PSOE, que no tiene presión en esta materia por nuestra parte —manifiestan desde el ala morada del Gobierno—, pero ellos sí. Ellos han cedido, igual que aquí también cede el PSOE».

Indignación con ERC

«No habrá referéndum de autodeterminación ni ahora ni nunca —apunta tajante un ministro socialista del primer anillo de poder—. Eso que dicen de que no lo descartamos ni se lo creen ellos ni los indepes les creen a ellos. ¡No es comparable la reforma del Código Penal! Con la Constitución no se juega, que proclama en su artículo 2 la ‘indisoluble unidad de la nación española'».

El Gobierno y el PSOE se afanan en negar una consulta. Pero chocan con la hemeroteca. Hasta la semana pasada decían que no se negociaba la malversación con ERC

De cualquier modo, las palabras de ERC justo cuando está tramitándose una reforma de la malversación muy difícil de asimilar para el PSOE sonaban, cuando menos, inconvenientes, como así admite otra integrante del Gabinete de Sánchez: «Me ha sentado como una patada, pero no sé qué están negociando. Sí tengo claro que por el referéndum no podemos pasar: sería algo que no nos perdonarían los votantes». «Es que aunque quisiéramos no podríamos: nos lo impiden la Carta Magna y la ley», avisan en la Moncloa.

Sin embargo, la credibilidad del Ejecutivo y del propio Sánchez está agrietada. La oposición le ha recordado en numerosas ocasiones qué decía antes y qué acabó haciendo. En 2018, apenas 15 días antes de ganar la moción de censura a Mariano Rajoy gracias al apoyo de los independentistas, defendió una reforma del Código Penal para que los hechos del procés fueran juzgados como rebelión, para lo que hacía falta modernizar el tipo penal.

En la segunda campaña de las generales de 2019, prometió volver a penalizar los referendos ilegales y garantizar el «cumplimiento íntegro de las penas» de los condenados por el Tribunal Supremo. Tras las elecciones, no endureció la legislación penal y en 2021 indultó a los sentenciados del 1-O. Sí es verdad que desde el arranque de legislatura se comprometió a reformar la sedición, pero no a suprimir el delito, directamente, para reemplazarlo por el de desórdenes públicos agravados. Y hasta la semana pasada, literalmente, él y sus ministros, y la dirección del PSOE, negaban con total vehemencia que se estuviera negociando con ERC la reforma de la malversación. Una modificación que rechazaban no solo los dos barones críticos con él, los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, sino otros claramente alineados con Ferraz. El malestar había prendido.

Page recordaba a Sánchez este martes sus contradicciones de discurso, lo que decía en 2019 y lo que afirma hoy, e incluso anunció que iría al Tribunal Constitucional si hubiera «cualquier intento de consulta oficial» en Cataluña. Otra prueba más, y explicitada en público, de que no se fía de su jefe de filas.

Rufián y los «futuros hechos»

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también negó «radicalmente» que el PSOE pueda aceptar un referéndum de independencia. El dirigente contestaba así a su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, quien señaló a los periodistas que la reforma de la malversación está pensada no para los condenados del procés, sino para «futuros hechos» y «futuras negociaciones».

López da por cerrada la carpeta catalana y advierte de que si hay otro intento de consulta ilegal, se podrá aplicar el 155 o el delito de rebelión

«Este grupo, este partido y este Gobierno no va a aceptar un ningún referéndum de independencia en Cataluña. Si alguien pide un referéndum, pondremos sobre la mesa el Estatut. Si alguien viene a hablarnos de independencia, pondremos sobre la mesa el Título VIII de la Constitución», zanjó López. El portavoz indicó que el cambio de la sedición y la malversación suponen, «de alguna manera», la «conclusión» de la política desplegada en Cataluña para recobrar la «concordia«, pero recordó que el Estado sigue teniendo instrumentos a su disposición para frenar un eventual referéndum ilegal, como el artículo 155 de la Constitución o el delito de rebelión, que sigue vigente.

«El Gobierno arriesga —aplaudió López, recuperando las palabras de Sánchez el domingo en Barcelona—, toma decisiones políticas, pero lo que está haciendo funciona. Cataluña ya no es el primer problema de España, España no se rompe, en todo caso lo que se ha roto es el independentismo, que se ha quedado sin el argumento del victimismo«. El Ejecutivo defiende su política de ibuprofeno. La duda que recorre al PSOE es si la dosis administrada es superior a la idónea.

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