España

Comparecencia de balance de año en la Moncloa

Sánchez a Aragonès: "Los independentistas podrán reclamar lo que quieran, pero un referéndum no se va a producir"

El presidente hila un discurso duro contra el secesionismo por defender un proyecto "que va contra los tiempos" | Alega que la reforma del Código Penal contiene garantías legales para que no haya revisiones a la baja de penas por malversación | Deja en el aire retoques técnicos a la 'ley del solo sí es sí' | La crisis de gobierno se hará "en los próximos meses"

MADRID, 27/12/2022.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa en Madrid este martes. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este 27 de diciembre de 2022, en el palacio de la Moncloa. EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Era obvio que el presidente del Gobierno iba a focalizar toda su intervención este martes, tras el último Consejo de Ministros del año, en torno al despliegue del tercer gran paquete de medidas de respuesta a la guerra de Ucrania, con un coste de 10.000 millones de euros públicos. Quería que la atención se situara en ellas, en medidas como la supresión del IVA para los alimentos de primera necesidad y la rebaja del 10% al 5% para los aceites y la pasta, la ayuda de 200 euros para 4,2 millones de familias con rentas de hasta 27.000 euros, la rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano siempre que los gobiernos municipales y autonómicos lo complementen hasta el 50% o la prórroga de seis meses de la suspensión de los desahucios y lanzamientos para los hogares vulnerables. La contundencia que ha buscado el Gobierno en este real decreto ley, a las puertas de un vertiginoso año electoral, opacaba las respuestas de Pedro Sánchez de contenido más político. El plato fuerte era, de nuevo, Cataluña, por el discurso de Navidad del president Pere Aragonès, al que le repitió que no habrá referéndum en ningún caso. Pero también por la rebaja de la malversación, que defendió y en la que recalcó que la ley cuenta con un blindaje jurídico a través de una disposición transitoria, que impediría las revisiones de pena a la baja de políticos corruptos.

Sánchez, en su comparecencia de balance de año ante los medios, no esperó a las preguntas de los periodistas para responder sobre Cataluña, como sí había ocurrido en ruedas de prensa semestrales previas. Era otra prueba de que quiere hacer de su política de distensión un activo de campaña. En su primera intervención, ya dejó dicho que lo ocurrido en el otoño de 2017 fue consecuencia de la «enorme irresponsabilidad del independentismo», que llevó España «al precipicio«, pero también tuvieron culpa quienes «no atajaron a tiempo una de las mayores crisis de la historia democrática». Hoy la Constitución «se cumple en todos los territorios, también en Cataluña, el independentismo no es una de las preocupaciones de los españoles y una mayoría de catalanes apuesta por la convivencia, por vivir juntos».

La primera reflexión cimentó las respuestas posteriores, en las que se expresó con crudeza respecto al independentismo, señal clara de que el presidente quiere abrir una nueva página de la legislatura a partir de la aprobación de este tercer decreto anticrisis, centrada en la economía y en la «respuesta progresista» a la crisis, muy diferente, sostuvo, a la que hizo el PP tras la crisis financiera de 2008.

Recuerda que Europa camina hacia una «mayor integración», hacia el objetivo de «compartir soberanía» y no «compartirmentarla»

Para empezar, Sánchez reiteró que «el procés ha acabado», no solo porque lo diga él, sino porque lo han reconocido líderes separatistas como Jordi Sànchez, recordó. Insistió en que ni la Carta Magna española ni ninguna otra reconoce el derecho de autodeterminación. Así que «un referéndum no cabe en la Constitución española, podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir», señaló tajante, en respuesta a Aragonès, quien en su discurso de Navidad situó 2023 como el año en que quiere que se sienten las bases para una consulta pactada con el Estado. Es más, el independentismo es «un proyecto político que va contra los tiempos«, ya que en Europa se camina hacia una «mayor integración», con el objetivo de «compartir soberanía» y no «compartimentarla».

La derecha da por hecho que, tras la rebaja de la malversación y la supresión de la sedición, el Gobierno sí se lanzará a por un referéndum. Sánchez recordó que la exigencia de un plebiscito es una demanda que siempre ha llevado el independentismo a la mesa de diálogo y siempre recibió la «misma respuesta» por parte de su Ejecutivo: «No cabe dentro de la Constitución ni en ninguna Carta Magna de ningún país del mundo», y además supone retornar a «debates pasados«. Pero para Sánchez, que los separatistas vuelvan sobre ello demuestra la distancia tan «abismal» de planteamientos entre las dos partes.

Encontrar «un punto de equilibrio»

Pero «si uno se da una vuelta por Cataluña hoy», verá que no tiene «nada que ver» con lo que se vivía en 2017, mantuvo. Su convicción es que con «tiempo, paciencia, determinación y generosidad por parte de todos» se podrá «encontrar un punto de equilibrio que garantice la convivencia en Cataluña». Sánchez insistió en que el conflicto «no se generó ayer», sino que lleva arrastrándose una década, así que no se va a resolver «de un día para otro», pero por lo pronto «la Constitución se cumple en todos los territorios, y también en Cataluña».

No pone fecha a la mesa de diálogo, aunque sí la pone en valor al recalcar su «utilidad» para deshinchar el conflicto

Esta última apreciación iba dirigida claramente al PP. Sánchez se preguntó «cuántas veces» desde la moción de censura, primero Pablo Casado y luego Alberto Núñez Feijóo preconizaron que se celebraría una consulta, cuando lo cierto es que «los referéndum y la declaración unilateral de independencia se hicieron bajo la Administración del PP». El presidente se atribuye el mérito de la desinflamación, de la distensión social, algo que tiene como reflejo que la sociedad catalana tiene unas preocupaciones similares a las del resto de españoles: el precio de la luz, la cesta de la compra, el salario, el empleo… «Y algo tendrá que ver la agenda del reencuentro» que su Gobierno ha desplegado, presumió.

Más aún, la mesa de diálogo con la Generalitat, «fuertemente criticada por la oposición», ha demostrado «ser útil para vehicular esa agenda del reencuentro». En ella, el Gobierno escucha, sí, pero los independentistas «también tienen que escuchar cuál es la posición del Gobierno de España y de los partidos que componen el Gobierno de España, que es el respeto a la Carta Magna, al orden constitucional, la unidad de España, la integridad territorial y la soberanía nacional».

El presidente retomó, por tanto, un discurso de mayor dureza hacia el separatismo que no se le escuchaba desde hace meses, precisamente porque quiere girar la nave de cara al año electoral de 2023. Busca reivindicar a su Ejecutivo y a su partido como aquel que logró enterrar el procés, el que pudo reconducir un conflicto avivado por el independentismo y un indolente Rajoy, aliviar «un problema que viene de largo, primero por la irresponsabilidad de unos [los secesionistas], pero también por la incapacidad de quienes estaban aquí antes [el PP] y ahora van dando lecciones no sé de qué«.

Lo que no quiso precisar Sánchez, pese a que se le preguntó hasta en dos ocasiones, es si habrá pronto una reunión de la mesa de diálogo. En su equipo han venido insistiendo, en las últimas semanas, en que no está «agendada» ni se prevé nueva cita porque el Ejecutivo ya ha hecho todo lo que tenía en su mano para «desjudicializar el conflicto». Pero él prefirió no verbalizarlo, precisamente para no soliviantar a la Generalitat y a ERC y para no desviar la atención de lo sustancial de su comparecencia, la explicación de la prórroga del escudo social.

Tres razones para la rebaja de la malversación

Tampoco quiso contestar a la pregunta directa de si teme que puede haber revisiones de penas a la baja a políticos corruptos por la reforma del delito de malversación, escenario que en el PSOE sí suscita inquietud cuando quedan menos de seis meses para las autonómicas y municipales del 28-M. El presidente defendió la modificación legislativa, apoyándola en tres razones. Una, que la corrupción ya no es una de las tres principales preocupaciones de los españoles —en mayo y junio de 2018, cuando se lanzó y se consumó la moción de censura contra Rajoy, era la segunda inquietud ciudadana, tras el paro, con índices del 39,6% y del 39,2%—, porque ahora es la número 18, según el barómetro de diciembre de 2022 del CIS. Y ese cambio «no es casualidad», dijo, y se debe al «compromiso del Gobierno con la regeneración democrática».

Sánchez recuerda, para justificar el cambio en la malversación, que la preocupación por la corrupción ha bajado de los primeros puestos al número 18

Segundo motivo: el Gobierno «homologa» el delito de malversación al entorno europeo. «No se despenaliza«, insistió, ya que también será castigado, aunque con menos pena, quien desvíe fondos públicos aunque no se lucre con ellos, y además se da entrada a una figura nueva, la del enriquecimiento ilícito. Y tercera razón: la motivación política. La más relevante: «Los conflictos políticos se tienen que sustanciar en el terreno político y no en los juzgados».

El líder socialista rubricó que la labor de los políticos es «construir convivencia y no confrontar territorios», y eso es lo que le ha guiado a la hora de tomar «decisiones arriesgadas» para afrontar un problema que tenía en su mesa cuando llegó a la Moncloa —»que heredé, que no provoqué, del independentismo y del PP»—.

De modo que, a su juicio, «toda apuesta por la convivencia siempre es poca, quedará para el presente y para el futuro, no solo en términos de convivencia cotidiana, sino también desde el punto de vista de la unión de España, que se fragua y consolida construyendo convivencia y no confrontando». Sánchez recuperó unas palabras del primer secretario del PSC, Salvador Illa, que decía que tras el «incumplimiento flagrante de la Constitución» por parte de los populares, si alguien tiene que dar «lecciones» de patriotismo y constitucionalismo es el PSOE. El Gobierno quiere evitar una vuelta a 2017, pese a que haya partidos en Cataluña y en el resto de España —o sea, separatistas y PP y Vox— que deseen regresar a «tiempos tan oscuros y tristes y de tanto sufrimiento». «El Gobierno no está en eso«, despachó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece antes los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el palacio de la Moncloa en Madrid este 27 de diciembre de 2022. EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

No contestó el presidente si teme personalmente un goteo de rebajas de penas por corrupción, como de hecho alertó la Fiscalía. En su Ejecutivo y en el partido creen que sí puede suceder y que eso podría mermar las expectativas electorales de los socialistas. Sánchez sí recordó que la reforma del Código Penal, que se publicó en el BOE el viernes y que entrará en vigor el 12 de enero, incluye una disposición transitoria —la segunda— que prescribe que no se revisará a la baja cuando la duración de la condena quepa también en la horquilla que marca la actual legislación, disposición que no se incluyó en la ley del sí es sí. Pero, a fin de cuentas, ahora la aplicación de la modificación legal queda en manos de los jueces.

«Caso por caso»

Precisamente, respecto a la ley de libertad sexual, Sánchez no quiso hablar ya de «retoques técnicos», como dijo a los periodistas el Día de la Constitución. No aclaró si habrá una revisión de la norma. Defendió la ley, como en otras ocasiones, y trasladó a los tribunales la responsabilidad de «establecer su correcta aplicación». Lo que ha manifestado el Supremo, agregó, es que habrán de analizarse las sentencias «caso por caso, sin que puedan hacerse rebajas automáticas de las penas».

El líder socialista se muestra convencido de que «gobernar para la gente» sí va a tener «resultado electoral», y presume de la «estabilidad» de su Ejecutivo de coalición

Otra cuestión en el aire es cuándo acometerá una remodelación de su Gabinete obligada por la salida de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias para las candidaturas socialistas de Madrid y Las Palmas. Será «en los próximos meses«, aseguró lacónico.

Y frente a los malos pronósticos de las encuestas, que siguen situando al PP por delante, Sánchez se mostró convencido de que «gobernar para la mayoría social y para la gente» sí va a tener «resultado electoral», por mucho que digan lo contrario los sondeos internos de los populares. El Ejecutivo, dijo, va a hacer en año electoral lo que viene haciendo en los años que no son electorales, en años pares o impares»: aumentar las pensiones, subir el salario mínimo, «proteger a la clase media frente al alza de los precios». Es decir, que hará lo mismo porque lo que quiere es que se vea la respuesta a las sucesivas crisis del Ejecutivo de coalición progresista frente a la que lideró el PP en la Moncloa o la que puede llegar de un «hipotético Gobierno de la derecha y la ultraderecha».

El presidente se mostró de nuevo «orgulloso y agradecido» al trabajo de todos los ministros de su Gabinete, considera que todos ellos han hecho frente de manera «más que razonable» a retos «extraordinarios e inéditos» como la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o la guerra de Ucrania. No se refirió al ruido interno ni a las tensiones entre los socios, como las negociaciones de última hora que acompañaron a este decreto anticrisis. Cada ministro, aseguró, «incorpora su matiz», pero por encima de todo ello hay «estabilidad política», porque hay tres Presupuestos del Estado aprobados «en tiempo y forma» y 192 proyectos legislativos respaldados por las Cortes, y eso prueba un «desempeño notable» de todos los ministerios en un Gobierno, recordó, en minoría parlamentaria.

De nombrar el CGPJ a los dos magistrados al TC, como así ocurrió finalmente, la urgencia para tramitar la proposición de ley «no sería la misma»

En la comparecencia también afloró el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Este martes por la tarde hay una nueva reunión entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque a esas horas —salió en rueda de prensa sobre las 12.40 y acabó al filo de las 14 horas— no se esperaba que pudieran designar a los dos magistrados que les corresponde nombrar, como así ocurrió. Sánchez anticipó que si cuajaba el acuerdo, la urgencia para tramitar la proposición de ley que fuerza ese relevo «no sería la misma«. Fuentes de la Moncloa ya habían anticipado el pasado jueves, en la copa de Navidad a los periodistas, que la iniciativa seguiría adelante incluso en ese caso. Él anticipó el porqué este martes: hay que impedir que «en el futuro se produzcan estos bloqueos que erosionan las instituciones y dificultan el correcto funcionamiento de nuestra democracia».

Sánchez sí volvió a cargar contra el PP por impedir el desbloqueo de los órganos constitucionales: «Es el PP quien está fuera de la Constitución, no nosotros, que estamos dentro», insistió, devolviendo la acusación que le hace Feijóo de estar fuera de la Carta Magna.

Tras la rebaja de la malversación, la credibilidad del presidente y de su Gobierno ha quedado maltrecha. El jefe del Ejecutivo sostuvo que ante circunstancias tan cambiantes e inesperadas como una pandemia o una guerra, hay que «adaptar las respuestas a muchas de esas crisis sobrevenidas y a grandes transformaciones como la emergencia climática». Pero los fundamentales, insistió, no se han tocado: se ha mantenido «fiel» a su «compromiso con el cumplimiento de la Constitución», tanto cuando era líder de la oposición como ahora en el Ejecutivo. «Otros no pueden decir lo mismo. Que el PP no cumpla con la Constitución es un problema para la democracia española».

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