El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes, por unanimidad, nombrar magistrados del Tribunal Constitucional al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del mismo tribunal, María Luisa Segoviano, decisión con la que se desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional puesto que el Gobierno ya eligió a sus dos candidatos, el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Bueno, exasesora del Ministerio de Presidencia.

Los vocales del consejo de jueces se han reunido en un pleno extraordinario este martes y el bloque progresista ha decidido apoyar a los candidatos propuestos por el conservador, retirando la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo por el que apostaban, José Manuel Bandrés, facilitando así la renovación del tribunal de garantías.

El pleno extraordinario convocado con el único orden del día del nombramiento de los magistrados comenzó a las 16.40 horas con la presencia de todos los consejeros. Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Pilar Sepúlveda, Gerardo Martínez Tristán, Enrique Lucas, Juan Manuel Fernández, Roser Bach y Ángeles Carmona participaron por videoconferencia. Diez minutos después de haberse iniciado la reunión, se anunció el acuerdo al que llegaron todos los presentes, 17 más el presidente, por unanimidad.

Después del varapalo del TC a la decisión del Gobierno

Un tercio del Tribunal Constitucional venció su mandato el pasado junio. Correspondía al Gobierno elegir a quienes deben sustituir al presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narvéz. El CGPJ tiene que nombrar a los sustitutos del vicepresidente, Juan Antonio Xiol y del magistrado Santiago Martínez-Vares.

Hasta ahora, la falta de acuerdo entre el bloque conservador y el progresista del CGPJ para nombrar a los dos magistrados que les corresponde había bloqueado la renovación del tribunal de garantías. Hasta tal punto, que el Gobierno decidió emprender una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para poder nombrar a los dos magistrados de su cupo sin tener que esperar al consejo de jueces. Una decisión que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, recurrió ante el Tribunal Constitucional, acordando éste paralizar la reforma puesto que se hizo aprovechando otra modificación legal, la del Código Penal para los delitos de sedición y malversación.

Al acordar los vocales del CGPJ proceder finalmente al nombramiento, acaba el bloqueo en el Alto Tribunal, aunque continúa en el propio consejo de jueces. El órgano lleva cuatro años caducado y con las funciones para nombrar a la cúpula judicial -salvo a los magistrados del Constitucional- bloqueadas por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.