El PSOE no plantea propuestas rupturistas de cara a las generales del 23-J. No es su propósito. Su programa electoral, conocido este viernes en su integridad, de 272 páginas [aquí en PDF], camina en la línea de su gestión al frente del Gobierno en los últimos cinco años. Se aleja de guerras culturales y de cuestiones polémicas, tampoco en los pasajes más estrictamente políticos, de fortalecimiento y blindaje de los derechos. Y aunque reivindica la distensión propiciada en Cataluña a través del diálogo, su programa no da pasos más allá, congruente con la decisión del Ejecutivo de dar por cerrada la carpeta catalana tras la supresión de la sedición y la reforma del delito de malversación.

El texto, no obstante, sí incluye cuestiones que han formado parte del corpus programático del PSOE en los últimos años, como la abolición de la prostitución —se llegó a comenzar a tramitar una proposición de ley en el Congreso, pero decayó con la disolución anticipada de las Cortes—, la defensa del actual modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la supresión de los aforamientos o la obligatoriedad legal de los debates electorales.

Algunas de las propuestas de carácter más político incluidas en su programa electoral de las generales del 23-J son las siguientes:

  • Carpetazo al conflicto catalán y nada de mesa de diálogo. No sorprende, porque el Gobierno ya consideraba zanjada la carpeta catalana una vez que aprobó, con muchísima polémica, el cambio en la malversación y la supresión de la sedición. Pero ahora lo deja bien claro en el programa electoral. El PSOE presume de que el Ejecutivo "ha trabajado para recuperar la convivencia con diálogo y respeto, en el marco constitucional". Diálogo, respeto y búsqueda de entendimiento que dice haber aplicado también en la gestión de la pandemia y en la distribución de los fondos Next Generation. "España está hoy más cohesionada, unida e integrada que en 2018 [...]. El Gobierno socialista ha afrontado con valentía el grave conflicto que se generó durante el Gobierno del PP en España, y ha trabajado para recuperar la convivencia y construir un proyecto de país en el que tengan cabida todos los territorios", proclama el texto, hablando del conflicto ya en pasado, algo que en absoluto creen los independentistas. Incide más adelante en la misma idea: "Se ha superado la situación de ruptura que existía hace cinco años", y el número de partidarios de la independencia ha descendido. El documento no cita en ningún momento la mesa de diálogo, el instrumento pedido por ERC y puesto en marcha en esta legislatura, ni tan siquiera la Agenda para el reencuentro, que Sánchez ofreció a la Generalitat como vía de apaciguamiento.

El texto no habla ni de mesa de diálogo ni de retomar la 'Agenda para el reencuentro', aunque sí reivindica la política del Gobierno para "recuperar la convivencia" en Cataluña

  • El PSOE recuerda que también logró poner fin a ETA. El programa recalca que la derecha trata de "patrimonializar los símbolos comunes e imponer una idea de España en la que solo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros". Para Ferraz, tanto PP como Vox quieren hacer "olvidar" que "han sido los gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas como fue el caso de la derrota" de ETA, posible gracias "a la decidida acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero". No es baladí la alusión al expresidente, que casi dio arranque a la precampaña con su entusiasta entrevista en Cope el 12 de junio reivindicando que sí, que bajo su Ejecutivo ETA dejó las armas. Desde entonces, Zapatero se ha convertido en un sostén fundamental para Sánchez.
  • Cumplimiento de la Constitución. Los socialistas señalan que promoverán el "cumplimiento" de la Carta Magna "en lo referente a la renovación de los órganos constitucionales, especialmente el CGPJ, "impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones". Es una clara amonestación al PP y una sonora queja por el bloqueo en el relevo del Poder Judicial, que camina ya hacia los cinco años. Pero lo que no dice el partido es cómo promoverá ese "cumplimiento", dado que renunció, pese a la petición de Unidas Podemos, a reformar la ley orgánica para rebajar las mayorías para la elección de los 12 miembros del turno judicial por el aviso fulminante que hizo Bruselas.
  • Defensa del actual modelo del CGPJ. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de derecho en España, de esta misma semana, advertía de que hay que renovar de manera inmediata el Poder Judicial, para a continuación cambiar la ley con el objetivo de que parte de sus miembros sean elegidos directamente por los jueces. Los socialistas subrayan que "preservar las instituciones y respetar las reglas del juego democrático son claves para garantizar el respeto a la independencia judicial, que pasa por defender el modelo de elección del gobierno del Poder Judicial avalado por el Tribunal Constitucional y consagrado por un pacto de Estado". El partido siempre ha defendido, incluso en sus negociaciones (rotas) con el PP, que el sistema vigente, establecido por Felipe González en 1985, no debe cambiarse, porque fue avalado por el TC.
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  • Renovación ya. El PSOE recalca que seguirá exigiendo la "inmediata" renovación del CGPJ con el sistema actual de doble legitimación en su elección —Congreso y Senado eligen 12 integrantes de entre los candidatos al turno judicial postulados por la carrera judicial, mientras que los ocho restantes son elegidos entre juristas de reconocida competencia, como exige la Carta Magna—, "conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que como señala el artículo 1.2 de la Constitución, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español".

El PSOE defiende el actual modelo del CGPJ, avalado por el TC, aunque exige que se produzca ya renovación tras casi cinco años con el mandato vencido

  • Debates obligatorios. El programa apunta a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para "hacer obligatorios los debates electorales, de modo que la ciudadanía vea garantizado su derecho a conocer los diferentes proyectos políticos y las consecuencias de los mismos sobre sus vidas". El PSOE es el único de los cuatro grandes partidos que concurren este 23-J que lleva a su programa la regulación de los debates. No lo hacen Vox ni Sumar, pero tampoco el PP, pese a que Alberto Núñez Feijóo sí prometió que lo haría.
  • Abolición de la prostitución. El compromiso emana del 40º Congreso Federal del PSOE, de octubre de 2021. El PSOE intentó incluirla en la ley del sí es sí, pero tuvo que recular al comprobar que si mantenía su pulso, la propia norma podía decaer por la falta de apoyo de los socios de investidura. Por eso impulsó una proposición de ley en el Congreso de forma separada para acabar con "todas las formas de proxenetismo", pero acabó decayendo por la disolución anticipada de las Cortes. Los socialistas no quisieron forzar la máquina antes de la convocatoria de las elecciones, porque eran conscientes de que generaría otro choque con la parte morada del Ejecutivo y que el respaldo con el que podía contar era con el del PP. Ahora, el PSOE recupera ese compromiso muy asentado en el partido.
  • Supresión de los aforamientos. El PSOE ya intentó aprobar, en su primera etapa en el poder, el fin de los aforamientos de los cargos públicos "en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo", pero esa reforma constitucional quedó varada y no se volvió a retomar.
  • Modificación del artículo 49 de la Constitución. Se trata de suprimir el término "disminuidos" de la Carta Magna y de "reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad". El Gobierno y el PP avanzaron en sus conversaciones en los últimos meses, pero no llegaron a ningún acuerdo. El compromiso de ambas partes era no abrir la reforma constitucional a más temas.

El documento promete aprobar una nueva financiación autonómica en el plazo de un año y reformar la de los ayuntamientos

  • No habrá denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede. El programa del 23-J no hace alusión al tratado internacional de 1979. El partido reivindica que ha sido la formación que ha impulsado los avances en "laicidad", igualdad, pluralidad y diversidad. Frente al "renacimiento de movimientos ultranacionalistas y supremacistas en España y en toda Europa, que alimentan el odio a quien tiene otra cultura u otra religión", el Gobierno "ha trabajado intensamente en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías, así como en la neutralidad y la igualdad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso". Los avances que plantea para la próxima legislatura es equiparar el régimen fiscal de las confesiones religiosas con el de las entidades sin ánimo de lucro, trabajar con la Iglesia para lograr su autofinanciación e impulsar políticas "en materia de diversidad religiosa". Pero no se habla de denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que sí aparecía en el programa de las generales de noviembre de 2019 (también en el de los comicios de 2015 y 2016), no así en texto de las de abril de ese año.
  • Blindaje de derechos... ¿pero cómo? El PSOE se compromete a "blindar" el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y a la eutanasia, la asistencia a las víctimas de violencia de género, el sistema público de pensiones, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la seguridad climática y al acceso al agua potable como derechos fundamentales de las personas, "de modo que no puedan ser derogados o anulados por una coyuntural mayoría parlamentaria". Pero lo que no explica el documento es cómo lo hará. Porque para blindar esos derechos en la Constitución haría falta una mayoría cualificada. Esto es, contar con el PP.
  • Sin rastro de la derogación de la ley mordaza. Los socialistas no incorporan esta vez su promesa de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. Esta legislatura se estuvo a punto de alumbrar un nuevo texto, pero las exigencias de ERC y Bildu, a las que se negó el PSOE, hicieron que la proposición de ley decayera.

  • Nueva financiación autonómica en el plazo de un año. Es una de las grandes reformas pendientes de esta legislatura, porque fue imposible amarrar un consenso de PSOE y PP y también dentro de los propios partidos. El sistema vigente está caducado desde 2014. El programa plantea la aprobación de un nuevo modelo "en el plazo máximo de un año", que garantice "los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad". Los socialistas pretenden que el nuevo diseño impulse que la inversión del conjunto de administraciones públicas en sanidad sea como mínimo del 7% del PIB, en educación del 5% y en servicios sociales del 2%.

Los socialistas quieren blindar derechos, pero no adelantan cómo, y ya no prometen derogar la 'ley mordaza'

  • Reforma de la financiación local. Es otra de las tareas que no ha abordado el actual Gobierno. El propósito era modificar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que aprobó el PP en 2013, pero no fue posible. El compromiso entra de nuevo en el programa: su cambio para "garantizar los recursos suficientes que cubran las necesidades de la ciudadanía, en base a un nuevo marco adecuado de competencias adaptado a su realidad y a la proximidad en la prestación de los servicios".