Las imágenes de las pintadas y actos vandálicos en muchas agrupaciones del PSOE de España, las concentraciones ante las sedes del partido en contra de la amnistía, la algarada violenta (y con estética ultra) en Ferraz que tuvo que ser repelida por la Policía con cargas y gases lacrimógenos y que finalizó con tres detenidos. Todo ello marcaba el debate político de este martes junto con esa investidura que no acaba de cerrarse con Junts. La dirección del PP lanzó a primera hora un comunicado en el que no condenaba los hechos y con el que acusaba a Interior de obligar a la Policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes que se reunieron ante el cuartel general de los socialistas. Una reacción que el PSOE y el Gobierno entienden que es demasiado tibia, razón por la que la Moncloa exige a Alberto Núñez Feijóo una condena "rotunda". Sin subterfugios. Pero además de ese mensaje, la cúpula federal del partido decidió pedir a sus cargos provinciales y autonómicos que cierren las sedes por las tardes de manera temporal para protegerlas del acoso de la derecha.

Del primer mensaje se encargó este martes la portavoz en funciones del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros. La ministra recordó primero, a "aquellos a los que se les llena la boca hablando de la Constitución", que la Carta Magna otorga "un papel fundamental a los partidos políticos en democracia". "Por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia". De ahí que el Gobierno interpreta que la actitud del PP y de su líder debería ser "muy distinta". "Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijóo, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político, condenando con rotundidad los ataques a las sedes del PSOE".

La ministra pide también a Feijóo que rechace las "consignas y símbolos" ultras que algunos manifestantes portaron en las concentraciones, que en Madrid lideró Abascal

Rodríguez remarcó que el jefe de los populares también debiera rechazar las "consignas y los símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones", en las que algunos ciudadanos portaron signos nazis o banderas preconstitucionales, en las que se corearon proclamas insultantes contra el presidente, Pedro Sánchez, y que estuvieron tomadas por la ultraderecha, cuyo líder, Santiago Abascal, encabezó la que se plantó en Ferraz, acompañado del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, también de Vox. "Y por supuesto pedimos al principal partido de la oposición y a Feijóo que acepte de una vez por todas las reglas de la democracia y que acepte el resultado de las pasadas elecciones el día 23 de julio", remachó la titular de Política Territorial.

La portavoz también defendió, frente al PP, "el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actúan siempre bajo los parámetros de proporcionalidad para garantizar la seguridad de todos, utilizando en cada caso la respuesta que estiman conveniente". La ministra ignoró los reproches de Abascal titular de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al que culpó de las cargas violentas: "No hay mayor desprecio que no hacer ningún aprecio a esas declaraciones".

Comunicado de Ferraz enviado a las cúpulas provinciales y autonómicas.

Al tiempo, se produjo un movimiento en el partido. El secretario de Organización, Santos Cerdán, junto a la directora gerente, Ana Fuentes, firmaron este 7 de noviembre un comunicado dirigido a los secretarios de Organización y gerentes autonómicos, provinciales e insulares. En el escrito, les ruegan que suspendan las actividades "durante la tarde en las sedes, ya ean tertulias, reuniones de trabajo, etc." y que extiendan esa recomendación a "todo el ámbito nacional". Todo ello debido a las "convocatorias de concentraciones frente a las sedes del PSOE" que se suceden estos días y "por el ánimo agresivo de sus llamamientos".

También los trabajadores de las sedes deben "seguir la recomendación de finalizar la jornada laboral presencial a primeras horas de la tarde". Cerdán y Fuentes precisan que estas indicaciones son "preventivas" y que confían que en breve sean "innecesarias". Pero la dirección, añaden, se mantendrá "atenta" porque la seguridad personal "es prioritaria" para Ferraz, como también lo es la "seguridad en las sedes".

"Inaudito" el pronunciamiento del CGPJ

En la Moncloa, los periodistas también preguntaron a la portavoz del Gobierno por el pronunciamiento sobre la ley de amnistía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ayer lunes, posible por el alineamiento de los vocales conservadores. Rodríguez juzgó "inaudito" que el órgano de gobierno de los jueces tomara posición sobre una ley que no existe y de la que no se conoce el texto. "Igual hubiera estado bien" que los miembros del CGPJ, dijo, "hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta muy directamente, que es su mandato caducado en los últimos cinco años, una situación totalmente anómala que está generando el incumplimiento del mandato constitucional de renovar el CGPJ".

Gobierno y PSOE enfrían las expectativas sobre una investidura inminente. No solo hay escollos en la ley de amnistía, sino también en el acuerdo político con Junts

El acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar incluye que se garantizará su renovación, "impidiendo que la deslealtad constitucional" del PP "afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas". No detalla cómo. Tampoco Rodríguez adelantó si se adoptará una medida en caso de que haya nuevo Ejecutivo. Se limitó a expresar que en el PP "no se puede confiar" porque "dejó de ser un partido de Estado" que lleva cinco años "incumpliendo la Constitución".

Pero entonces Rodríguez incardinó una frase que dejaba entrever cómo ahora mismo la reelección de Sánchez está en el aire. "Desearíamos, en una próxima legislatura, si sigue adelante la investidura, poder abordar una cuestión que es un lastre para España en su reputación ante instituciones europeas, que es la renovación del CGPJ, con un solo responsable, que es el PP". Ella misma, preguntada por la evolución de las negociaciones con Junts, no quiso adelantar nada y se remitió a la información que proporcionen los dos partidos.

Y precisamente fuentes del PSOE enfriaron este martes desde Bruselas la posibilidad de que la investidura sea esta misma semana, como ellos mismos anhelaban desde hace días. En la cúpula insisten que el único plazo legal es del 27 de noviembre, cuando concluyen los dos meses que la Constitución da al Congreso para elegir presidente tras la primera votación fallida. Y añaden que no se están abordando solo cuestiones "técnicas" de la ley de amnistía, también se está "trabajando en algunos detalles del acuerdo político" con Junts.

Rodríguez no se pronuncia sobre el auto del juez de la Audiencia, pero recuerda que la lleva instruyendo cuatro años y que es ahora cuando se reactiva

La portavoz del Gobierno tampoco quiso pronunciarse sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que dirige su investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràctic contra Carles Puigdemont; contra la dos de ERC, Marta Rovira, y una decena de implicados. No quiere ni debe "emitir opiniones políticas sobre las decisiones judiciales", señaló, aunque sí recordó que esta es una "causa que se lleva instruyendo cuatro años" —causa ahora reactivada por el magistrado—, y que "hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía", que rechaza la acusación por terrorismo y pide que el caso se envíe a los juzgados de Barcelona. "No emitiré juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, como todas las decisiones jurídicas, son respetadas por el Gobierno de España", culminó Rodríguez.