Entre las competencias del Senado, más allá de ser una Cámara de doble lectura que, a lo sumo puede retrasar, pero no impedir la tramitación de leyes, hay una que le puede amargar al gobierno de Pedro Sánchez el arranque de su legislatura, esto es, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Porque antes de dar a luz esas cuentas, está obligado a someter a votación del Senado el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, y ahí le está esperando la mayoría absoluta del PP, según recuerdan a El Independiente fuentes populares.

Lo cierto es que el Gobierno puede modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para eliminar la capacidad de veto del Senado, que entró en vigor en el año 2013, en plena crisis financiera, cuando Europa -a diferencia de la vía que escogió con el estallido de la pandemia del coronavirus- optó por las políticas de austeridad. De hecho, el PSOE lo intentó en 2018 colando la reforma en una ley de violencia de género y e 2020 el ministerio de María Jesús Montero hizo un amago para eliminar ese mecanismo de veto, pero quedó en conato debido al coronavirus y los estados de alarma sucesivos. Por tanto, "la Ley de estabilidad está plenamente vigente", recuerdan las mismas fuentes consultadas.

María Jesús Montero ya quiso eliminar el veto el Senado en 2020

En su momento, la magnitud de la pandemia puso en suspenso en toda Europa las exigencias de estabilidad presupuestaria, exonerando al Gobierno de coalición de someter a consideración del Senado sus límites de gasto. Pero Europa vuelve el año que viene a la disciplina fiscal. Significa que, si la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, no aprueba el techo de gasto que le remita el nuevo Gobierno, tumba los Presupuestos. El veto es real, no un mero trámite que se sustancie repitiendo la votación en el Congreso.

En todo caso, un proceso de reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, -habida cuenta que el proyecto iniciado por Hacienda en 2020 ha decaído con la convocatoria electoral del 23-J- necesita de unos plazos que retrasarían bastante la tramitación de los Presupuestos para el año que viene a pesar de la intención de la ministra de tener las Cuentas en enero.

Los PGE de 2024 apuntan a un gasto expansivo obligado para atender todos los compromisos firmados por Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, así como con la que seguirá siendo vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. No le faltan votos a Sánchez en el Congreso para eliminar aquellos aspectos de cualquier ley que le estorben, pero necesita tener unos PGE cuanto antes.

Los PGE de 2024 apuntan a un gasto expansivo para atender los compromisos firmados por Sánchez

Si se confirma en las próximas horas la continuidad de María Jesús Montero en Hacienda, y todo apunta a que así será, posiblemente la reforma de la ley sea una de las primeras tareas que aborde. Tiene ante sí un calendario parlamentario complejo puesto que parte de diciembre y enero son inhábiles en ambas Cámaras, y si bien Francina Armengol podría habilitar ese periodo, no es de esperar que lo haga el presidente el Senado, el popular Pedro Rollán.

Génova ya ha demostrado que usará todos los instrumentos a su alcance para hacer oposición al nuevo Ejecutivo de coalición. De hecho, ya han modificado el Reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la ley de Amnistía pactada por Sánchez con ERC y con Junts.

El artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria señala que el Consejo de Ministros debe remitir a Cortes Generales "los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública". En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso y el Senado "se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno". Y si alguna de las dos Cámaras rechaza dichos objetivos, "el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento" y así sucesivamente.

El veto de 2018 que desembocó el elecciones

De nuevo el Senado aparece como una de las puntas de lanza desde donde dificultar la labor del nuevo gobierno que nombre Pedro Sánchez en breve una vez investido presidente del Gobierno. El posible veto de la Cámara Alta al que es, sin duda, el proyecto de ley anual más importante para un Ejecutivo, tiene un antecedente en diciembre de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Entonces, los populares, que también controlaban numéricamente el Palacio de la Marina Española, tiraron abajo la senda de déficit de María Jesús Montero (que pretendía elevarla del 1,3 al 1,8) y para ello contaron con los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro Asturias. En total, 150 noes frente a los 97 síes de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Grupo Vasco, PDeCAT y Compromís, entre acusaciones de "irresponsabilidad" de la ministra de Hacienda. De hecho, fue el detonante de la convocatoria electoral de abril de 2019.

La Ley de Estabilidad lleva el sello del ex ministro Cristóbal Montoro, quien puede acreditar en su currículum uno de los Presupuestos más longevos de la democracia, ya que sus últimas cuentas del Estado estuvieron vigentes en 2018, 2019 y 2020. Los primeros PGE de Sánchez y de Pablo Iglesias no llegaron hasta de 2021. Esta es la herencia envenenada que les deja el ministro.