España

No hay urgencia: la fecha tope es el 6 de marzo

El Gobierno busca “nuevas vías” para seducir a Junts y salvar la amnistía

Los socialistas exploran otras alternativas, que no precisan, para que los posconvergentes aprueben la medida de gracia | La solución del recorte de los tiempos de instrucción, a través de un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encalla por su complejidad y por la frialdad de los socios, especialmente de Sumar | Los de Puigdemont continúan guardando silencio

Redactor de Política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de febrero de 2024, en Madrid (España). El presidente del Gobierno y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, responden hoy en la primera sesión de control del Congreso en 2024 a preguntas de la oposición sobre las últimas protestas del sector agrícolas y los ataques que transportistas españoles han sufrido en la frontera de Francia por parte de agricultores galos. 07 FEBRERO 2024;CONGRESO;AGRICULTORES;DEBATE;PRIMERA SESIÓN DE CONTROL;GOBIERNO Eduardo Parra / Europa Press 07/2/2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la primera del año, este 7 de febrero de 2024. EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

La aprobación de la ley de amnistía dista de quedar despejada. El Gobierno barajó, y así lo reconoció el lunes el propio presidente del Gobierno, un retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción judicial, pero ahora esa salida, que se dibujaba como una pista de aterrizaje para que Junts regresara al acuerdo, pierde fuerza. En la Moncloa reconocen que es una alternativa “compleja”, “alambicada” dicen incluso miembros del Consejo de Ministros, y además Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, cree que no va “en la dirección correcta”. Por eso se buscan “nuevas vías” para seducir a los posconvergentes. Otros caminos que permitan a Junts vender a su parroquia que ha arañado un avance y a cambio la medida de gracia salga adelante sin modificaciones respecto a su redacción actual.

Fuentes tanto del Ejecutivo como de Ferraz admiten que se exploran más salidas, pero que es pronto para saber cómo concluirá la negociación. La urgencia no es extrema. Para empezar, es seguro que no se cerrará ningún acuerdo —en caso de que se llegue a un entendimiento— antes de las elecciones gallegas del 18 de febrero. El plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso emita un nuevo dictamen de la ley de amnistía acaba el miércoles 21, pero en la Moncloa y en el Grupo Socialista se asume que habrá que aprovechar la prórroga, los otros 15 días que permite el reglamento. Es decir, que la fecha tope es el miércoles 6 de marzo. En definitiva, aún hay un mes por delante.

Le daremos vueltas a todo para ver una solución", explican en Ferraz. Ni en el partido ni en la Moncloa explicitan las vías pero sí remarcan que no se descarta ninguna opción, tampoco la de la LECrim, aunque ha perdido fuerza

"Le daremos vueltas a todo para ver una solución", explican en el cuartel general socialista. No obstante, ni en la cúpula del partido ni en la Moncloa precisan cuáles son esas "nuevas vías" para intentar acercarse a los de Carles Puigdemont. Sí remarcan que no se descarta por completo ninguna salida, "tampoco la de la reforma de la LECrim", aunque se haya desinflado progresivamente.

Aunque esa alternativa, la del recorte de los tiempos de las investigaciones judiciales, no haya sido cancelada por completo, el Gobierno se ha visto obligado a girar en las últimas horas. El lunes, el propio presidente, Pedro Sánchez, fue quien admitió que manejaba esa opción: "Hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión", aseguró en Al rojo vivo (La Sexta). "Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", añadió, en referencia a Junts. Al día siguiente, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se limitó a señalar que esa salida estaba "sobre la mesa", y se remitió a la negociación de los grupos.

"Un error, un disparate"

Pero fuentes del Ejecutivo añadían tras la comparecencia que la reforma de la LECrim es compleja, que exige buscar un "equilibrio", para respetar las garantías procesales, que no se corte las alas a investigaciones procelosas, como las de los casos de corrupción o de delitos económicos, y que al tiempo se asegure que algunas instrucciones no se alarguen indebidamente. En el círculo de Sánchez, no obstante, afirmaban desconocer si esa salida podía satisfacer a los posconvergentes. Si podía bastar para desatascar las negociaciones.

La vicepresidenta segunda subraya que la propuesta de Sánchez "no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener"

En paralelo, algunos de los socios de investidura empezaban a mostrarse templados, o incluso fríos, con la reforma propuesta. ERC se abría a "valorar cualquier mejora", pero insistía en que "la urgencia es la ley de amnistía". "No compartimos que se tenga que combinar [la revisión de la LECrim] con otras cosas. Tenemos la ley, está bien hecha, la hemos pactado, ha costado muchísimo pero lo hemos conseguido. Por lo tanto, que se apruebe", decía la secretaria general adjunta de los republicanos y portavoz parlamentaria, Marta Vilalta, en una entrevista en infoLibre. "Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes", resumía también la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà.

Sumar, que aplaudió la iniciativa de Sánchez el lunes a través de su portavoz, el ministro Ernest Urtasun, se acabó descolgando este miércoles. Lo hizo la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del partido. En los pasillos de la Cámara baja, confesó que no había podido conversar con el presidente, que conocía la oferta hecha a Junts por los medios, que quería mostrar por eso "prudencia", pero dejó claro que no le gusta ni la respalda: "Esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener". "Los justiciables tienen que tener derecho a un proceso con garantías, con toda la solvencia —agregó—. Pero también hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, que requieren de cierta prudencia. Por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta". "Es un error, es un disparate", puntualizaban después, con claridad, fuentes muy próximas a Díaz.

En el seno del Ejecutivo no convencía al cien por cien la vía de la LECrim: "Es una solución muy alambicada", observa un ministro

La negativa del socio minoritario de Gobierno, y también de ERC —cuyos siete votos son tan imprescindibles como los de Junts—, eran un indicativo para los socialistas. Un mensaje de que esa reforma no encajaba bien. No solo porque no está claro cómo puede operar en la aplicación de la amnistía, sino porque fue precisamente la izquierda la que desde 2015 combatió muy duramente al PP por imponer un recorte de las instrucciones, dado que favorecía la "impunidad" de la corrupción. Una batalla que fue persistente, hasta el punto de que en 2020 se revirtió el cambio legal, a iniciativa de Podemos. Se introdujo el sistema actual: un plazo inicial de investigación de un año, y luego prórrogas indefinidas por periodos de seis meses. Por esa misma razón los morados mostraron su oposición a la propuesta de Sánchez, y sus cuatro votos son igual de necesarios para el Ejecutivo. Junts, el partido interpelado, mantiene un absoluto silencio. No ha valorado públicamente la oferta del presidente. Ni una sola palabra.

En el seno del propio Gobierno y en el partido no convencía al cien por cien la vía de la LECrim. Precisamente por lo que suponía de autoenmienda del discurso del partido y por la complejidad técnica. "Una solución muy alambicada", glosaba un ministro de peso.

"Paso a paso"

"Alguna solución encontraremos. Siempre sin tocar la ley de amnistía y sin rebasar el perímetro marcado", insisten desde Ferraz. Y es que los socialistas remarcan que no accederán a las pretensiones de los posconvergentes. Esto es, que la medida de gracia cubra todos los delitos de terrorismo y también los de alta traición, para escapar así de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y del juez de Barcelona Joaquín Aguirre. El Gobierno se niega a ceder porque se arriesgaría a que la ley fuera tumbada por el Tribunal Constitucional o por la Justicia europea. Un tropiezo de altísimo coste, inasumible para Sánchez.

En el Gobierno confían en que surta la presión sobre Junts, para que no se les culpe de dejar caer la amnistía, dado que los socios se alinean con los socialistas

El Ejecutivo, pues, solo está dispuesto a transigir con correcciones meramente técnicas en la ley de amnistía, no de calado. Y también está abierto a soluciones creativas, como esta reforma de la LECrim que parece quedar ya muy tocada. Pero, si no se halla ninguna salida satisfactoria, al Gobierno le tocaría tirar de presión. Es decir, que Junts digiera que no puede haber más cambios y que su decisión final será si dar su aprobación a una medida de gracia que considera incompleta o bien hacer decaer la norma y que nadie, ningún independentista encausado por el procés, se salve. Los socialistas creen que los de Puigdemont no podrán soportar la presión, que no pueden aparecer como los culpables de que la amnistía se estrelle. Y no solo eso: si esta ley, sobre la que se sustenta la legislatura, naufraga, el Gobierno tendrá difícil pervivencia. Porque la siguiente piedra angular, la de los Presupuestos del Estado, se tambalearía. No es esa la previsión de la Moncloa.

La incertidumbre sigue siendo máxima. Y en Ferraz y en la Moncloa aseguran no conocer cuál será la última pantalla de una ley, la de amnistía, que se ha torcido más de lo previsto. "Paso a paso", calman en la cúpula del partido. Necesitan tiempo para enfriar los ánimos y poder convencer a Junts de que no hay otra salida que apoyar la actual redacción de la norma. La duda es, sigue siendo, si logrará su objetivo. Vía revisión de la LECrim o con alguna otra fórmula.

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3 Comentarios

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Comentarios cerrados para este artículo.

  1. Esta situación no es más que un teatrillo porque llegan las elecciones gallegas.

    El PSOE se abrirá a modificar la ley añadiendo todo lo que pide Junts, pero será tras los comicios gallegos que ya son un calvario para el partido de Sánchez.

    Si luego, una vez aprobada y aplicada la ley con cambios propuestos por Junts y con todos los amnistiados en la calle, es tumbada por cualquier institución, no habría problema alguno para ellos, ya que se redactaría una nueva ley más lesiva para los beneficiados que la actual, pero no sería de aplicación para ellos al tratarse de una ley posterior más perjudicial para el reo que la vigente, lo que es contrario al derecho español gracias al principio «In Dubio Pro Reo», esto ya está analizado por ellos.

    Apuesto a que tras las elecciones gallegas todo se reconduce y el acuerdo entre los dos partidos que negocian llega milagrosamente rápido y la ley se aprueba sin problema, privando a los jueces a tribunales de su encomienda constitucional de aplicar justicia igual para todos.

    Está todo pactado.

  2. Este tipo carece de escrúpulos, eso lo sabemos con seguridad. Pero ademas es inconsistente, cada vez que se vuelve cambia de opinión, o sea que no tiene ninguna. Y además es tan retorcido que prefiere pactar con los despojos antes de llegar a un acuerdo con quienes representan a más de 11 millones de ciudadanos. He oído que un tal Cuenca opina que cualquier cosa que haga este gobierno, por errónea que sea es mejor que lo que pueda hacer un gobierno de derechas. Pensamiento político de.altura (del betún)

  3. Ya solo les queda probar con la danza del vientre.