España

La posición de la junta de fiscales pone "más difícil" la negociación

El Gobierno teme que la oferta de recortar los plazos de instrucción no sea suficiente para convencer a Junts

En el Ejecutivo no saben aún si su planteamiento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal satisfará a los de Puigdemont, aunque esa es la vía que se está trabajando ahora mismo | Creen que en los posconvergentes puede operar el "coste" por haber frenado la ley la semana pasada | Persisten las "dudas" de si habrá finalmente medida de gracia

Redactor de Política
(I-D) La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra Portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de febrero de 2024, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 en un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros. Esta subida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. 06 FEBRERO 2024;MADRID;CONSEJO DE MINISTROS;SMI;SALAMARIO MINIMO INTERPROFESIONAL;GOBIERNO Alberto Ortega / Europa Press 06/2/2024

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría (c), llega a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros acompañada de las vicepresidentas primera y segunda, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, este 6 de febrero de 2024 en la Moncloa. EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

Cada semana, el Gobierno, el PSOE pasa por una túrmix de emociones. Del optimismo a la duda, de ahí tal vez a una expectativa más sombría. El Ejecutivo sabe que está caminando sobre el alambre en esta tortuosa tramitación de la ley de amnistía de la cual aún no atisba el final. El presidente mostraba el lunes su confianza plena en que la norma saldrá adelante —"La ley va a salir, por supuesto que la voy a sacar"—, pero apenas 24 horas más tarde en su núcleo duro regresaba la sensación de incertidumbre. La percepción de que nada está claro, de que el panorama no está despejado pese a la última oferta lanzada a Junts: una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que limite los plazos de instrucción judicial para, a cambio, no tocar nada la amnistía. En la Moncloa entienden que los posconvergentes podrían virar y acabar votando a favor de la norma, por el "coste" interno que para ellos está teniendo el haberla frenado la semana pasada, pero insisten en que no hay certezas y en que aún faltan muchos días de negociación, sin descartar incluso que se llegue hasta el último minuto, hasta la agonía de la prórroga, ya incluso en un mes, a primeros de marzo. Todo está abierto.

El Ejecutivo no ha perfilado todavía de manera pública cómo pretende retocar la LECrim para satisfacer a los de Carles Puigdemont, que siguen reclamando una medida de gracia "integral" y que se aplique de forma directa y no "en diferido". Los posconvergentes desconfían porque creen que los jueces buscarán la manera para dilatar las investigaciones e impedir así que los suyos reciban el perdón definitivo. El foco está en el expresident. Él es la pieza clave sobre la que gira todo. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que llevaba instruyendo desde el otoño de 2019 la causa Tsunami Democràtic por terrorismo, decidió el pasado noviembre, cuando se negociaba la investidura de Pedro Sánchez, implicar a Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, y para ellos pide la imputación. García-Castellón pidió seis meses más de prórroga, de acuerdo con lo previsto en el artículo 324 de la LECrim. Junts sospecha que el juez quiere dilatar de manera indefinida la instrucción —la ley, reformada en 2020 con el impulso del Gobierno de coalición, lo permite— para que Puigdemont no acceda a la amnistía.

La idea del Gobierno es hallar un “equilibrio”, que no haya una limitación muy estrecha en los tiempos pero que tampoco haya un plazo indefinido

El mensaje político que lanzó Sánchez el lunes en La Sexta es diáfano: dado que hay "instrucciones que se prolongan", se puede modificar la ley para así "subsanar algunas de las dudas" que pueda tener Junts. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, señalaba este martes que esta cuestión, la reforma de la LECrim, está "sobre la mesa", pero rehusó concretar sobre cómo sería ese nuevo texto.

Fuentes del Ejecutivo relatan que la negociación con los posconvergentes se centra en este momento en este punto, es "en lo que se está trabajando". "Pero no sabemos si esa es la fórmula que permitirá desbloquear la amnistía", añaden. La idea del Gobierno es encontrar un "equilibrio". Es decir, que no haya una limitación muy estrecha de tiempos, como ocurría con la reforma impulsada por el PP en 2015 —la investigación judicial podía durar seis meses, si era sencilla, o hasta 18, si era compleja, con la posibilidad de prórroga por un plazo igual o inferior—, pero tampoco un tiempo indefinido, como opera desde 2020. Y es que los socialistas revirtieron hace cuatro años la regulación del PP porque la veían como un coladero para la "impunidad" y aprobaron el sistema actual: un año inicial para una instrucción, que puede extenderse por periodos de seis meses.

Es decir, que se trataría de hallar una formulación que no yugulase las pesquisas —hay casos complejos en los que las diligencias consumen mucho tiempo, caso de las comisiones rogatorias dirigidas a otros países—, pero que a la vez impida prolongaciones artificiosas de las investigaciones. "No hay que perder de vista que explorar e instruir es una cosa y que la justicia es para los ciudadanos. No puede ser que haya procesos que te lleven 15 años, porque eso te machaca", reflexionan en el equipo de confianza del presidente. Con toda cautela. Por la complejidad de articular una reforma así que afectaría a todos los procesos penales, no solo los ligados a la amnistía, y porque en el Ejecutivo no hay garantías de que este cambio satisfaga a Puigdemont: "No sabemos si contentará a Junts".

"Se puede rectificar y buscar un entendimiento para cambiar"

Los demás socios de investidura también manifiestan dudas y alertan de que hay que medir bien. Teresa Jordà, portavoz adjunta de ERC, apuntaba este martes que aunque su grupo pueda estar de acuerdo con una revisión de la LECrim, lo urgente es aprobar la amnistía por "las familias que están sufriendo" y para poder empezar "la segunda fase de negociación del conflicto político". "Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes", advirtió la diputada, informa EFE. También Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, reconoció la contradicción respecto a la posición que el Gobierno defendió la pasada legislatura, por eso aseguró que hay que llegar a un "buen equilibrio": una fórmula que permita a los jueces investigar pero que evite demoras indebidas. "Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando con el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar", justificó por su parte el portavoz socialista, Patxi López, para explicar el giro total de su partido respecto a lo que esgrimió en 2015 frente al PP y lo que aprobó hace cuatro años.

En Junts, dicen en el Ejecutivo, “están midiendo mucho” porque “han tenido un coste gordo” por su negativa a aprobar la amnistía. En Ferraz coinciden con que los posconvergentes “no se han pronunciado”

Ione Belarra, sin embargo, defendió la reforma de 2020: fue de su partido, de Podemos, de quien nació la iniciativa. "La ley está bien. El problema no son los plazos de instrucción, el problema son los jueces que creyéndose por encima de la democracia española hacen mal uso de los pasos de instrucción", recalcó este martes antes de cargar contra García-Castellón y un "sector reaccionario" de la judicatura.

Junts, mientras, guarda silencio. En los últimos dos días, no ha adelantado su opinión. "Están midiendo mucho", interpretan desde el equipo de confianza de Sánchez, "porque ellos han tenido un coste gordo" por su negativa a aprobar la ley de amnistía, la semana pasada. La lectura del Ejecutivo es que los posconvergentes se tientan la ropa porque parte de sus tropas no vieron con buenos ojos que echaran el freno a la tramitación y que hagan peligrar una norma que puede beneficiar a cientos de personas, aunque no haya una garantía total sobre el acceso a la medida de gracia por parte de Puigdemont. Desde Ferraz, remarcan igualmente que "no" tienen información de los posconvergentes, porque "no se han pronunciado".

En la Moncloa reconocen que la negociación se pone "más difícil", más cuesta arriba, ahora que la junta de fiscales de lo penal del Supremo acordó por aplastante mayoría que se investigue a Puigdemont por terrorismo, en línea con lo pedido por García-Castellón. La decisión no pilló por sorpresa al Gobierno, y por eso la respuesta que dio Alegría —la noticia se conoció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros— estaba preparada: el Ejecutivo mostró su "respeto" al criterio de la junta de fiscales, pero recordó que esa no es la "decisión final". Fuentes gubernamentales insistían poco después en que el ministerio público funciona de manera jerárquica y ahora la decisión recae, por tanto, en la número dos del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo. Y es probable que esta, en su informe final, no se alinee con la mayoría de la junta y no vea indicios de terrorismo imputables al expresident.

En la Moncloa confían en que la decisión final de la Fiscalía corrija el criterio mayoritario de la junta de este martes

Desde el Gobierno explican que, "más allá de lo que se vaya a hacer", de la letra pequeña, de si esta vía de la revisión de la LECrim es la final, lo que Sánchez quiso "trasladar con claridad" a Junts el lunes es que los socialistas no tocarán nada de la ley de amnistía, por el riesgo que existe de que, si se amplía la cobertura de la medida de gracia, como quieren los independentistas, pueda ser tumbada por el Tribunal Constitucional o por la Justicia europea. El presidente también descartó modificar la redacción del delito de terrorismo.

Un "instrumento útil"

En el corazón del Ejecutivo reconocen que tienen ahora "dudas" de que, con estos mimbres, la ley de amnistía salga finalmente adelante. "Lo que nos dice Junts en privado es lo mismo que expresa en público", advierten. Es decir, que no les satisface el dictamen actual porque creen que no es de aplicación inmediata y porque no da cobijo a todos los delitos de terrorismo —la proposición de ley no perdona los que constituyen graves violaciones de derechos humanos, un extremo que sí aprecia García-Castellón en la causa Tsunami— y de alta traición —un punto que queda también fuera de la medida de gracia y que investiga el juez Joaquín Aguirre de Barcelona—. Pero es cierto que, tras las palabras de Sánchez del pasado jueves en Bruselas, Junts ha puesto el pie en el freno. El presidente se mostró convencido de que "todos los independentistas serían amnistiados" porque "no son terroristas". Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes, aplaudió esas declaraciones, aunque no cedió en su planteamiento: "Ahora que estamos de acuerdo tenemos que blindarlo en la ley".

El Ejecutivo no descarta que se tenga que aprovechar la prórroga. En todo caso, no se tocará la ley de amnistía

"Nos daría pena que la amnistía no saliera aprobada, porque el presidente está convencido de que es un instrumento útil, pero lo que está claro es que nosotros no vamos a tocar la ley", observan fuentes de primer nivel del Ejecutivo.

La Mesa del Congreso remitió este martes a la Comisión de Justicia el dictamen de vuelta de la ley de amnistía. La siguiente meta volante es la del miércoles 21 de febrero, tres días después de las elecciones gallegas. Para entonces, tendría que estar listo un nuevo texto acordado. Pero cabe la posibilidad de una prórroga de 15 días más. ¿Cabe esa opción? "Hablaremos con ellos [con Junts], pero todo eso es previsible", admiten fuentes de la Moncloa. Es decir, que puede que la tramitación de una norma que se está haciendo pesada e indigesta para los socialistas se prolongue otro mes entero. A coste de un enorme desgaste, como puntualiza otro ministro de Sánchez.

La incertidumbre que pesa sobre la amnistía hace que la siguiente gran medida del Ejecutivo, los Presupuestos Generales del Estado de 2024, estén en el aire. Por ahora, el Gobierno no tira la toalla: ha mantenido contactos con los posconvergentes y con el resto de socios y no le han trasladado que se pare la tramitación de las cuentas del Estado. "No nos han dicho que no vayamos a tener PGE". Hacienda preveía llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros en marzo. Ahora los tiempos no están claros. El Ejecutivo tiene que despejar primero el balón de la amnistía.

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