La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo sí cree que hay que investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, como lo pide el juez Manuel García-Castellón. Los fiscales del Supremo rechazaban así este martes el borrador que había elaborado su compañero Álvaro Redondo, que abogaba por lo contrario. Pero el Gobierno, que es quien sigue negociando con Junts la ley de amnistía, avisa de que ese criterio de la junta no es el último, que esa no es la "decisión definitiva" y que por tanto podría cambiar.

El Ejecutivo es plenamente consciente de que cada paso que da la Justicia conmociona a los posconvergentes, y que a la vez tiene que mantener su posición de "respeto" a las decisiones del ministerio público y de los tribunales. Por eso mide cada una de sus palabras pero envuelve con ellas un claro mensaje político. Y este martes era nítido: la Moncloa cree que no está todo dicho por la Fiscalía, y que el paso de hoy por tanto podría ser reversible. Quien tiene la potestad de fijar la postura definitiva es la teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde.

Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal", asegura Alegría

Fuentes gubernamentales reconocían que no había causado "sorpresa" el posicionamiento mayoritario de la junta de fiscales de lo penal en contra del borrador de Redondo. Y se comprobó cuando, justo después de que saltara la noticia, los periodistas preguntaron a la portavoz del Gabinete, Pilar Alegría. Ella se atuvo al guion que llevaba preparado y escrito.

La ministra mostró primero el "respeto" del Gobierno a la junta de fiscales. Pero añadió que, "de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa". "Claramente [mostramos] nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país", remachó Alegría.

Lo que estaba diciendo por tanto la portavoz es que aún queda el paso definitivo, y es que la teniente fiscal del Supremo —y número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz— fije la posición única, porque es ella quien tiene la competencia. Ella asumirá la ponencia como superior jerárquica "ante la discrepancia de los dos fiscales jefes de la junta y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo penal", tal y como indicaba el comunicado del ministerio público. Puede que Sánchez Conde, por tanto, se alinee con el sentir mayoritario de la junta de fiscales o bien se incline por el criterio expuesto por Álvaro Redondo, que no ve indicios de terrorismo en la causa Tsunami Democràtic que imputar al expresident de la Generalitat. Es decir, que la junta es un órgano "consultivo", y la Fiscalía es un cuerpo de carácter "jerárquico", por lo que García Ortiz está facultado para tomar la última decisión.

Una "Justicia más eficiente"

El pronunciamiento este martes de la junta de fiscales coincide con la última oferta del Gobierno a Junts para que acepte no tocar la ley de amnistía. La portavoz recordó que está "sobre la mesa" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para recortar los plazos de instrucción judicial, para prevenir por tanto que las investigaciones "se alarguen". Una posición que, para Alegría, va en línea con el propósito del Ejecutivo de ir "a una Justicia más eficiente".

La portavoz ratifica que está "sobre la mesa" una reforma de la LECrim para acortar los plazos de investigación judicial

Ahora bien, el diálogo y la negociación, sostuvo, "no recae sobre el Gobierno", sino que "corresponde a los grupos parlamentarios". Son ellos, por tanto, los que deben avanzar para desbloquear la ley. La ministra quería ser escrupulosa, pero es en realidad el Ejecutivo, y singularmente el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el que está conduciendo las conversaciones técnicas.

La Comisión de Justicia del Congreso tendrá hasta el miércoles 21 de febrero para emitir un nuevo dictamen, aunque ese plazo podría prorrogarse 15 días más. Ese es el tiempo que hay, por tanto, para negociar una salida con Junts que permita salvar la medida de gracia. La voluntad del Ejecutivo, repitió Alegría, es que la ley que salga definitivamente de las Cortes sea igual de "valiente, reparadora y constitucional" como lo es ahora. Y, añadió, acorde con el Derecho europeo.