Todo son dudas en torno a la ley de Amnistía. Por parte del Gobierno, si Junts finalmente dará el nihil obstat tras devolverla a la comisión de Justicia del Congreso, y por parte del PP si, en caso de que sea aprobada, la Comisión Europea moverá pieza para analizar si atenta contra la igualdad de los ciudadanos y la separación de poderes. Las reticencias se extienden sobre todo entre los que mejor conocen los sutiles mecanismos de las instituciones europeas, pero no porque crean que la amnistía pasa un mínimo examen de constitucionalidad, sino porque Europa entra en periodo prelectoral y eso lo distorsiona todo, lamentan fuentes del primer partido de la oposición.

En el caso hipotético de que la ley vea la luz tras superar el trámite parlamentario del Congreso y, posteriormente, el del Senado, el calendario se va avanzado el mes de mayo y los comicios a la Eurocámara tienen lugar en el conjunto de Europa entre los días 6 y 9 de junio (en España el 9). Para mayo todos los partidos y Grupos de la Eurocámara se habrán puesto en clave electoral, centrados en esa consulta.

Además, habrá que elegir a una nueva Comisión Europea y se da por hecho que la alemana conservadora Úrsula Von der Leyen opte a la reelección. Para ello no sólo necesita que los populares europeos la postulen -algo que debatirá el PPE en un congreso a celebrar en Bucarest (Rumanía) los días 6 y 7 de marzo- sino que también necesitará el favor de los diputados de la familia socialista europea, dentro de ese juego de equilibrios tan habitual en la UE.

La ley puede retrasarse hasta avanzado el mes de mayo, en plena precampaña europea

Por tanto, en el PP no se cuestionan tanto la estrategia en torno a un asunto que se le ha enredado hasta extremos inverosímiles a Pedro Sánchez, sino la eficacia de la misma en un escenario preelectoral. La comisión de Justicia tiene hasta el día 21 para elevar un nuevo dictamen sobre la ley, pero en el Congreso se cruzan apuestas respecto a que Junts forzará una prórroga de otros quince días fiel a su agónica táctica de llevar todo al límite. Significa ir al 7 de marzo para luego volver a someter la ley a votación en un pleno del Congreso y mandarla al Senado. Allí, una reforma del Reglamento auspiciada por la mayoría absoluta del PP permite alargar la tramitación dos meses más.

En definitiva, el interés de Europa va a estar puesto en esos meses en otros asuntos que no en la ley de impunidad de Carles Puigdemont, incluso aunque el prófugo de la justicia vuelva a presentarse a las elecciones europeas y se pasee por España sin posibilidad de ser detenido.

A estas alturas y con este escenario las esperanzas se vuelcan más en las cuestiones prejudiciales que los jueces presenten ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ajeno a las vicisitudes electorales. No obstante, los populares apuntan a que la juez que representa a España en este órgano, María Lourdes Arastey Sahún, "es próxima a Pedro Sánchez", quien a fin de cuentas la eligió para este cometido en 2021.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no cejará en su empeño de denunciar ante los populares europeos y la Comisión una ley que ha llevado al choque institucional en España, con una Junta de Fiscales que, de forma inapelable, dice ver indicios de terrorismo tras las actuaciones violentas de 2019 y vínculos con el ex presidente de la Generalitat. De momento, los populares han conseguido que una delegación de la Comisión de Venecia visite España, también que el procés haya sido motivo de debate en la Eurocámara y, ayer mismo se instara a España a investigar las relaciones de Puigdemont con Vladimir Putin.

Los informes de la Comisión de Venecia son consultivos y, "a lo sumo, dejarán mal al Gobierno, le pueden dar un varapalo", pero su recorrido, asumen, puede ser muy corto a pesar del enorme prestigio de sus trabajos. "La Comisión Europea -prosiguen los mismos medios consultados- la tendrá en cuenta para tomar la decisión que haya que tomar, salvo que no tome ninguna", no al menos cuando se apruebe la ley en el Congreso "porque lo más probable es que espere a lo que diga el Constitucional". Y a estas alturas, "ya sabemos lo que va a decir", dando por hecho que el tribunal de garantías presidido por Cándido Conde Pumpido avalará la constitucionalidad de la ley.

El TJUE parece la apuesta más segura para los detractores de la ley

El TJUE, parece así la apuesta más segura por los detractores de la ley, incluida buena parte de las organizaciones de jueces, aunque tampoco cabe hacerse muchas ilusiones sobre el efecto inmediato de la presentación de una cuestión prejudicial pues es un recurso "que puede llevar más de dos años", tiempo en el cual queda suspendida la aplicación de la ley pero no impide que Puigdemont se pasee por Europa, incluida la comunidad de la que fue presidente autonómico. Los jueces "se están moviendo mucho porque saben que una vez aprobada la ley, es difícil de parar".

Hay en todo caso antecedentes que al equipo de Feijóo en Génova les hace albergar cierta esperanza sobre la capacidad de maniobra de Europa para parar la amnistía del prófugo de la Justicia. Aluden a las sanciones a Hungría o cómo tiraron abajo un plan en Rumanía para amnistiar a un grupo de políticos condenados por corrupción. La ley de amnistía, dicen, "tiene todos los ingredientes que molestan en Europa", esto es, "políticos indultando a políticos; delitos de malversación de fondos y, muy probablemente, de terrorismo", una especie de carrera de obstáculos "que no puede pasar los filtros comunitarios". Pero las elecciones europeas no dejan de ser otra valla en esa carrera.