Apenas han transcurrido poco más de cien días desde la segunda investidura de Pedro Sánchez. Poco más de tres meses, aunque la sensación que cunda sea la de que ha pasado mucho más tiempo por la concatenación de sobresaltos que han cruzado la vida del Gobierno. Una impresión que se veía acentuada en jornadas como la de ayer jueves. Al shock que se ha quedado agarrado a la piel del PSOE por la ruptura de José Luis Ábalos y su pase al Grupo Mixto se sumaba el impacto por el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que califica al exministro de "intermediario" de la presunta trama corrupta. Al Ejecutivo se le agregaba a media mañana otro frente: la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por unanimidad, de investigar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo, justo a una semana de que se acabe el plazo —teóricamente— para emitir un nuevo dictamen de la ley de amnistía. En la Moncloa difícilmente se podía ocultar ese aire brumoso, espeso, de cierta inquietud por un arranque de legislatura casi en punto muerto, porque las iniciativas del Gobierno se ven sepultadas por acontecimientos fuera de su control, como el caso Koldo o las resoluciones de los tribunales.

La ley de amnistía ya se estaba haciendo bola a los socialistas. Y es la llave que abre la legislatura, la que permitirá a Sánchez soñar con los próximos Presupuestos. Junts votó en contra del carácter orgánico del dictamen de la ley el pasado 30 de enero en el Congreso y el texto regresó a la Comisión de Justicia. Desde entonces se han sucedido las negociaciones con el PSOE, de modo sumamente discreto. Pero sin acuerdo por el momento. Con la prórroga autorizada por la Mesa de la Cámara baja, el plazo para cerrar una nueva redacción finaliza el próximo jueves, 7 de marzo. Aunque ahora hay dudas, porque en el Congreso hay debate sobre si cabrían prórrogas indefinidas una vez otorgada la primera. El PSOE tendría que registrar este próximo sábado, como tarde, su petición de una nueva ampliación para que la Mesa la vise en su reunión del martes. Pero, por el momento, no hay decisión.

El TS considera que hay indicios suficientes que apuntan al "liderazgo absoluto" y "autoría intelectual" de Puigdemont en Tsunami

Y es que la confusión ha aumentado en las últimas horas. El Supremo acordó investigar a Puigdemont al considerar que hay indicios suficientes que apuntan a su "liderazgo absoluto" y "autoría intelectual" en los hechos atribuibles a Tsunami Democràtic. La Sala de lo Penal, por unanimidad y en contra del criterio de la Fiscalía, no tiene dudas de que los disturbios y protestas que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés, encajan en el tipo penal de terrorismo. Así, los magistrados abren causa penal contra el expresident y contra otro aforado, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, que serán "llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados". El TS atiende la petición del juez de la Audiencia Manuel García-Castellón, que fue el que les elevó la causa.

La decisión se conoció después de que concluyera la sesión plenaria del Congreso, y el Ejecutivo se aferró al silencio. A la consabida "discreción". Horas antes, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló a los medios que confía en que la ley pueda desbloquearse antes incluso del 7 de marzo. Una vez que resolvió el TS, Puigdemont ironizó desde su cuenta de X: "El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación". Pero, significativamente, no lanzó advertencias sobre la ley y sobre la exigencia de que la amnistía sea "integral" e "inmediata". No escaló la tensión. La víspera, el expresident había alimentado la expectativa de pacto: "Nos concentramos en eso [en la ley de amnistía] y esperamos que al final haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más".

Ya veremos, no sabemos qué pasará": los interlocutores socialistas no tienen claro qué hará finalmente Junts

Fuentes muy próximas a Sánchez mostraban dudas acerca del devenir de las negociaciones en los próximos días. "Ya veremos, no sabemos qué pasará". Los interlocutores socialistas no tienen claro qué hará finalmente Junts, porque la posición, aseguran, no se ha movido: la amnistía no dará cobertura a todos los tipos de terrorismo y a la alta traición, porque entonces la ley podría no pasar el filtro del Tribunal Constitucional y de la Justicia europea. El PSOE está dispuesto a retoques menores, técnicos, a explorar otras salidas para satisfacer a los posconvergentes, pero sin cambiar lo que afecta a los delitos de terrorismo.

La decisión del TS "lo lía todo"

Las conversaciones han tropezado con una complicación extra: el pasado lunes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, sufrió una crisis cardiaca por la que fue ingresado en el hospital de Bellvitge de Barcelona. Tras someterse a dos intervenciones, fue dado de alta este jueves y se reincorporará "progresivamente durante los próximos días" a sus obligaciones. En Ferraz reconocen que no ha sido "fácil la interlocución con Turull fuera", porque la relación de confianza está tejida con el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Con Turull enfermo, las negociaciones se han conducido con Míriam Nogueras, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, de perfil mucho más duro. Los socialistas no descartan por completo ningún escenario, incluso la posibilidad de que pueda no llegarse a un acuerdo, aunque el propio presidente dio por hecho el pacto hace una semana.

En Ferraz admiten que no ha sido "fácil la interlocución con Junts con Turull fuera" por su crisis cardiaca. El diálogo se ha tendido con Míriam Nogueras

Desde el Grupo Socialista creen que la decisión del Supremo "lo lía todo" algo más y por eso consideran que hay que cerrar cuanto antes la redacción de la ley de amnistía, porque cuantos más días pasen más decisiones judiciales adversas pueden sobrevenir. "Facilitar no facilita, desde luego, no engrasa", abundan fuentes de la Moncloa.

Y, mientras, el caso Koldo sigue engordando. El cerco sobre Ábalos se va estrechando. El juez de la Audiencia Ismael Moreno cataloga al exministro como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por su exasesor Koldo García para "solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros" que tramitó el Govern de Baleares a la empresa de la trama Soluciones de Gestión. Es lo que afirma el magistrado en un auto del 7 de febrero conocido ayer jueves, en el que da cuenta de la cena que mantuvieron Ábalos y su excolaborador en un reservado de la marisquería La Chalana de Madrid el pasado 10 de enero, hace poco más de un mes. El exsecretario de Organización, en una entrevista en Todo es mentira (Cuatro), señaló que no había quedado con García ese día, sino que "coincidió" con él y que hablaron, pero "de nada importante". E indicó que "ni de coña" había mediado con el Ejecutivo balear del PP. "No intercedí ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Es fantasía que yo tenga esa capacidad para interlocutar con el PP".

Gobierno y PSOE prefirieron no poner el foco este jueves sobre Ábalos, sino sobre Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, y Alberto Núñez Feijóo, jefe del partido. En el auto del juez del 7 de febrero, se describe que el 2 de diciembre el empresario Juan Carlos Cueto, el supuesto corruptor de la red, consiguió contactar con García, y este le informó de que había quedado con "Miguel Tellado y Alberto al día siguiente". El motivo era la reclamación del Govern balear por esa compra en 2020 de mascarillas de inferior calidad por valor de 3,7 millones de euros (el fraude, según cuantificó la Administración de las islas, era de 2,6 millones de euros, ya que una parte del lote sí se utilizó). De esa llamada no se aporta el pinchazo telefónico que la acreditaría.

La vicepresidenta primera del Gobierno fue preguntada en la Cámara baja si el PSOE mantiene que no cabe hacer ningún reproche judicial a Ábalos. Montero respondió que ni el Ejecutivo ni su partido tienen la competencia y la autoridad para determinar cuándo una persona es responsable de algo. "Yo me atengo simple y llanamente a lo que hemos conocido de los sumarios. Si aparece alguna otra cuestión que yo desconozca en esa materia, valoraremos en consecuencia", añadió, para insistir en que no pesa ninguna acusación penal contra el exministro. La número dos, siguiendo la línea del día anterior, evitó entrar al choque con el exsecretario de Organización, expedientado por Ferraz y ya en el Mixto.

Montero prefiere no ahondar en la afirmación del juez sobre Ábalos y apunta hacia el PP, por el supuesto contacto de García con "Miguel Tellado y Alberto"

Los socialistas se aferraron a esa referencia a Tellado y a "Alberto" para cargar contra el PP y tratar de escapar del escándalo que atenaza a un Gobierno cuyo principio fundacional es, precisamente, la lucha contra la corrupción. La vicepresidenta exigió a los populares que expliquen si su portavoz parlamentario se reunió con García, qué hablaron y qué negociaciones tuvo con él, y que aclare quién es "Alberto". Montero deslizó que Tellado podría desfilar por la comisión de investigación que el PSOE ha promovido para escrutar los contratos por compra de material sanitario que las administraciones hicieron en la pandemia. "Tendrá que dar explicaciones y para eso está la comisión de investigación, de la misma manera que esperamos saber quién es Alberto", repitió, informa EFE. Tellado negó toda reunión o contacto con García o con ningún miembro de la trama y Feijóo respondió que "evidentemente no" es él el "Alberto" que aparece en el auto e insistió en apuntar a Sánchez, sin pruebas. Las acusaciones iban y venían de PP al PSOE y a la inversa. El ventilador, a toda máquina.

Que se aclare en la comisión de investigación

Montero también se preguntó por qué el actual Ejecutivo de Baleares, que lidera la popular Marga Prohens, ha dejado caducar el expediente de reclamación a Soluciones de Gestión por el incumplimiento del contrato. El anterior Govern, el de la socialista Francina Armengol —hoy presidenta del Congreso—, apercibió a la empresa en marzo de 2023, y en julio pasado, en funciones, activaron esa reclamación para que les devolvieran 2,6 millones de euros. "El Gobierno anterior en Baleares", apuntó la vicepresidenta primera, "lo que hizo es que cuando constató que había mascarillas defectuosas, como ocurrió en otros contratos en el conjunto de las administraciones en ese momento, fue proceder en consecuencia" y reclamar lo defraudado. A su juicio, es el PP el que debe responder por qué ha dejado caducar ese expediente. "Yo no voy a especular por qué dejó caer ese expediente y caducó, pero sí es importante que toda la información que se pueda aportar en esa comisión aclare estas cuestiones", agregó.

En el Ejecutivo se duelen de que sus iniciativas quedan "tapadas" por el 'caso Koldo' o los pronunciamientos de los tribunales. "Todo cuesta abajo fatal", resume un miembro del Consejo de Ministros

Este 29 de febrero de 2024, 52 cumpleaños por cierto del propio presidente, era otro día torcido para el PSOE. Otro más. El abatimiento se podía notar en las filas del partido. "Todo cuesta abajo fatal", resumía un miembro del Consejo de Ministros. "No son noticias que nos alegren el día. Resulta descorazonador", admitían en la Moncloa. En el Gobierno preocupa que sus iniciativas quedan opacadas por noticias como el caso Koldo, que lleva copando la actualidad informativa una semana —pulsión que no decrecerá en breve, previsiblemente— y por la tramitación de la amnistía. Así, fuentes gubernamentales recordaban como medidas como la aprobación, el pasado martes, del real decreto de convocatoria de becas del próximo curso académico —2.535 millones de euros para cerca de un millón de estudiantes—, o la presentación del índice de precios del alquiler habían sido sepultadas. "Llevamos noticias en favor de la gente que no podemos lucir ni vender. Queda tapado todo y en cosas como el caso Koldo o en los pronunciamientos de los tribunales no controlamos los tiempos", abundaban.

La sensación, pues, es que no dejan de acumularse frentes. Porque a los dos que protagonizaron el jueves había que sumar el batacazo de las elecciones gallegas del 18-F. "Tienes la percepción de que estás cocinando con tres fuegos a la vez, de que haces sopa y se te quema la carne", expresa un diputado. Pero las dificultades, remata, no quebrarán a su partido: "Nuestra gente es resiliente. La derecha usa todo para echarnos del Gobierno. Los nuestros están con ganas de combatir y confrontar al PP. Nos sentimos muy atacados".

La legislatura no termina de arrancar. Sigue atrapada por la amnistía y ahora está atravesada por un caso de presunta corrupción, el primero que afectaría al Gobierno de Sánchez, cuya extensión aún está por ver. Nadie lo oculta. Los sucesivos golpes al Ejecutivo preocupan.