La noticia saltó al filo de las 10 de la noche el pasado viernes: "La Comisión de Venecia avala la ley de Amnistía". Esa fue la información que trasladó la Moncloa y recibieron los periodistas que cubren gobierno y PSOE sobre el primer borrador emitido por este órgano consultivo del Consejo de Europa. Inmediatamente desde el PP y el Senado -que fue la Cámara que acudió a la Comisión- se hizo una lectura muy distinta conforme a las objeciones que hacía dicho texto. En este sentido, la dirección de asuntos jurídicos del gabinete del presidente del Senado, Pedro Rollán, han elaborado este fin de semana un análisis de dicho borrador, al que ha tenido acceso El Independiente, y que será el que se remita a los miembros de la comisión que visitaron España el pasado mes de enero.

Afirman en dicho texto que "no hay aval de la Comisión y sus reproches son evidentes y profundos", y tras recordar que dicho órgano jamás emite opinión sobre la constitucionalidad o no de una ley, cree que éste "certifica un rechazo social profundo y numeroso a la iniciativa legal. Ha provocado críticas muy potentes en España y también fuera de España. Ha sido rechazado por numerosas instituciones por el ataque a la independencia del poder judicial". El informe del Senado se aferra a consideraciones del texto italiano en el sentido de que cuando una Constitución no reconoce la amnistía, "es la jurisprudencia constitucional la que ha permitido expresamente la amnistía. Pero eso no ocurre en España porque no hay ningún pronunciamiento expreso del TC sobre esa posibilidad". En este sentido, recuerda que otros textos constitucionales en España sí recogieron esta medida de gracia de forma expresa, como en 1845 0 1931, pero en la actual "se planteó expresamente y se rechazó".

"No hay aval de la Comisión y sus reproches son evidentes y profundos", afirma el informe de la Cámara Alta

La Comisión de Venecia considera que dado que la amnistía puede afectar a la cohesión social -"máxime visto la fractura social en España"-, requeriría de una mayoría cualificada, "especialmente de un acuerdo general que involucre a las fuerzas políticas". Además, "debe acotarse muy bien en el tiempo, cosa que este proyecto no hace, y también debe ser impersonal en sus beneficiarios, cosa que no ocurre en la iniciativa española".

En definitiva, a juicio de la presidencia del Senado, Venecia también critica el procedimiento elegido, mediante proposición de ley, "porque el mismo hurta la participación y el debate, no se pueden recibir informes jurídicos que de otra manera serían preceptivos y no se puede escuchar a expertos". Además, la Comisión no pudo analizar el cambio posterior introducido en el texto por acuerdo de Moncloa y Junts respecto a los delitos de terrorismo. De modo que pasaron de quedar fuera de la amnistía los condenados por sentencia firme, a una redacción más laxa, esto es, "cuando de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos".

La dirección de asuntos jurídicos de presidencia del Senado alega, como hace el órgano consultivo del Consejo de Europa, que el artículo 1 de la ley es indeterminado temporalmente y materialmente y "ello puede provocar que los delitos queden amnistiados sine die hacia el futuro" y recuerdan que "recomienda reformar y recogerlo explícitamente en la Constitución porque la ley en cuestión no es el camino".

“En lo que respecta al objetivo legítimo, la comisión es consciente de las críticas que el proyecto ha generado”. Y pide que el Parlamento español evalué si aprobarlo "logra el objetivo pretendido porque es sabido que dicho proyecto ha creado una división profunda y virulenta". Del mismo modo, destacan el punto 95 del borrador en el sentido de que la amnistía respeta la separación de poderes "porque la decisión sobre si el individuo se beneficia de la amnistía la toma el juez".

Las medidas cautelares, sin efecto

Pero en este punto, el texto de presidencia del Senado, en manos del popular Pedro Rollán, recuerda que una enmienda posterior de la proposición de ley, y que la Comisión desconoce, "da instrucciones muy precisas a jueces y magistrados sobre el inmediato alzamiento de medidas cautelares, dejar sin efecto órdenes de busca y captura, e ingreso en prisión o el nuevo 118 que invade competencia judicial e incluso el ámbito de regulación de la orden europea de detención", alegan.

El borrador de la comisión de Venecia está sujeto a la presentación de alegaciones y enmiendas y no será hasta el pleno de los días 15 y 16 cuando se vote el texto definitivo. Se trata de un órgano cuyos informes no son vinculantes. Recuerdan en el Senado que su misión es "ofrecer asesoramiento jurídico a sus Estados miembros, y ayudarles para adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos en materia de democracia, derechos humanos y Estado Derecho". Su dictamen, agrega, "no es una sentencia, sino que actúan con criterios de recomendación allá donde consideran que se están incumpliendo los estándares europeos e internacionales".