La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha tenido "relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración" de Air Europa. Y, por eso, Pedro Sánchez no tuvo que abstenerse cuando su Ejecutivo decidió, en Consejo de Ministros, rescatar a la aerolínea española. Es la conclusión a la que llega la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, menos de una semana después de que el PP presentara la denuncia. Ese escrito de los conservadores queda archivado.

Flor María López Laguna, directora de la Oficina de Conflicto de Intereses, firma la resolución conocida este lunes, a la que tuvo acceso El Independiente, y que es respuesta a la denuncia que presentaron el pasado 14 de marzo Cuca Gamarra y Esteban González Pons, secretaria general y vicesecretario de Institucional del PP, por "presunta vulneración del deber de abstención" en las sesiones del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, en las que se decidió el rescate de Air Europa.

Según la ley de 2015, son los intereses del alto cargo o los de su familia cuando pueden estar vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, "siempre que esa relación implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración"

López Laguna recuerda que el artículo 11.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, considera que un alto cargo se encuentra ante un conflicto de interés cuando la decisión que debe adoptar "pueda afectar a sus intereses personales, los cuales deben ser de naturaleza económica o profesional, porque supongan un beneficio o un perjuicio para los mismos".

¿Qué son los intereses personales? Según la ley, son los intereses propios del alto cargo y sus "intereses familiares, comprendidos los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, así como los de personas jurídicas o entidades privadas a las que esos familiares pudieran estar vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que esa relación implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración".

Por esa razón, el artículo 12.1 de la ley de 2015 señala que los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias "sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos".

El PP entendió que Sánchez debió ausentarse de los Consejos de Ministros "que tomaron decisiones favorables a una compañía", Globalia, matriz de Air Europea, que "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". La cúpula de Alberto Núñez Feijóo sustentaba su denuncia en informaciones periodísticas, según las cuales Air Europa "financió la cátedra universitaria" de Gómez "desde apenas un mes después de que Sánchez llegara al palacio de la Moncloa", y "está probada su relación directa con los principales responsables de la compañía". Globalia, según señalaba este mismo lunes El Confidencial, sí ha reconocido que la mujer del presidente se reunió en junio y julio de 2020 con Javier Hidalgo, el que era consejero delegado de la compañía en ese momento. Entre esas dos citas, el Ejecutivo aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por la pandemia y, a finales de ese año, 2020, Air Europa acabó recibiendo 475 millones de euros del Estado.

La Oficina de Conflicto de Intereses, para determinar si existía alguno de los motivos de abstención, se dirigió a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno — para que le informara de si Begoña Gómez "tenía intereses" en las entidades afectadas, Air Europa —rescatada en noviembre de 2020— y Ávoris Corporación Empresarial —empresa participada por Globalia también ayudada por el Estado en ese Consejo de Ministros de marzo de 2021—.

El PP no se sorprende

La Secretaría General de la Presidencia señala que la mujer de Sánchez "no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración" en las dos entidades, Air Europa y Ávoris.

La Oficina de Conflicto de Intereses "entiende que no se da el supuesto previsto en la meritada norma que permita considerar" que el presidente Sánchez "haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades por las decisiones del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por lo que se procede al archivo de su denuncia".

La Oficina entiende que no se da el supuesto que permita considerar que Sánchez "haya podido incurrir en una causa de abstención" que obligue a depurar responsabilidades

Además, la Oficina considera que otras peticiones que hacía el PP en su denuncia "no se corresponden con sus competencias", dado que Gómez "no ha sido ni es alto cargo ni empleada de la Administración General del Estado".

La portavoz del PSOE, Esther Peña, salió a la carga contra los populares. Para la dirigente, que la Oficina de Conflicto de Intereses archive el escrito interpuesto por el PP es una prueba de que su acusación de que Gómez tenía vínculos con Air Europa "no tenía base jurídica alguna". Peña fue la que se adelantó y dio cuenta del archivo de la denuncia de Génova durante la rueda de prensa en Ferraz que siguió a la reunión de la ejecutiva federal del partido de este lunes. Información de la que disponía el PSOE, justificaban desde la dirección, al ser el presidente "parte" de este asunto.

"Dijimos en su momento que esta cuestión no tenía base jurídica alguna y que el PP buscaba introducir más ruido para tapar el escándalo que, este sí, se cierne sobre [Isabel Díaz] Ayuso y ahora también sobre su jefe de Gabinete", declaró la portavoz, refiriéndose a Miguel Ángel Rodríguez, de quien el PSOE pide también la dimisión por sus amenazas a una periodista de elDiario.es.

Para el PSOE, el archivo es la prueba de que la denuncia del PP "no tenía base jurídica alguna" y pretendía introducir "más ruido" para "tapar el escándalo" sobre Ayuso y su director de Gabinete

Peña también dio por hecho que el PP respondería desacreditando al órgano encargado de emitir esta resolución, de apenas folio y medio. "Dirá que la Oficina de Conflictos de Intereses está al servicio del Gobierno. Si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, todo perfecto. Si no le da la razón, la demolición y el desprestigio de las instituciones de nuestro país es una práctica habitual", agregó. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, señaló que no le ha sorprendido a su formación la respuesta de la Oficina de Conflicto de Intereses porque es un "órgano del Gobierno nombrado por el Gobierno". Este órgano siempre ha dependido del Ejecutivo, y en concreto cuelga de Función Pública. "Eso no quita", sostuvo el dirigente popular, "para que haya conflicto de intereses real del presidente del Gobierno por haber participado en la votación del Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa", siguió.

Para la portavoz del PSOE, sin embargo, las acusaciones de los populares buscan hacer "mucho ruido sin ninguna base jurídica". "No tiene sentido intentar inhabilitar a personas que no tienen nada que ver con tramas oscuras, como parece que lo tiene el entorno de Ayuso".