El debate vuelve rítmicamente. La financiación autonómica. El pandemónium de la política, la manzana envenenada que atormenta sucesivamente a los gobiernos. El sistema actual se reformó en 2009, caducó en 2014 y desde entonces, y pese a las quejas transversales sobre su inequidad e ineficiencia, ha sido imposible retocarlo. No lo hizo Mariano Rajoy, con y sin mayoría absoluta, ni Pedro Sánchez, con mayor o menor precariedad parlamentaria. Pero ahora podría darse un paso decisivo. Un avance hacia la financiación singular, que para el PP —y una parte del PSOE— puede convertirse en una ruptura del modelo que otorgue "privilegios" a Cataluña y que según defiende el Ejecutivo significará una vía que puede ser extensible a todas las comunidades que lo deseen. Es crema catalana, dicen unos. Café para todos, contraponen los otros.

Sánchez quiere acabar el curso antes de irse de vacaciones con los deberes hechos con sus principales socios. Con ERC, con el PNV y con Junts. Superó de largo, creen los socialistas, la difícil prueba del pleno sobre corrupción del miércoles, y ahora se trata de afianzar las alianzas, de amarrar el bloque de investidura para, después del parón de agosto, relanzar la agenda social, intentar explorar la aprobación de los Presupuestos de 2026 y tal vez acometer una remodelación de su Gabinete que él siempre ha negado pero que, en todo caso, debe llegar para cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parta como candidata de su partido para Andalucía, una fecha que tiene en sus manos el jefe de la Junta, el popular Juanma Moreno.

La entente con ERC se pondrá a prueba este lunes, 14 de julio, con la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará a mediodía en el Palau bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —y con la participación fundamental del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón—, y del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y al que acompañará su compañera responsable de Economía, Alícia Romero. Es el órgano que tiene que alumbrar un nuevo acuerdo político que desarrollará el pacto rubricado hace un año por PSC y ERC y que hizo president a Salvador Illa. El martes por la tarde, Sánchez recibirá en la Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, y ambos presidirán la comisión bilateral de cooperación permanente entre el Gobierno y el País Vasco en un momento en el que el PNV se mueve inquieto por el caso Cerdán y toma visible distancia. Y el viernes 18, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea volverá a debatir sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, un empeño en el que el Ejecutivo ha puesto mucho capital político y con el que quiere demostrar a Junts que se toma en serio los acuerdos que firma. Las cosas parecen no haber mudado desde mayo, la última vez que los Veintisiete se pronunciaron sobre la demanda española, pero Dinamarca, el país que asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el 1 de julio, aceptó incluir este punto en el orden del día de la reunión.

"No hemos buscado el calendario así, pero nos ha venido muy bien —indican a este diario fuentes de la Moncloa. Sí queremos demostrar a nuestros socios que claro que vamos a seguir gestionando y avanzando en los pactos de gobierno y en las relaciones bilaterales con ellos. Esta ronda se parece mucho a los pactos de investidura. Se trata de sentarnos con la periferia nacionalista, de tratar con ERC, PNV y Junts, partidos que consideran imposible asociarse a este PP. Nuestro modelo es el de una España federal".

La materia más inflamable es la financiación singular, como ya lo fue el año pasado, cuando PSC y ERC cimentaron su acuerdo en ella para desencallar la investidura de Illa. En la Generalitat asumen que en los próximos días crecerá el "ruido", pero se sienten tranquilos porque el planteamiento que salga de la bilateral será "sensato", no "insolidario", y no avanzará ninguna "ruptura". Las negociaciones no se han cerrado y probablemente continúen hasta el mismo lunes. De hecho, este sábado comparece a las 10 de la mañana el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, para dar cuenta del estado de las conversaciones.

El pilar del pacto del lunes será la fórmula para hacer que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma progresivamente la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se pagan en la comunidad, empezando por el IRPF. En principio, puede que también se recoja el respeto al principio de ordinalidad. Esto es, que las comunidades que más aportan a la caja común del sistema no queden por debajo una vez se procede al reequilibrio territorial. Se prevé que para más adelante se cierre el cálculo de otros dos elementos claves de la financiación singular catalana: la aportación que la Generalitat tendría que hacer por los servicios que le presta el Estado y la cuota de solidaridad interterritorial.

El acuerdo político de la bilateral bajará al detalle en la proposición de ley que registren en el Congreso PSOE y ERC. Ese será el texto que tendrá que recabar los apoyos necesarios para que la reforma salga adelante. Y ahí radica la dificultad. En la tramitación.

Montero intentó frenar las críticas que, desde dentro y fuera de su partido, se han lanzado ya por anticipado al pacto previsto para el lunes. "Nunca jamás el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo, ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía", aseguró en un acto desde Sevilla. En lo que trabaja el Ejecutivo "desde el primer día" es en una "mayor profundización de las competencias autonómicas", aunque haya "algunos que no quieren ejercer sus competencias". Lo decía, en su caso, por Juanma Moreno, cuyo Gobierno ha cargado duramente contra ella por ser la "mayor traidora a Andalucía".

La vicepresidenta primera sabe que el discurso del agravio territorial puede ser un misil contra su propia candidatura, y por esa razón intentó dinamitarlo. Es "falso" que el Ejecutivo de Sánchez "esté promoviendo privilegios para otras comunidades contra Andalucía o contra cualquier territorio", insistió. La titular de Hacienda remarcó que el Gobierno persigue un modelo de financiación o de gestión tributaria que "abunde en la solidaridad y permita la igualdad de todas las comunidades autónomas, es decir, que se les dé la misma capacidad de ejercicio de competencia a todos los territorios". En definitiva, que los poderes que asuma la Agència Tributària de Catalunya los puede también absorber la Agencia Tributaria de Andalucía. Montero, por tanto, ofrece hacer extensible la financiación que se pacte con Cataluña al resto de España. Igual que planteó en febrero con la quita de la deuda, una medida que aún ni ha aterrizado en el Congreso.

Pero la posición del Gobierno no convence en absoluto al barón socialista más lejano a Ferraz, Emiliano García-Page, pero tampoco sosiega a los líderes territoriales que ven con preocupación que pueda prosperar el acuerdo para la financiación singular de Cataluña. El presidente de Castilla-la Mancha cree que Sánchez abre las puertas al "saqueo" de los separatistas. "A más corrupción, más debilidad, más negocio para los independentistas y para los socios. A más corrupción, más cesiones, en definitiva", reprochó este viernes.

La Federación Socialista de Asturias (FSA-PSOE) y el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya habían advertido desde el año pasado que no aceptarían "privilegios". Es una posición del Ejecutivo regional y del partido, porque en su 34º Congreso autonómico, celebrado el pasado enero, ya dejó claro que "no cabe aplicar un principio de ordinalidad que implique una financiación privilegiada para determinados territorios". El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, insistió en esa misma postura cuando fue preguntado por los medios este jueves. "No nos hemos movido ni un ápice —apuntó—. La negociación tiene que ser multilateral", en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Las comunidades autónomas de régimen común tenemos que concurrir en un plano de igualdad a negociar el nuevo modelo de financiación. No admitiremos ningún privilegio ni ningún perjuicio al Principado de Asturias. La posición está clara", añadió. Desde el equipo de Peláez indicaron este viernes que se mantenían en esas palabras de la víspera. Barbón está de baja médica por una infección bacteriana desde hace una semana.

Pero en otros territorios socialistas, en los que el partido no gobierna, se palpa un evidente malestar. Sucede en Extremadura, Castilla y León o La Rioja, por ejemplo, pero no en otras federaciones como Valencia o Baleares, siempre más sensibles a las demandas catalanas.