Pedro Sánchez ya tiene totalmente garantizada su investidura. Salvo que se cruce algún imprevisto, claro. Pero dispone ya de todos los votos necesarios. Con su acuerdo con el PNV, cuenta con la mayoría absoluta. Y hasta con un extra, el voto de Coalición Canaria, un plus poco significativo numéricamente —apenas un escaño—, pero muy relevante por su valor cualitativo, por lo que le facilita construir un relato obvio: 179 votos, los que alcanza su bloque, frente a 171, los de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Todos los partidos de la Cámara menos la derecha y su aliada la ultraderecha. Esa es una de las líneas defensivas del presidente del Gobierno y de los suyos, uno de los argumentos necesarios para mitigar el fortísimo impacto de su entente con Junts y de la aprobación de la ley de amnistía. Que el PSOE ha sabido negociar y pactar, al contrario de un Alberto Núñez Feijóo esquinado con Santiago Abascal en un rincón del tablero político.

Sánchez solo ha firmado el acuerdo con Sumar y PNV. Bolaños rubricó el texto con ERC y Montero, el de BNG y Coalición Canaria

Firmado el jueves el acuerdo con la formación de Carles Puigdemont, la reelección de Sánchez estaba definitivamente despejada. Era la alianza más difícil de conquistar, la que podía descarrilar hasta en la última curva. Pero se cerró, con cesiones para las dos partes. Desde luego, para el propio líder socialista. No solo por aceptar una amnistía de la que siempre renegó, sino por tener que transigir con la figura del mediador internacional y por asumir el concepto de lawfare —supuesta persecución judicial—, escribiéndolo blanco sobre negro en el acuerdo con Junts, aunque en principio no figurará en el articulado de la proposición de ley.

Con los posconvergentes, Sánchez sumaba 173 escaños —los de PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y BNG (1)—. Faltaba el último empujón, aunque no podían esperarse sorpresas. Los socialistas reservaron la última gran foto al PNV y presionaron para que el acuerdo estuviera listo este mismo viernes. A primera hora de la mañana, se anunció y fue el propio presidente en funciones quien lo rubricó en el Congreso con el líder de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar.

Era la forma de rotular al PNV (5) como el socio prioritario y preferente. Porque Sánchez solo ha rubricado en persona el pacto con Sumar y con el PNV. Con Oriol Junqueras (ERC) lo selló el ministro Félix Bolaños, y con el BNG y Coalición Canaria, la titular de Hacienda y número dos del partido, María Jesús Montero. De Junts se encargó el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —pero no hubo foto ni vídeo de la firma en Bruselas con Jordi Turull— y con EH Bildu solo hubo imagen del arranque de las negociaciones entre Sánchez y los portavoces de la formación en Congreso y Senado. No hubo texto de pacto entre los socialistas y la izquierda abertzale, porque esta ya dio su al candidato desde el principio.

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, rubrica con el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, el pacto del legislatura con este partido para lograr la investidura para un segundo mandato del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este 10 de noviembre de 2023. EFE / FERNANDO VILLAR

Con los cinco diputados nacionalistas vascos, Sánchez se garantizaba la investidura en primera vuelta. 178 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta. Pero persiguió el voto 179, ocho más de los necesarios. El de Coalición Canaria (CC). Irrelevante para su reelección, pero trascendente para la legislatura, ya que, como reconocían después fuentes de la dirección, permitirá un cierto desahogo en las votaciones en el Congreso, ya que su apoyo a las iniciativas que promueva el Gobierno harán que baste la abstención de Junts.

También las leyes vinculadas al plan de recuperación

Y no es poca cosa porque CC se compromete a respaldar las leyes de Presupuestos Generales del Estado de toda la legislatura —2024, 2025 y 2026—, todas las leyes vinculadas con la aprobación de hitos comprometidas con la Unión Europea en el marco del plan de recuperación, y todos los reales decretos leyes que impulse el Ejecutivo. Es decir, que CC se convierte en un importante balón de oxígeno para los socialistas, puesto que les echará una mano en todas las iniciativas más importantes —a la cabeza, los PGE—, haciendo innecesario un apoyo activo de los de Puigdemont.

CC da su respaldo a cambio de la 'agenda canaria'. Se compromete a apoyar los tres Presupuestos de la legislatura

A cambio, CC se garantiza tanto la ejecución de la totalidad de las enmiendas que pactó para las cuentas de 2023 antes de que acabe este año y el despliegue de su agenda canaria, la misma que Feijóo se comprometió a asumir cuando era él el candidato a la investidura. CC había advertido, cuando comenzó la ronda de contactos con los socialistas, que solo estaba dispuesta a pasar del no a la abstención por el rechazo a la ley de amnistía. Finalmente, el tránsito ha sido mayor: del no al . Precisamente porque el PSOE se comprometió con la totalidad de la agenda canaria y porque el acuerdo recoge explícitamente que la diputada de la formación en el Congreso, Cristina Valido, votará en contra de la amnistía.

CC suscribió el acuerdo [aquí en PDF] "con cabeza" por lo que supone de avance para las islas, pero "sin corazón" porque el partido rechaza la ley que supondrá el olvido penal del procés, según lo manifestó Valido ante los medios. "Nosotros no estamos aquí para que el PSOE cumpla sus objetivos, ni para que la derecha consiga. Estamos aquí para que se entienda y atienda a Canarias", dijo. Su partido ha adoptado la decisión de apoyar a Sánchez "con racionalidad y frialdad". Pero también asumiendo riesgos, porque la formación gobierna las islas en coalición con el PP.

Frente a aquellos que solo pueden pactar consigo mismos y pueden pactar con Vox, el PSOE demuestra que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario", celebra la ministra Montero

Es más, los populares, tercera fuerza, ayudaron a CC, segundos en las urnas del 28-M, a arrebatar el Gobierno autonómico al socialista Ángel Víctor Torres. Pero es cierto que los nacionalistas canarios han gobernado en las islas con socialistas y populares y han ayudado a Ejecutivos centrales de los dos signos. El viaje hacia el se fue haciendo evidente en las últimas semanas, en las que además el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha elogiado la cooperación del Gobierno en la crisis migratoria.

Pero para los socialistas también era importante cazar el escaño de CC por otra razón: porque le permite tejer el relato de que es toda la Cámara, a excepción del "dúo PP-Vox" (expresión de Bolaños), la que apoya a Sánchez. De izquierda a derecha, porque la formación de Clavijo es eminentemente conservadora. Y, de hecho, se alineó con Feijóo en su investidura fallida. Así, el PSOE consigue romper el bloque de derechas que respaldó al jefe del PP hace menos de dos meses.

Por eso Montero, tras la firma del acuerdo con Valido, el último pacto de todos, expresó ante los medios la "satisfacción" del PSOE por haber añadido la rúbrica a "dos importantes formaciones políticas", PNV y CC. "Frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismos y pueden pactar con la ultraderecha, con Vox, el PSOE demuestra, con estos últimos dos acuerdos, que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario que no está representado por la derecha y la ultraderecha. Incluso con CC, que se ha sumado a otra investidura [la de Sánchez] con los compromisos que contienen en su texto", celebró la titular de Hacienda en funciones. Los 171 noes al líder socialista proceden de PP (137), Vox (33) y también Unión del Pueblo Navarro (1), aunque Ferraz recuerda que la formación foralista ha sido tradicional socia de los populares en múltiples convocatorias electorales. Cuña de la misma madera.

Mayoría absoluta a la primera

La número dos del PSOE recalcó que son 179 los escaños amarrados, los que garantizan la investidura del presidente pero los que permiten "echar a andar esta legislatura", algo que es "sin duda una magnífica noticia para España y una fuente de esperanza para miles y miles de ciudadanos que quieren que ya empiece el trabajo de este nuevo Gobierno progresista".

El respaldo que recibirá Sánchez será mayor que el de su primera investidura, la de 2020, y un voto menos que en la moción de censura

Los 179 diputados que apoyarán a Sánchez en su reelección —previsiblemente el jueves 16, en la segunda jornada del debate de investidura en el Congreso— constituyen una mayoría más amplia, aunque paradójicamente más inestable, que la que se conformó hace casi cuatro años. El 7 de enero de 2020 cosechó, en segunda vuelta, 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Y dos años antes, en la moción de censura que ganó a Mariano Rajoy y en la que necesitaba mayoría absoluta a la primera, logró 180 apoyos, 169 rechazos y una abstención. Ahora, en su segunda investidura, serán 179 votos a favor y 171 en contra, y ninguna abstención. Si nada falla, claro. 179 votos amarrados de ocho grupos distintos (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC).

Una alianza transversal, plural, presume la dirección socialista, aunque a la vez difícil de conjugar en todas y cada una de las votaciones. Pero en la cúpula subrayan que su empeño ha sido afianzar no solo la reelección de Sánchez, sino toda una legislatura de cuatro años. Y ahí, dicen, no renuncian a contar con el PP durante el mandato, pero para ello "tendrá que bajar del monte" y "abandonar a sus socios de la ultraderecha".

La entente con el PNV [aquí en PDF] trajo, como punto destacado (y siempre delicado), la cesión a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero Montero matizó ese aspecto, porque no está "singularizado" en el acuerdo y porque ejecutar el traspaso entraña una "dificultad" evidente. El pacto también comporta el reconocimiento nacional del País Vasco, la salvaguarda de las competencias de la comunidad y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-Gobierno y el respeto a los derechos forales de los territorios históricos vascos.

Las comisiones no enmendarán a los jueces

Supone asimismo el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika en un plazo "improrrogable" de dos años, la modificación del Estatuto de los Trabajadores para asegurar la primacía de los convenios colectivos autonómicos sobre los negociados en el ámbito estatal —ya fue una reclamación del PNV cuando se tramitó la reforma laboral—, el refuerzo y ampliación del Concierto Económico, con la concertación de impuestos y la fijación de límites de déficit en las comisiones mixtas con Euskadi y Navarra, y la ampliación de las competencias de la Ertzaintza.

Vamos a estar a las duras y a las maduras", dice Ortuzar. "Es un gran desafío para Sánchez y su equipo ser capaz de meternos a todos en una misma trainera y que los remos vayan todos en la misma dirección"

"Si estos compromisos se van cumpliendo, nosotros vamos a estar a las duras y a las maduras. Es un gran desafío para Pedro Sánchez y su equipo ser capaz de meternos a todos en una misma trainera y que los remos vayan todos en la misma dirección", expresó Ortuzar ante los medios, reconociendo la complejidad intrínseca de esta legislatura y, también, el compromiso del PNV con la estabilidad de la legislatura.

El presidente del PNV se mostró favorable a la ley de amnistía y reconoció una cierta labor de mediación. Se ha reunido en varias ocasiones con Puigdemont y en la última cita incluso él le confió la importancia que para él tenía que el acuerdo con los socialistas recogiese el lawfare y a quiénes debería alcanzar.

Todo apunta, según indicaron en público y en privado dirigentes socialistas, a que el lawfare no figurará en la ley de amnistía, razón por la que se pactó con Junts que las conclusiones de las comisiones de investigación sobre la operación Cataluña y sobre Pegasus que se abran en el Congreso tendrán en cuenta en la aplicación de la amnistía los casos que pudieran derivarse de esta judicialización de la política. Un punto, por cierto, que ha levantado en armas a todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, además de al Poder Judicial. Pero, como ya precisó el jueves un comunicado de Ferraz, Bolaños señalaba en la SER que "no es la intención en absoluto que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial". El objetivo, dijo el ministro, es hacer "conclusiones en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos" a través de las dos comisiones ya creadas.

Todo apunta que el 'lawfare' no estará en la ley de amnistía, de la que se remata "algún detalle técnico" y, cuando esté lista, se pasará a los grupos y se registrará

La ley ya está "pactada", aseguró Bolaños, pero queda "algún detalle técnico" que se resolverá "próximamente". "Y tan pronto como esté el texto definitivo, tenemos que hablar con los grupos parlamentarios que la van a apoyar y la presentaremos en el Congreso". Todo apunta a que la proposición se registrará el próximo lunes, pero no hay confirmación oficial. También el lunes se espera que la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, señale el pleno de investidura, previsto para el 15 y 16 de noviembre. El engranaje se pone en marcha una vez cumplidos todos los hitos marcados por Sánchez. Y el primero de ellos era construir una mayoría que el 23-J se veía casi imposible y que ahora ya está atada. 179 apoyos de entrada.