Gobierno y Generalitat pactan las bases del nuevo sistema de financiación sin calendario ni cifras

Gobierno central y Generalitat sellaron este lunes el acuerdo que sienta las bases del nuevo modelo de financiación "singular" para Cataluña, "generalizable" al resto de comunidades autónomas, y que prevé que el Govern acabe recaudando todos los impuestos y transfiera una parte al Estado y contribuya con otra cantidad a la solidaridad con otros territorios. Pero en ese pacto no hay ni plazos ni cifras. No los hay porque no están definidos aún. Ni tampoco está claro siquiera el itinerario de aprobación por Congreso y Senado, que se presenta muy cuesta arriba.

El acuerdo se cerró en la comisión bilateral Estado-Generalitat, reunida en el Palau bajo la batuta del ministro Ángel Víctor Torres y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y habla también de respeto al principio de ordinalidad, pero de nuevo sin mayores concreciones. Lo hace para recordar que la aportación que Cataluña haga al Estado y su contribución a la "solidaridad" con otras CCAA debe ser "calculada, de manera transparente, con criterios objetivos" y es "condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". Es decir, que Cataluña, cuando el sistema esté funcionando—si es que se aprueba—, no pierda posiciones en la recepción de recursos una vez hecha su aportación a la solidaridad con el resto de España.

Gobierno y Generalitat alumbraron un acuerdo, por tanto, de seis páginas [aquí en PDF] que recoge lo que hace un año consensuaron PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa como president. Pero persiste la duda de si podrá salir adelante, por la complejidad técnica —el despliegue se prevé paulatino— y, sobre todo, por la dificultad de trenzar los apoyos parlamentarios necesarios. Junts, socio imprescindible, consideró "muy decepcionante" el acuerdo y advirtió de que no hay "ningún motivo" para que lo pueda avalar cuando llegue al Congreso. Y, mientras, persiste el rechazo en una parte del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió que no se les tome "por tontos" y deploró que se hable por primera vez "en serio" de financiación para "pagar favores, chantajes". En cualquier caso, la discusión en el conjunto del país sobre el nuevo modelo no se hará hasta más adelante: el ministro Torres anunció que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se hará tras el verano, después de haberse sentado la "arquitectura" de la financiación singular catalana este lunes.

El ministro Torres anuncia que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá tras el verano. Cree compatible la singularidad catalana con la multilateralidad obligada para reformar el modelo. El sistema sería "federal" y "generalizable"

El texto recuerda que el actual modelo, aprobado en 2009 y caducado desde 2014, necesita una actualización, y subraya que Cataluña "siempre ha liderado los procesos para el impulso y la mejora de la financiación autonómica" ahora plantea "un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña que pueda ser generalizable a otras comunidades autónomas respetando, reconociendo y financiando las singularidades y voluntad de autogobierno". La Generalitat, incide, ha ido asumiendo y ejerciendo mayores competencias que el resto de CCAA, algo que debe ser tenido "en cuenta" a la hora de abordar la reforma del modelo. El Gobierno, por su parte, considera que un "mayor espacio para la bilateralidad" es al mismo tiempo "compatible con una reforma general del sistema de financiación de las CCAA que garantice su suficiencia, con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema", que reconozca las "necesidades y singularidades de todos los territorios" y no se olvide tampoco de la "multilateralidad como elemento clave". También cree conciliable que la Generalitat gestione de manera progresiva los impuestos y exista un "modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección".

El Ministerio de Hacienda y el Departamento catalán de Economía y Finanzas seguirán trabajando, dice el texto, para acordar un nuevo modelo de financiación, aún por detallar, que suponga que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaude todos los impuestos. Sería singular porque se confiere todo el protagonismo de la recaudación a la Generalitat, pero a su vez "generalizable" porque podrían acogerse a ese sistema todas las CCAA que lo deseen.

Para el Govern, se trata de un "cambio de paradigma", pues la Generalitat pasaría a ingresar recursos, no recibirlos. Se permitirá la ampliación de la capacidad normativa, limitando la "competencia fiscal a la baja". Desaparecerán los fondos y las entregas a cuenta

Al disponer de todos los recursos, el Govern tendría que transferir una parte de ellos para compensar los servicios que presta en la comunidad. También aportaría una cuota de solidaridad para contribuir al "bienestar de los ciudadanos de otras CCAA". El sistema se cierra con otra previsión: el Estado transferirá de vuelta recursos a Cataluña para financiar "competencias específicas" que no tienen otras autonomías, como prisiones o Mossos d'Esquadra. No hay ninguna concreción de cifras. Según indicaron fuentes del Govern citadas por EFE, se trata no de una mera "actualización" del sistema vigente, sino de un "cambio de paradigma", puesto que la Generalitat pasaría de recibir recursos a ingresarlos.

También permitirá la ampliación de la capacidad normativa, "respetando los límites de la normativa europea y con la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja", reza el documento. Es decir, que se intentará evitar el dumping fiscal, práctica de la que se acusa a regiones como Madrid. El nuevo modelo conllevará la desaparición de los fondos del sistema actual, como los de compensación o competitividad, que para el Govern distorsionan el reparto de los recursos, cuando lo que se persigue es un diseño más "claro y transparente". Asimismo, desaparecerá el mecanismo de las entregas a cuenta, "evolucionando los recursos de acuerdo con la recaudación real".

El sistema pactado con la Generalitat bascula en torno a la capacidad fiscal de los territorios y en la definición de una cesta de impuestos. ¿Qué es? Los porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden, cuyo resultado "se corresponderá con la contribución al sostenimiento de los gastos del Estado y la financiación de las competencias homogéneas de Cataluña y del resto de CCAA". La cesta se calculará a partir de "criterios objetivos y comprobables". Su aplicación debe tener en cuenta el principio de ordinalidad, dice el texto, sin dar más precisión. Como referencia, hoy el Estado traspasa a las CCAA el 50% de la recaudación del IRPF.

Gobierno y Govern "trabajarán para el despliegue de la hacienda catalana, impulsando los cambios legislativos pertinentes" para que la Agència Tributària de Catalunya asuma por lo pronto el IRPF, "dentro de un modelo en red de gestión" con la AEAT

Gobierno y Generalitat, escriben, "trabajarán para el despliegue de la hacienda catalana, impulsando los cambios legislativos pertinentes" con el objetivo de que la Agència Tributària de Catalunya "asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros tributos, "dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario, con participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestiona de forma eficaz y eficiente y con plenas garantías en la prevención y lucha contra el fraude". Así, se creará "un grupo de trabajo entre los dos gobiernos para su desarrollo e implantación, así como el análisis y propuesta de las reformas legales necesarias".

Es decir, que los dos ejecutivos reconocen que queda muchísimo trabajo por delante, básicamente porque la ATC, como reconoce el Govern, "no está preparada" para asumir la gestión, recaudación, liquidación e inspección del IRPF en 2026, la fecha que el PSC había pactado con ERC. La Generalitat también admite que Cataluña tampoco podrá asumir en solitario la campaña de la renta del año que viene, informa EFE. El ente catalán cuenta con 839 personas, por las 3.800 que tiene la AEAT solo en la comunidad. El aumento del músculo de la ATC, dice el Govern, deberá ser paulatino. Sí o sí.

Además, según indica el acuerdo sellado este lunes, se habla de un modelo de gestión tributario "en red", en el que participen la AEAT y las agencias tributarias autonómicas. Oriol Junqueras, líder de ERC, volvió a repetir hoy en TV3 que la ATC no puede quedar "subordinada" a la Hacienda estatal. Sí respalda que haya "colaboración" para cuestiones como la lucha contra el fraude fiscal, pero rechaza el "control" de la AEAT sobre la hacienda catalana.

La Generalitat admite que su ATC "no está preparada" para digerir la gestión del IRPF en 2026, como se pactó con ERC. Es una incógnita cuánto duraría la transición. Supondría un salto de 5.000 millones de gestión de la ATC a 30.000 solo por el IRPF

La reunión de este lunes estuvo encabezada por el ministro Torres y el conseller Dalmau, pero también participaron los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y Hacienda, Jesús Gascón, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. No asistió la vicepresidenta primara y titular de Hacienda, María Jesús Montero, como había reclamado Junqueras, porque no forma parte de la bilateral, explicó Torres. El ministro defendió durante su comparecencia conjunta con Dalmau la "convivencia" entre la singularidad y la multilateralidad. Agregó que la cesta de impuestos deberá fijarse a través de modificaciones legislativas en las Cortes. "Podemos caminar más rápido, pero lo importante es que avanzamos", abundó por su parte el conseller de Presidencia.

La falta actual de medios y de estructura de la ATC hace que sea una incógnita cuánto podría tardar la Generalitat en asumir la recaudación plena de todos los impuestos. Es decir, que no se sabe aún cuánto durará el periodo de transición entre el vigente modelo y el que se quiere implantar, si es que recibe el respaldo parlamentario. La Generalitat, informa EFE, no quiere hablar de calendarios, pero admite que necesitará años, más aún porque no se sabe si podrá disponer del personal de la AEAT en Cataluña para reforzar su propia ATC.

Y es que el redimensionamiento que debería digerir la ATC es muy importante. "Ahora gestionamos 5.000 millones con la ATC y el IRPF ya supone solo unos 30.000 millones", señalan en el Govern. Por eso, el Ejecutivo de Illa ha encargado un informe a Indra sobre el plan director de la Agència Tributària de Catalunya que se difundirá en las próximas semanas para analizar cómo se puede aumentar el músculo del ente lo más rápidamente posible.