"En junio nos decían que estábamos muertos. El debate público giraba en torno a cuándo Pedro Sánchez iba a convocar elecciones. Ahora, el debate está en cómo es posible que se haya podido recomponerse y quien está pasando apuros es el PP". La Moncloa resume una impresión que corre también en el PSOE. La lectura de que el clima ha cambiado en muy poco tiempo y el viento ha rolado a su favor. El dolor, la zozobra, el miedo, la vergüenza que quebraron los ánimos del partido hace tres meses, cuando se hizo público el devastador informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, cuando se conocieron las conversaciones del exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su exasesor, hablando de mujeres prostituidas como si fueran tratantes de ganado, cuando el juez instructor del Supremo Leopoldo Puente mandó a prisión preventiva a Cerdán —y allí sigue—, parecían no tener fondo. Los socialistas se sentían sin fuerzas, derruidos, y su líder había acusado el golpe. Se le veía demacrado, con varios kilos menos, tocado. Pero él decidió seguir, mantener viva la llama de una legislatura amarga y complicada.

El pasado lunes, Sánchez se dirigió a sus diputados, senadores y eurodiputados en el Congreso. El tono era distinto. Y su ímpetu: a la ofensiva, no a la defensiva. Físicamente, se le notaba más recuperado. Sobre todo, aseguran en su equipo, más rehecho. "Trasladaba más seguridad, más compostura —afirma una integrante de su dirección—. Transmitía energía... y resiliencia". La marca de la casa. La resistencia. La que, creen, logra desquiciar a un PP que "quiere verle a trocitos, pero se va a quedar con las ganas". El presidente manifestó su apoyo a los manifestantes que, la víspera, lograron interrumpir la última etapa de La Vuelta —una protesta mayoritariamente "pacífica" para el Gobierno—, pidió expulsar a Israel de las competiciones internacionales.

Gaza. El "genocidio" en la Franja perpetrado por Israel, los más de 60.000 muertos —de ellos, cerca de 20.000 niños, aunque las cifras podrían ser 10 veces mayores, según la ONU—, los más de dos millones de desplazados, las 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda, han colonizado la actualidad nacional e internacional en las últimas semanas. El Gobierno sabe que ha logrado recuperar un bien muy preciado, el control de la agenda política, el que perdió por completo en el segundo trimestre del año, y cree haber dejado "desubicado" al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. La próxima semana no se bajará del tren. Con menos razón aún, porque en Nueva York se abre el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la conversación planetaria girará en torno a la matanza incansable de Israel sobre Palestina. Y el martes, además, el Consejo de Ministros —aunque con el jefe del Ejecutivo en la ciudad estadounidense— aprobará el real decreto ley de consolidación del embargo de armas, que en un mes deberá convalidar el Congreso.

Pero Sánchez también recibió en los últimos días su dosis de recuerdo de la debilidad parlamentaria de su Ejecutivo. Administrada por Junts y Podemos.

Son, y nadie en el Gobierno y en el PSOE lo niega, sus socios más rebeldes, los que más les inquietan. Los más distantes, los que suben el precio de su apoyo. Los que aprietan más y más. Mucho. Aunque no ahogan al presidente. No, al menos, por ahora, porque ninguno ha planteado derribarle vía moción de censura. No exigen un anticipo electoral. Ni quieren verlo caer para que sea el PP, de la mano de Vox, quien ponga un pie en la Moncloa.

El martes, los posconvergentes lanzaron un comunicado desde Barcelona para anunciar un pacto con el Ejecutivo para "blindar" el catalán en el proyecto de ley de atención al cliente, por el que "será obligatorio que los trabajadores de los servicios de atención al cliente conozcan el catalán para poder atenderlos respetando sus derechos lingüísticos". Un acuerdo que de inmediato fue matizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que lidera Pablo Bustinduy (Sumar): esa obligación solo tendrían que asumirla las compañías de más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros y que operen en los territorios con lenguas cooficiales. El anuncio sorprendió a los dos socios de la coalición, a Sumar y al PSOE: no se lo esperaban, para empezar porque la enmienda al artículo 7.2 del proyecto, transaccionada no solo con Junts, sino también con grupos como ERC, Bildu o BNG, no estaba aún redactada. Tampoco tenía la conformidad del PSOE. La medida disparó enseguida la controversia. La patronal enseguida mostró su oposición. El ministro Bustinduy se vio obligado a aclarar los términos del consenso.

En la Moncloa, mientras, se desentendieron de ese principio de pacto. "Es una enmienda en la que no participó el PSOE. La acordó Derechos Sociales con Junts, directamente. Por tanto, hay que negociar con nuestro grupo. No es meter mano. Es negociar con nosotros hasta que nos parezca razonable el texto. Habrá que estudiarlo y ver opciones", advirtieron a este diario en el equipo directo de Sánchez. La ponencia de la ley se reúne el próximo 23 de septiembre.

También el pasado martes se incluyó en el orden del día del siguiente pleno del Congreso el debate de toma en consideración de la proposición de ley de delegación de las competencias migratorias a Cataluña, firmada por PSOE y Junts, y fruto de una larguísima negociación de más de un año. El texto, salvo mayúscula sorpresa, morirá el martes por el rechazo rotundo de Podemos a una ley que considera "racista". Los socialistas decían no esperar un castigo por los posconvergentes porque ellos, alegaban, habían "cumplido" su parte y no podían responsabilizarse del voto de un socio de investidura.

El propio Carles Puigdemont ya venía avisando desde semana atrás de que si no se avanzaba en los acuerdos de Bruselas —los suscritos para investir a Sánchez en 2023—, este otoño "pasarán cosas". Para Junts era y es fundamental que se garantice la oficialidad del catalán en la UE, que se aplique la ley de amnistía al expresident o que se materialice la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Y que se ejecuten las inversiones presupuestadas para Cataluña antes de hablar de unas nuevas cuentas públicas.

El ambiente de máxima tensión precedió el encuentro que este jueves, fuera de España, mantuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el diputado y miembro de la cúpula socialista Juanfran Serrano —ex mano derecha de Cerdán—, con la comitiva de Junts encabezada por el expresident. Aunque la opacidad planeó antes y después de la cita —nada nuevo bajo el sol, así sucede con todas las reuniones de carácter mensual, habitualmente en Suiza (no siempre) y con el mediador internacional—, fuentes conocedoras del contenido de la misma apuntaron que, básicamente, todo sigue igual de bloqueado. Sin avances "sustanciales": "Se repasaron todos los temas. Ellos quieren ver concreciones. Estuvieron cordiales, pero exigentes". Y no se habló de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, precisaron.

Pasadas las 21 horas del jueves, en otro escenario, en la Moncloa, los periodistas preguntaron al presidente Sánchez, tras su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, si había sido información del resultado del encuentro de Zapatero con Puigdemont. "No tengo información, por tanto, no he tenido... He estado toda la tarde liado. Cuando tenga información la sabrán ustedes, seguro antes que yo", despachó. Sin embargo, unas palabras del mandatario germano sí fueron más determinantes: dio largas a la posibilidad de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos en la UE. Dijo comprender "muy bien" el interés del Gobierno español. "¿Cómo resolverlo? Eso ya lo tendremos que ver", respondió. Merz apuntó que "a medio plazo" una "muy buena solución" podría ser la inteligencia artificial, porque abaratará los costes y permitirá prescindir de traductores, aunque para llegar a ese punto "todavía pasará un poco de tiempo". En definitiva, Alemania se seguirá oponiendo a la solicitud de España, y para aceptarla se requiere la unanimidad de los Veintisiete.

El Ejecutivo se defiende, frente a Junts, recordando que no está en su mano satisfacer algunas de sus exigencias: el desbloqueo de la ley de amnistía depende de los tribunales; la oficialidad del catalán, del plácet de países como Alemania que hoy por hoy se siguen oponiendo; la cesión migratoria, de Podemos.

Pensar que los posconvergentes puedan apoyar la senda de estabilidad o, posteriormente, el proyecto de Presupuestos, parece casi misión imposible. En el Gobierno, sin embargo, insisten en que nada está dicho y en que la negociación recae directamente en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No les vemos a Junts muy diferentes a como estaban. Ellos van tema por tema, carpeta a carpeta, y lo llevan a gala", indican.

Con Podemos, el Ejecutivo reconoce un distanciamiento evidente en los últimos meses. Y le inquieta, y asume que tanto los morados como los posconvergentes son los dos socios más complicados de gestionar. La formación de Ione Belarra, de cara a la negociación de las cuentas de 2026, exige la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel —que también pide Sumar pero a la que se niegan la Moncloa y Exteriores con el argumento de que no ayuda a la solución de los dos Estados—, la reversión del aumento del gasto militar —lo que haría estallar los acuerdos de España con la OTAN— y la bajada de un 40% del precio de los alquileres. "Es que cuando nos piden esa bajada del 40% es lo mismo que darnos un no. Es su manera de trasladar un imposible. No se puede pedir la luna", señalan molestos en el corazón del Ejecutivo.

Hacienda aún no tiene fecha para su propuesta de senda de estabilidad, que cuando esté lista deberá ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de pasar por el Consejo de Ministros, y luego habrá de ser respaldada por Congreso y Senado. La idea de Montero, eso sí, es que llegue "lo antes posible" a las Cortes. Pero, por ahora, no hay deadline, no hay fecha tope para entregar el proyecto de Presupuestos de 2026 al Parlamento para que arranque su tramitación.

El resto de socios son, para el Gobierno, más "proclives" al entendimiento. Bildu y PNV son los aliados más seguros. Y hasta ahora lo era ERC, pero también ha subido el listón.

reu Junts el lunes

octubre debate de pol general Parlament

no te prometo que vas a estar en el cargo a cambio de nada. Los PGE no están encima de la mesa, estamos en inicio de contactos, nadie los ha visto, la reu de Junts fue retomar el contacto. Los verá MJM con la gente de aquí y ellos ya con Puigdemont. 

ha sido super difícil sacar lo que hemos sacado, tendrían nuestros votos, y a partir de ahí la dif es Podemos. no tenemos intención de trocear. ya debatiremos sobre ello en otra ocasión. 

 los territorios con lenguas cooficiales, se ofrezca la posibilidad de reclamar en esas lenguas ante grandes empresas que ofrezcan productos y servicios en esos territorios.

Fuentes del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy han explicado a EFE que esto se dará en "empresas de más de 250 empleados, que facturen más de 50 millones de euros".