"No hay nada". "Estamos muy tranquilos". La Moncloa siempre ha respondido del mismo modo con cada paso dado en la investigación judicial del caso Begoña Gómez. Desde que el magistrado Juan Carlos Peinado abrió la causa en abril de 2024 hasta ahora, hace casi año y medio. Era su respuesta tanto para la pieza principal —la que indaga los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional— como en la separada, la que persigue si hubo malversación de caudales públicos. La semana pasada, de hecho, cuando el juez propuso en un auto que sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del jefe del Ejecutivo —junto a su asesora en el complejo presidencial, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre—, la Moncloa dijo lo mismo. "No hay nada". "Mi hermano y mi mujer son inocentes", reiteró el propio Pedro Sánchez en rueda de prensa desde Nueva York.

Pero las dos aseveraciones que encabezan este texto son de este lunes. Después de que se conocieran dos contundentes informes oficiales que podrían debilitar el relato sostenido hasta ahora por el Gobierno. Uno, de 303 páginas, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitido a la Fiscalía Europea y que detecta posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, al que ella avaló mediante una carta de apoyo que se adjuntó a la oferta. El otro documento, de 34 páginas, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reclamado por el juez Peinado y que incluye 121 correos electrónicos que recogen las "gestiones" que Cristina Álvarez hizo con más de una decena de empresas y entidades para financiar la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Para la Moncloa, en consecuencia, ninguno de los dos informes, una poderosa munición que el PP comenzó a emplear de inmediato, cambia realmente las cosas. "No aportan argumentos sólidos. Mucha tranquilidad. No hay novedad en esos informes. No hay nada que veamos peligroso en ellos", sentenciaban este lunes fuentes del Ejecutivo. Un asunto "menor", indicaba otro alto cargo. "Al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa e interesada quieren lanzar sobre el entorno del presidente", señalaba desde Córdoba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los dos documentos trascendieron este lunes pero tocan patas distintas del caso. El más prolijo es el que firma la IGAE para la Fiscalía Europea, la instancia que analiza los contratos adjudicados por Red.es —entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital—, financiados con fondos europeos y por valor de 8,45 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) de Innova Text —la compañía de Barrabés— y The Valley Digital, y a quienes Gómez firmó cartas de recomendación.

El informe de Hacienda denuncia varios incumplimientos de las normas de contratación pública, como que la valoración de las ofertas no la hiciese un comité de expertos, sino la propia mesa de contratación de Red.es, que "no era competente" para hacerlo. También el perito escribe que en los pliegos no se incluyó como uno de los elementos a valorar la experiencia profesional de los docentes que iban a impartir los cursos formativos, y sin embargo eso sí se tuvo en cuenta y benefició a la UTE de Innova Text y The Valley, de modo que "valorar elementos que no figuran en los pliegos es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad". Eso ayudó a "determinados licitadores" a que vieran incrementada "injusta e ilegalmente" su puntuación. Respecto a las cartas de recomendación —la IGAE no especifica ni habla de las firmadas por Gómez—, el documento señala que sí fueron "tenidas en cuenta" para determinar la puntuaciónde las ofertas. Reconoce el perito que "no es posible conocer cuántos puntos se han asignado" por estas cartas de apoyo, "ya que se asigna una única nota global por el total del apartado", pero en las ofertas de la empresa de Barrabés con The Valley "se enfatiza" la importancia de las mismas y en los informes de valoración "se hacen numerosas referencias".

"Gran opacidad" y falta de "transparencia"

Hacienda señala que esas cartas no solo "han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta" de la UTE de Innova y The Valley, sino que de la redacción de los informes de valoración "se deduce claramente que no ofrecer dichos acuerdos o cartas de apoyo (la terminología no siempre es la misma) se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido". Más aún, esas cartas eran una "manifestación de intenciones que no obliga a nada" y por tanto tenerlas en cuenta para puntuar las ofertas supone, para el perito de la IGAE, una "adulteración de la valoración técnica" que "ha beneficiado", en particular, a la compañía de Barrabés y "ha perjudicado" a otros licitadores. El experto recalca que el proceso de contratación se caracterizó por "una gran opacidad" y por falta de "transparencia".

Fuentes del Gobierno rebatieron las afirmaciones del interventor remitidas a la Fiscalía Europea con sus propios argumentos. Señalaron, de entrada, que el informe de este lunes "no es un informe de la IGAE", sino que está elaborado por "una unidad que depende de la Fiscalía Europea", ya que la Intervención "emitió este año un informe sobre la cuestión con unas conclusiones que difieren" de las conocidas este 29 de septiembre. Es una de las líneas de defensa expresada por Montero desde Córdoba: "En realidad no es la Intervención del Estado", sino "los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea", precisó, aunque admitió desconocer "bastante del informe ni en qué términos ni de qué manera" se ha materializado. El documento, firmado el 2 de agosto de 2025 y conocido ayer, tiene el membrete del Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Apoyo de la IGAE a la Fiscalía Europea.

Las normas de contratación que valora el informe, dice el Ejecutivo, "son exactamente las mismas que las que viene aplicando Red.es desde el 23 de marzo de 2011". Es decir, que "no son unas normas específicas para los expedientes valorados". Se han aplicado desde 2011, precisa, "a 1.610 expedientes". "Los modelos de pliegos de contratos y las fórmulas de valoración aplicadas por Red.es en los dos expedientes examinados y en el resto tramitados por la entidad cuentan con el informe favorable de la Abogacía del Estado desde el año 2018, cuando se actualizó la Ley de Contratos del Sector Público".

Desde la Moncloa subrayan que el informe pericial reconoce, en su página 21, que la fórmula empleada para calcular la puntuación económica "no ha sido diseñada específicamente para los procedimientos de contratación correspondientes a dichas licitaciones, sino que es la fórmula que se utiliza por la entidad". Para el Ejecutivo, esta afirmación es el reconocimiento explícito de que "estos expedientes no han tenido un tratamiento distinto al resto de expedientes tramitados por Red.es". La IGAE dice que este formato acaba beneficiando "a las ofertas más caras". El Gobierno se agarra a que el documento admite que "la Ley de Contratos del Sector Público no establece el carácter obligatorio de ninguna fórmula concreta para valorar las ofertas económicas". Pero a renglón seguido el texto dice que esa vía lo que hace es desincentivar la presentación de ofertas "competitivas".

"Ausencia de recursos"

Además, en la Moncloa subrayan que "ninguna de las 33 auditorías llevadas a cabo desde 2011 a Red.es ha valorado de manera desfavorable las normas de contratación" de la entidad pública, "incluida la fórmula presente en todos los contratos" de esta. "Estas auditorías", recuerdan, "han sido llevadas a cabo por la propia IGAE, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, y la Dirección General del FEDER, a través de la Subdirección de Inspección y Control". "La preparación y adjudicación de los contratos de Red.es analizados en el informe se ajustaron plenamente a la ley, lo que corrobora la ausencia de recursos presentados frente a las clasificaciones y valoraciones", remachan.

Sobre la necesidad de que un comité de expertos hubiese hecho la valoración de las ofertas, el Ejecutivo defiende que "ninguno de los expedientes que ha tramitado Red.es requiere de la existencia de un comité de expertos, porque la valoración económica siempre ha sido superior que la valoración técnica, tal y como especifica la Ley de Contratos del Sector Público". "Este criterio nunca ha sido cuestionado por ninguna de las 33 auditorías llevadas a cabo sobre la contratación de Red.es". El perito señala que la distribución de la puntuación en 40% a la valoración técnica y 60% a la económica "no responde a la realidad", ya que la fórmula elegida "solo reparte la mitad de los puntos posibles" al examen económico, de modo que "la distribución de 60/40 es meramente nominal".

El informe apunta que los metadatos han sido borrados, lo que hace difícil tener evidencias de la autoría. El Gobierno responde que ese borrado "se aplica de manera automatizada a todos los documentos producidos en Red.es desde agosto de 2023, en aplicación de las obligaciones establecidas para las entidades certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad". "Esta práctica de seguridad", continúa, "no afecta en ningún caso al contenido de los documentos, ni se aplica a documentos firmados".

Por último, fuentes de la Moncloa advierten de que en la puntuación de las ofertas "no influyeron" las cartas de apoyo que "no procedían directamente de empresas del sector tecnológico, tal y como queda reflejado en los informes técnicos de valoración de Red.es". "El propio informe reconoce que no es posible determinar que haya relación directa entre las cartas de apoyo y la puntuación de la oferta", concluye.

¿Era solo un "favor" personal?

El otro documento conocido este 29 de septiembre y entregado ya al juez Peinado da cuenta de los 121 correos que la asesora de Begoña Gómez intercambió con la UCM. Son mails cruzados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" de Transformación Social Competitiva que la mujer del presidente codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación "genérica y eminentemente administrativa" que mantuvo con este centro.

La Guardia Civil reseña que algunos de esos correos fueron intercambiados entre Cristina Álvarez y Juan Carlos Doadrio, ya exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, pero "en su mayoría participan también otros interlocutores [...] con implicación en los asuntos que en ellos se tratan", como representantes de La Caixa o Reale.

El documento de la UCO forma parte ya de la pieza separada abierta por Peinado para analizar si pudieron cometer malversación Begoña Gómez, su asesora y el hoy delegado del Gobierno en Madrid y antes secretario general de la Presidencia, Fran Martín Aguirre. El juez investiga si Álvarez, con sueldo público, se excedió en sus funciones y se dedicó a hacer gestiones, desde su cargo en la Moncloa, para la actividad privada de la mujer de Sánchez. Gómez y su defensa han venido insistiendo en que es "penalmente intrascendente" que Álvarez haya podido mandar mails ligados a la actividad profesional de su jefa, porque lo hizo "como favor personal". La Fiscalía también entiende que no hubo malversación.

"De los correos tenemos muy poco que explicar. Se explican solos. Constatan una vez más que no hay nada. Su lectura permite ver la irrelevancia de las comunicaciones y que siempre se realizaron desde un correo privado [un GMail], no uno corporativo", defienden desde la Moncloa. En el Ejecutivo recalcan que no se trata de una correspondencia constante, "tres al mes" —para ser precisos, 3,18 mails por cada uno de los 38 meses analizados—, y que no se puede hablar de malversación. Apuntan un precedente que sí consideran sangrante: el de Jaime de los Santos, hoy diputado nacional y miembro de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo y entre 2012 y 2015 asesor de Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy. En aquellos años se publicaron fotos de ambos en las que se le veía al dirigente popular sujetando las bolsas cuando ella iba de compras. "¿Ir de compras por cuántos mails cuenta?", ironizan en el equipo de Sánchez.

El mensaje que emite el Gobierno es, por tanto, de serenidad. De que nada ha cambiado porque "no hay nada". Así que, según reiteró este lunes Montero, "la verdad se terminará imponiendo". En el Ejecutivo, insistió, tienen "mucha tranquilidad" y confían en la Justicia. Y eso "a pesar de que hay singularidades en los procedimientos que a todos nos llaman la atención", acabó.