El Gobierno se está acostumbrando a vivir al borde del abismo semana tras semana en el Congreso. Es territorio hostil. La Cámara baja le tumbó, solo el mes pasado, el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral —la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz—, y la delegación de las competencias migratorias a Cataluña, una proposición de ley que costó al PSOE más de un año pactar con Junts. La primera iniciativa cayó por el voto en contra de los posconvergentes. La segunda, por Podemos. Esta semana, como todas las primeras de cada mes, no se celebraron plenos, pero para la próxima se retoma la actividad en el hemiciclo y asoma una derrota parlamentaria del Ejecutivo bastante segura, la de su ley de movilidad sostenible, y una nada descartable, la de la convalidación del real decreto ley de embargo de armas a Israel.

Será, por tanto, otra sesión de Vietnam para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y serán, de nuevo, dos los protagonistas. Junts y Podemos. Los dos socios más rebeldes del bloque de investidura. Los que colocan el listón de las exigencias más alto. Pero de las dos votaciones que peligran, la más grave para la coalición, en términos económicos, es la que afecta a una de las leyes medulares de la legislatura y de las de mayor peso para el ministro de Transportes, Óscar Puente. De su aprobación depende nada menos que la llegada a España de 10.000 millones procedentes de los fondos europeos. Ya era tortuosa la suerte del decreto ley de embargo de armamento, y su futuro sigue sin quedar despejado, pero para la Moncloa, en caso de que se confirme el naufragio, no dejaría de ser un golpe más simbólico, porque cree que el liderazgo del presidente en la cuestión de Gaza y que el texto pueda ser tumbado "retrata" más a los que se oponen a él. En este caso, ni Junts ni Podemos han querido anticipar su voto.

El proyecto de ley fue aprobado por Consejo de Ministros en febrero de 2024 y el texto ya venía de la pasada legislatura, pero decayó con la disolución de las Cortes el 23-J. Tras muchos parones, el dictamen salió de la Comisión de Transportes el 23 de septiembre y llega a pleno el 8 de octubre

Para la ley de movilidad sostenible, el escenario está más despejado. Los morados adelantaron este miércoles su no al proyecto. El 8 de octubre, dentro de seis días, se someterá a votación, y hasta entonces todo puede pasar, pero el ambiente es de total pesimismo. En el Gobierno y en los grupos. Por la firmeza del rechazo de Podemos y porque la salvación del texto solo sería posible si acudiera al rescate del Ejecutivo una fuerza que siempre se alinea con el PP y Vox: Unión del Pueblo Navarro (UPN). El Ministerio de Transportes insiste en que no quiere dar nada por perdido, en que caben los giros de última hora, pero no mantiene por el momento abiertas negociaciones ni con la formación de Ione Belarra ni con los regionalistas navarros. Estos, no obstante, no quieren avanzar todavía qué hará su diputado en el Congreso, Alberto Catalán, porque lo tendrá que decidir la cúpula del partido a comienzos de la próxima semana, aunque admiten que la opción más probable es que la iniciativa decaiga.

El proyecto de ley de movilidad sostenible fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, al poco de conformarse el segundo Gobierno de coalición. El Ejecutivo elevó al Congreso el mismo texto que había presentado en diciembre de 2022 pero que decayó meses más tarde al disolverse las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Tras su vuelta a la Cámara baja, el texto ha ido sufriendo diversos parones. Hasta que el pasado 23 de septiembre logró desbloquearse y el dictamen fue aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso, con el apoyo del bloque de investidura —PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG— y PP y Vox en contra. En la comisión no está representado Podemos (por el Mixto se sienta el BNG), y por eso el proyecto pudo superar el trámite. Pero la semana que viene llega al pleno y es ahí donde puede decaer. Y si eso ocurre, el texto morirá y no podrá viajar hasta el Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

Los morados exigen, para poder apoyar la ley de movilidad sostenible, que se paralicen los "megaproyectos desarrollistas" del puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat en Barcelona

La ley busca asentar un marco regulatorio para el transporte y la movilidad y sus objetivos son varios: reconocer la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del bienestar; descarbonizar el transporte (reforzando por ejemplo el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la ley de cambio climático); poner en marcha un sistema "digital e innovador" y "mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad". Durante el debate, los socialistas pusieron en valor que el dictamen era el resultado del diálogo con el resto de los grupos en torno a las 800 enmiendas presentadas por ellos. Una de las reformas introducidas durante la tramitación, vía enmienda, es que se obligará a las grandes compañías energéticas a instalar puntos de recarga ultrarrápida —la que permite repostar un vehículo eléctrico en apenas cinco minutos— en las grandes gasolineras (aquellas con un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A superior o igual a 10 millones de litros a partir de 2025) en un plazo de solo 21 meses.

Sin embargo, el proyecto de ley, capital para el Ejecutivo, puede decaer el próximo miércoles. Por Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, avanzó este miércoles que sus cuatro diputados rechazarán el dictamen si el Gobierno no paraliza las ampliaciones del puerto de Valencia —que ya está en marcha— y del aeropuerto de El Prat en Barcelona. "La ley de movilidad sostenible no va a salir adelante si no se paralizan esos grandes megaproyectos desarrollistas, que son contrarios a la lucha contra el cambio climático", señaló en rueda de prensa en el Congreso.

"Contratos multimillonarios a grandes constructoras"

Para la dirigente morada, es "una enorme hipocresía y una enorme incongruencia política impulsar una ley que va a ser papel mojado, porque las políticas concretas del Gobierno son puro desarrollismo bipartidista, que agrava la emergencia climática y nutre de contratos multimillonarios a grandes constructoras que acaban siempre en gravísimos casos de corrupción". Belarra considera "inaudito" que la concesionaria del puerto de Valencia sea Acciona, "una compañía que está incursa en un gravísimo caso de corrupción actual en el seno del PSOE y que sigue recibiendo día tras día y mes tras mes centenares de millones de euros de dinero público que le sirven para comprarse a políticos del bipartidismo". La construcción de la terminal norte del puerto de Valencia está "bastante avanzada", recuerdan en Transportes. La ampliación del aeródromo de El Prat está incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, con un presupuesto de 3.200 millones, y afectará al espacio natural de La Ricarda.

En Transportes destacan que seguirán "intentando" la aprobación del proyecto "hasta el último minuto" y lo mejor, convienen, es perfil discreto. El proyecto figura en la adenda del plan de recuperación

En Transportes reconocen que las cosas no van bien. Que el proyecto de ley puede ser tumbado la próxima semana. "Pero vamos a intentarlo hasta el último minuto, y para eso es mejor mantenerse discreto y que no se radie el proceso", señalan. En el ministerio de Puente subrayan la importancia de la ley de movilidad sostenible, porque forma parte de la adenda del plan de recuperación, cuyo cumplimiento supondría la entrega, por parte de Bruselas, de 10.000 millones de euros. Una cantidad muy importante.

Los números, por ahora, siguen sin salir al Ejecutivo. Si en el pleno del miércoles las derechas de PP (137), Vox (33) y UPN (1) rechazan el proyecto, sumarían 171 votos en contra, por los 175 de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5) y el resto del Mixto —Coalición Canaria, BNG, Águeda Micó (de Compromís) y el exministro José Luis Ábalos—. Con Podemos en el no, habría empate a 175. El reglamento marca que si una iniciativa es sometida a votación y se repite un empate tres veces, entonces decae. La única salida que quedaría al Gobierno es intentar atraerse a UPN, y le bastaría una abstención para deshacer ese empate.

No hay diálogo abierto ahora mismo ni con los morados ni con los regionalistas navarros: "No estamos hablando nada, pero no vemos posibilidad de apoyar el proyecto de ley, así que apunta a que caerá"

Pero, por el momento, no hay negociaciones en marcha. No las hay con Podemos, que ya advierte de que no aceptará otras ofertas como la vuelta a la gratuidad del transporte —medida que finalizó el pasado 30 de junio—. Sus condiciones son las que son: la paralización de los proyectos de ampliación del puerto de Valencia y del aeropuerto de Barcelona. Tampoco hay por ahora diálogo abierto con UPN, como confirman en la formación navarra. "No estamos negociando ni hablando nada del tema con el Gobierno, pero no creemos que haya posibilidad de apoyar el proyecto de ley, así que todo parece que el proyecto caerá", señalan a El Independiente fuentes muy próximas al único diputado regionalista en la Cámara baja, Alberto Catalán, que concluyen que por ahora no se contempla ni una abstención ni mucho menos el sí. No obstante, la decisión la adoptará la cúpula del partido la próxima semana. Las dificultades son obvias.

Podemos pide un "embargo integral de armas"

La segunda gran votación que espera al Gobierno es la de convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel, prevista para el martes. Aquí el resultado es más incierto, porque ni Junts ni Podemos descubren sus cartas. En la Moncloa sí perciben que están más fríos los posconvergentes, mientras que creen impensable que los de Belarra puedan llegar a oponerse al texto, por muy insuficiente que lo crean.

A Podemos no le vale la petición de Sumar, que el decreto de embargo de armas se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios. Pero ni los morados ni Junts han desvelado aún su voto

Este miércoles, Junts sí votó a favor de la moción socialista en el Senado que reclamaba una "rotunda condena" del "genocidio" en Gaza y Cisjordania, un término que rechaza la dirección nacional del PP y que solo han abrazado algunos de sus barones. La iniciativa fracasó por el voto de populares (con mayoría absoluta en la Cámara alta) y Vox. Los posconvergentes remarcaron que hay que buscar soluciones ante el "terrible sufrimiento" infligido a las sociedades israelí y palestina. Pero el partido no ha dicho nada aún sobre el decreto ley de embargo. Podemos sí. Y lo ha hecho para mostrar su disconformidad con la redacción: el texto, tal y como está escrito, "no va a servir de nada" porque no aborda "elementos centrales" del problema palestino. Lo que quieren los morados, dijo Belarra este miércoles, es que el Gobierno "rectifique" y lleve a la Cámara "un embargo integral de armas", y no uno "fake" como el planteado, a su juicio, por el Gabinete.

A Podemos, por tanto, no le vale lo que pide Sumar: que el ala socialista permita que se tramite el decreto como proyecto de ley para poder introducir cambios y eliminar, por ejemplo, la disposición que permitiría al Gobierno contratar con Israel en ocasiones muy excepcionales y por razones de "interés general". "Todos los reales decretos leyes tramitados como proyecto de ley se han quedado durmiendo el sueño de los justos", recordó. Y es cierto que cuando el Ejecutivo consigue la convalidación de un decreto ley, acaba olvidándose de su promesa de tramitarlo como proyecto para poder incorporar cambios.

Belarra fue preguntada por los periodistas qué votarán entonces sus cuatro diputados. No quiso irse a esa pantalla todavía. Se quedó en la actual: mostrar su desacuerdo con el texto. "No nos gusta. Lo mejor que puede hacer el PSOE es traer otro decreto ley", indican en la cúpula. El voto de Podemos se decidirá, siguen, en los próximos días. Influirá en el partido, por ejemplo, la concurrencia de las manifestaciones contra Israel de este fin de semana, cuánto presión social se ejerza sobre el Ejecutivo. Pero no harán depender su voto de lo que haga Junts. "Nos da igual lo que hagan ellos", inciden. Para que el decreto ley de embargo salga convalidado, el Gobierno necesita de Junts y Podemos que al menos uno vote a favor y el otro se abstenga. Si los dos van a la abstención, el texto decae, porque la suma de PP, Vox y UPN da 171 y la del bloque de investidura, sin posconvergentes y morados, suma 168 apoyos.

Moncloa persiste en su estrategia de minimizar las derrotas parlamentarias: "Que lo expliquen los grupos. Si nos tumban la ley y el decreto de embargo se lo diremos a los votantes"

En el Ejecutivo minimizan la relevancia de esa potencial doble derrota de la semana que viene y ponen el foco en los grupos. "Que lo expliquen ellos. Si nos tumban la ley y el decreto de embargo se lo diremos a los votantes", recalcan. Y es que la nueva estrategia de la Moncloa, desplegada desde el arranque de este curso, hace apenas un mes, es la de ir a la ofensiva y naturalizar la pérdida de votaciones, con el objetivo de poner en un aprieto a sus socios, que sean ellos los que se "retraten" y cuenten a sus electores por qué rechazan medidas que generan consenso social, como ocurrió con la reducción de jornada o lo que sucede con el genocidio en Gaza.

"Todas las encuestas les dan fatal"

Entre los demás socios de investidura, cunde una cierta estupefacción. Algunos diputados dicen no entender la estrategia de Podemos. "Es que por ejemplo lo de la ley de movilidad sostenible es un desastre. Tanto trabajar en esa norma para esto. Está muy, muy trabajada. Así no avanzamos. Y encima ellos ponen por delante dos cosas que no tienen nada que ver: el puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat", asegura una diputada de una formación minoritaria. "Podemos preveía elecciones en octubre y, como no es así, intenta provocar la catástrofe. Y todo, ¿para qué? Es de traca. Todas las encuestas les dan fatal", afirma otro parlamentario de otra formación aliada del Ejecutivo. Y es que esta última reflexión cunde en el Gobierno: los morados están obsesionados con marcar distancias con el PSOE por su pugna a muerte con Sumar pero no sacan rédito electoral.

Entre los demás socios de investidura, cunde cierta estupefacción. "Es que lo de la ley de movilidad sostenible es un desastre. Tanto trabajar en ella para esto. Está muy trabajada", se queja una diputada

La última encuesta conocida es la de Opina360 —la consultora de Iván Redondo, exdirector de Gabinete de Sánchez— para Espejo público (Antena 3), difundida este 1 de octubre y que ha conmocionado fuertemente a todos los partidos por sus resultados: anticipa que ganaría las generales el PSOE, con un 30,4% de los votos (y 129-130 escaños, por los 121 que obtuvo en 2023). La segunda fuerza sería el PP (27,4% y 111 actas, 26 menos que ahora), y le seguiría, bastante cerca, Vox (20,6% y 74 parlamentarios). ERC y Bildu obtendrían siete asientos cada una; el PNV mantendría sus cinco diputados; Junts perdería dos escaños (de siete a cinco), y los grandes castigados serían los partidos a la izquierda del PSOE: Sumar se quedaría con cinco representantes y Podemos, con tres, por los 31 que obtuvieron juntos hace dos años. BNG pasaría de uno a dos escaños, Coalición Canaria se mantendría con un diputado y Aliança Catalana, la formación ultra y separatista de Sílvia Orriols, podría entrar en el Congreso (0-1).

Proyección de escaños de la encuesta de Opina360 para Espejo público (Antena 3) | FUENTE: OPINA360 | OPINA360

Así, el popular Alberto Núñez Feijóo podría ocupar la Moncloa, pero tendría que entenderse con un Vox extraordinariamente fuerte, con más de la mitad de su hipotético peso en la Cámara. Este sondeo, en cualquier caso, no preconiza ningún sorpaso de Podemos a Sumar —ningún estudio prevé ese escenario—, y sí coincide con todos los barómetros con que el hundimiento del espacio hace inviable la reedición de la coalición gubernamental. Dicho de otro modo, que los morados no sacan brillo a su ostensible distanciamiento del Ejecutivo. De ahí que en la Moncloa no entiendan su actitud. La próxima semana pueden recibir un doble correctivo. Días hay para negociar, pero el margen es muy estrecho.