A veces, en las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros, las de todos los martes, basta con ver la imagen. La foto de los oradores, los que arropan a la portavoz. La de este 7 de octubre era elocuente: Óscar López, titular de Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid; Mónica García, responsable de Sanidad y líder de Más Madrid; Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, portavoz del Ejecutivo y jefa de los socialistas aragoneses, y Diana Morant, al frente de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE. Cuatro ministros, cuatro líderes territoriales, tres de ellos del PSOE y una del socio minoritario de la coalición. Y dos de Madrid. Al menos, tres ministros candidatos (López, Alegría y Morant) y una posible (García). Los temas: defensa del aborto, defensa de la sanidad pública, defensa de la universidad pública. El corazón de la izquierda.
Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez quería lanzar este martes desde la Moncloa, con la sola presencia de esos cuatro ministros, era un poderoso mensaje: el contraste entre las políticas sociales de la coalición frente a lo que califica como mala gestión de los servicios públicos de los gobiernos autonómicos, la inmensa mayoría en manos del PP. Con un "ejemplo" clarísimo que se eleva sobre los demás: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. Las elecciones no están próximas, pero sí se empieza a caldear el ambiente, en buena medida porque en 2026, como poco, habrá dos comicios obligados, los de Castilla y León y Andalucía. Y a PSOE y Sumar les interesa subrayar las diferencias entre la gestión del Gobierno y el desempeño de los barones conservadores. Con Ayuso en la diana. Sobre todo ella. Aunque no solo, porque también la artillería apunta hacia Juanma Moreno, el presidente andaluz, ahora más debilitado por el escándalo de los cribados del cáncer de mama.
Nosotros hacemos también política", resume una ministra. El planteamiento de Ayuso es "hacerle oposición a Sánchez, nuestra estrategia es, más que mérito nuestro, mérito de ella y de Miguel Ángel Rodríguez", completan desde la Moncloa
Lo resumía una ministra tras la comparecencia: "Es que nosotros hacemos también política". El Gobierno busca salir claramente a la ofensiva e ir al campo de batalla. Persigue el cuerpo a cuerpo con Ayuso. "Porque ella es la que más carga contra nosotros", porque "su planteamiento político es hacerle la oposición al presidente Sánchez, así que nuestra estrategia es, más que mérito nuestro, mérito de ella de y MÁR", de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete, completaban desde la Moncloa. El Gobierno quiere llevar el debate al terreno de la gestión, donde se mueve más cómodo, y se comprobó con la oleada de incendios del verano, con la que sufrieron desgaste los barones del PP, especialmente el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.
Morant presentó el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que modifica la norma de 2021 y que supondrá que a partir de ahora, para autorizar nuevas universidades, se necesitará un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas, un informe de calidad elaborado de forma independiente por profesores elegidos por sorteo y con criterios objetivos. El nuevo procedimiento no se aplicará con carácter retroactiva.
Hasta ahora, existía un informe de calidad que elaboraban los técnicos del Ministerio de de Ciencia y que era preceptivo, no vinculante, lo que ha permitido que algunas comunidades aprobaran por la vía rápida, y sin estándares de calidad suficiente, nuevos campus. En definitiva, se pretende cortar en seco la proliferación de "chiringuitos" privados, así los definió Sánchez en marzo. La tramitación del real decreto ya fue anunciada por el Ejecutivo entonces y estaba programada para este Consejo de Ministros la aprobación del texto. La propia Morant, en su exposición, ya introdujo críticas a la gestión de los barones populares, y singularmente Ayuso. Recordó que España ha alcanzado un récord histórico de cerca de 1,9 millones de estudiantes —concretamente, 1.875.000— en el conjunto de universidades españolas en el curso 2025-2026, pero ese incremento lo están absorbiendo casi en exclusiva los centros privados. En la última década, el alumnado en las públicas ha crecido un 2%, y en las privadas, un 129%, por lo que el 30% de los universitarios estudia ya en las privadas, cuando hace 10 años era solo el 15%, y hace 20, apenas el 10%.
Algunas de las mejores universidades de España están en Madrid y están siendo absolutamente maltratadas" y lo que quiere Ayuso con su nueva ley "es la última estocada", suena a lo que "está pasando con Trump" en EEUU, señala Morant
"Pero las públicas no tienen suficientes plazas que ofrecer debido a la infrafinanciación autonómica", aseguró, tras reprochar que gobiernos autonómicos como el de Madrid "maltratan absolutamente" a las universidades públicas y las "asfixian". "Algunas de las mejores universidades de España están en la Comunidad de Madrid y están siendo absolutamente maltratadas. Esta nueva ley [que aprobará el Ejecutivo de Ayuso] es la última estocada del Gobierno madrileño y empieza a resonar en Madrid lo que está pasando con la Administración de Trump con universidades como Harvard o Columbia", avisó la ministra. Explicó que lo que está sucediendo es simple: las públicas solo pueden ofrecer un número bajo de plazas, tantas como les permite su mermada financiación de los gobiernos autonómicos, y eso hace que se eleve la nota de corte, lo que arroja a alumnos también brillantes (como los de Medicina u otras titulaciones sanitarias) a los brazos de la privada, de modo que lo preocupante es si en un futuro "volveremos a esa España en la que solo se podrá estudiar o no en función de si la familia lo puede pagar". El Gobierno de Ayuso ya ha anunciado recurso contra el decreto del Ejecutivo central.
La campaña específica contra Mazón
Morant aprovechó también la plataforma de la Moncloa para hacer oposición al Consell de Carlos Mazón (y así hacer campaña) al citar las subvenciones que aprobó este martes el Consejo de Ministros vía real decreto para una decena de entidades que promueven la investigación científica, las lenguas cooficiales y el fomento de la educación y la cultura en España. En total, 1,8 millones. La ministra se refirió expresamente a la subvención directa, de 198.000 euros, para la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Cantidad, dijo, que servirá para "defender nuestra lengua frente a la asfixia económica y los recortes a los que se está viendo sometida la Academia por parte de la Generalitat Valenciana". El montante no es el más alto: el Institut d'Estudis Catalans recibirá 333.170 euros, igual que la Real Academia Galega, y solo un poco por encima de los 333.000 que ingresará la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).
La titular de Ciencia aprovecha para explicar los 198.000 euros de subvención que recibirá la Acadèmia Valencia de la Llengua, a la que el 'president' valenciano está "asfixiando"
Pero lo que el Gobierno intentó fue el efecto suma. Que no solo Morant abriera fuego contra las autonomías del PP. Y el refuerzo lo recibió de Óscar López y de Mónica García. Ambos los líderes de sus respectivos partidos en Madrid. La titular de Sanidad presentó un informe sobre la situación del aborto en España. Y, obviamente, era otra respuesta al tiro en el pie que se disparó la semana pasada el PP, cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avaló con su grupo la proposición de Vox que instaba al Ayuntamiento a proporcionar, en los servicios municipales, y de forma obligatoria, información sobre un falso síndrome posaborto. El regidor acabó reculando ante la escalada de la polémica, pero el Ejecutivo no ha dejado de lanzar misiles.
El viernes, la Moncloa planteó una reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo —imposible sin el concurso del PP— y la modificación del real decreto de 2010 para impedir la divulgación de información sin evidencia científica —texto que llegará en las próximas semanas al Consejo de Ministros—. El lunes, Sánchez envió por carta un requerimiento a los presidentes de Aragón, Baleares, Madrid y Asturias (esta, la única del PSOE) para que en un plazo de tres meses creen el registro de personas objetoras al aborto, como prescribe la reforma de la ley de 2023 y el protocolo acordado por unanimidad con las CCAA en diciembre de 2024. Aragón, Baleares y Asturias se comprometieron a cumplir la ley pero Ayuso replicó que se tomará su tiempo pero adelantó que esa herramienta solo sirve para "estigmatizar" a los sanitarios.
García lanza dos "avisos": a Almeida "y a todos los negacionistas": "No vamos a permitir coacciones ni desinformación a las mujeres". Otro a Ayuso: "La ley se cumple, punto, no hay más"
Desde la Moncloa respondió a la presidenta madrileña García, su antigua rival en la Asamblea autonómica: "La presidenta de la Comunidad lo que está haciendo es una amenaza explícita a no cumplir la ley. Y la ley en nuestro país se cumple. En caso de incumplimiento, vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla", incidió la ministra de Sanidad. Dejó sobre la mesa "dos avisos, dos advertencias": "Uno al señor Almeida y a todos los negacionistas, expendedores de bulos y fanáticos profesionales. No vamos a permitir coacciones ni tampoco desinformación a las mujeres. Y también a la señora Ayuso: uno muy sencillo: la ley se cumple, punto, no hay más".
A ambos les recordó lo que ocurrió en 2014, cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que dimitir tras la contestación de las mujeres a su contrarreforma del aborto, más restrictiva incluso que la ley de supuestos de 1985: "La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Gallardón y tuvo que hacer las maletas. Así que, que se atengan quienes quieran jugar con los derechos conquistados de las mujeres", remachó la jefa de Más Madrid.
La titular de Sanidad recuerda que Madrid registra un gran número de abortos, igual que Andalucía, pero en ambas el porcentaje de los que se practican en la red pública es mínimo: 0,47% y 0,20%
El informe de Sanidad [aquí en PDF] refleja datos contundentes. Madrid tiene la tercera tasa de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) más elevada del país, y sin embargo el porcentaje de abortos que se realiza en la red pública de la región es solo del 0,47% (dato de 2024). En Andalucía, que gobierna el PP de Juanma Moreno, el número de IVE en centros públicos es aún menor, del 0,20%.
El anteproyecto de la Ley de Administración Abierta
"Cuatro de cada cinco abortos en España se sigue haciendo en la privada y basta con que Madrid y Andalucía alcancen el nivel de las comunidades autónomas más avanzadas para que de un salto histórico cuantitativo", señaló García, quien precisó que las dos comunidades suman casi el 50% de todas las IVE que se practican en España, "lo que significa que juntas suponen 4 de cada 10 abortos en nuestro territorio". Las CCAA en las que porcentualmente más se realizaron interrupciones del embarazo en centros públicos en 2024 son Cantabria (88,50%), Galicia (77,01%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,83%) y Cataluña (55,14%). El resto de autonomías están por debajo del 50%. De los 106.172 abortos registrados en 2024, 22.563 (el 21,25%) se practicaron en la red pública, por los 83.609 (el 78,75%) que se hicieron en centros privados.
El ministro López apostilla que la del aborto no es la única ley que incumple Ayuso: también lo hace con la de vivienda o la de memoria democrática
López también arropó la argumentación de la ministra de Sanidad. El incumplimiento de Madrid con la ley del aborto, dijo, no es el único: también lo hace Ayuso, siguió, con la ley de vivienda y la de memoria democrática.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública comparecía para detallar el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, que obligará a publicar las agendas institucionales y viajes de todos los altos cargos y máximos responsables públicos. Además, se incluye la regulación, por primera vez, de un régimen de infracciones y sancionador a los altos cargos que incumplan las disposiciones en materia de transparencia, de manera que se refuerza al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dándole la potestad de imponer multas coercitivas de 600 a 1.000 euros. López presentó asimismo el IV Plan de Igualdad de la Administración General del Estado aprobado este martes por el Consejo de Ministros, para impulsar así una "presencia equilibrada de hombres y mujeres en todas las categorías y escalas" y con medidas dirigidas a acabar con la brecha salarial entre sexos en la Administración. Otro ejemplo de contraste con las políticas del PP.
El Ejecutivo pone la vista también en el escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía: la ministra avanza que solicitará a todas las CCAA información sobre estos programas para mujeres
Durante la rueda de prensa no hubo preguntas sobre el cribado de cáncer de mama en Andalucía, aunque sí las esperaba la ministra García. Ella, después, en el programa Directo al grano de La 1 (TVE), adelantó que, tras haber comenzado con Andalucía, solicitará a todas las CCAA información sobre sus programas de cribado de cáncer de mama para realizar un "estudio pormenorizado" sobre su situación en toda España, informa EFE. La líder de Más Madrid señaló que lo ocurrido en Andalucía —2.000 mujeres que se hicieron una mamografía cuyo resultado no fue concluyente y que no fueron llamadas para una segunda prueba diagnóstica y así despejar dudas— no es un fallo informático, sino una "disfunción estructural", al que ni la Consejería de Salud ni el propio presidente Moreno han dado "importancia". "Fallar en esto es fallarle al sistema y por supuesto es fallarle a las mujeres de Andalucía", subrayó García, tras avisar de que esta comunidad "ha seguido exactamente los mismos pasos que han seguido las otras del Partido Popular, como puede ser la de Madrid".
"Es que ya se empieza a notar la gestión de las autonomías y empieza a notarse el mapa azul, y se trata de decir que hay políticas del PP que no compartimos", justifican en la Moncloa. En el Gobierno reconocen que en la comparecencia de este martes concurrieron varios factores: el real decreto sobre universidades que ya estaba previsto y el informe sobre la situación del aborto, que evidentemente es una "reacción" a la metedura de pata de Almeida de la semana pasada.
Ayuso, "la antítesis más perfecta y visible" del Gobierno
Y aunque la rueda de prensa se dirigía a todos los barones populares —no hay que olvidar que López, Alegría y Morant son seguros ministros candidatos, mientras que Más Madrid deberá decidir si en 2027 García repite—, el centro se situaba en la crítica a Ayuso. Porque ella "es el espejo en el que se miran los demás, es el bastión del PP, el que siempre han sostenido". "Lo que ocurre es que ella está empoderada y hace la pinza a [Alberto Núñez] Feijóo", siguen relatando fuentes del equipo de Sánchez, "no tenemos más mérito que el de la realidad. Porque Feijóo no tiene poder, lo tienen sus barones, y la estrategia del Gobierno es pelear por el patio de la gestión y combatir las políticas que hace el PP".
No tenemos más mérito que el de la realidad. Porque Feijóo no tiene poder, lo tienen sus barones, y la estrategia del Gobierno es pelear por el patio de la gestión y combatir las políticas que hace el PP", destacan fuentes de la Moncloa
Ayuso representa, para la Moncloa, "la antítesis más perfecta y visible" del Gobierno, la dirigente del PP que "despliega una gestión muy ideológica y que ha decidido ser como Vox". Una decisión, la de que los populares se dejen "arrastrar y mimetizar por la ultraderecha", que los socialistas están dispuestos a refutar. Y recuerdan, en el círculo del presidente, que para eso decidió situar al frente del PSOE de Madrid a uno de sus hombres de máxima confianza, Óscar López.
"Solo faltaban en la rueda María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres", ironizaba un miembro del Ejecutivo. Ellos dos, la vicepresidenta primera y el titular de Política Territorial, líderes socialistas a su vez en sus territorios, Andalucía y Canarias, también son ministros candidatos. La categoría por la que Sánchez apostó en este ciclo electoral tras la devastación que sufrió el PSOE con las últimas autonómicas y municipales, las de mayo de 2023, en las que perdió prácticamente todo su poder territorial. Comienza la carrera para recuperarlo. Y el presidente quiere que los suyos lo hagan desde el vistoso escaparate de la Moncloa.
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