"La verdad es que nos ha venido Dios a ver". En el Gobierno no acaban de dar crédito a lo sucedido en las dos últimas semanas. Cuando aún la polémica por las pulseras antimaltrato no se había apagado y continuaba estrechando el cerco sobre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se encendía para los socialistas una luz al fondo. Dos. Cada vez con más potencia. Hasta saltar a la esfera nacional y ocupar el espacio político. El aborto en Madrid. Los cribados del cáncer en Andalucía. Dos cuestiones de enorme alcance, muy controvertidas, de naturaleza diferente pero que giraban y giran en torno al PP y a dos de sus barones, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, y que tienen como protagonistas a las mujeres. Ellas no solo son la mitad de la población, sino un electorado muy poderoso, y el que tradicionalmente ha simpatizado más con el PSOE. La rendija para "afianzar y ganar el voto femenino" se había abierto delante de la Moncloa, y la Moncloa decidió aprovecharla.
Pedro Sánchez acabó el curso político a la defensiva, en un shock absoluto, como su partido, tras el informe de la Guardia Civil que llevó a prisión provisional —donde continúa— a su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y que desnudó el machismo rampante del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al destapar unas conversaciones vomitivas entre ambos en las que hablaban de mujeres prostituidas como si fueran pura mercancía. Una suma, corrupción y prostitución, que asqueó a los socialistas y que les hacía perder parte de su nicho más sagrado. Lo revelaron las encuestas. La intención de voto a los socialistas de las mujeres se precipitó del 26,2% de junio al 19,4% de julio, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); del 25% al 21,1%, según la encuestadora 40dB para El País y la SER.
El presidente decidió pasar a la ofensiva a la vuelta del verano. Combatir a la derecha a partir de un debate "más ideológico y de fondo", en defensa del Estado del bienestar. "Es de lo que queremos hablar, donde ganamos. Se trata de hablar de gestión, contrastar la del Gobierno con la de las comunidades autónomas donde el PP gobierna, para pasar al ataque para defender esos derechos en todo el país. Lo que ocurre es que es muy difícil separar esa mala gestión de la propia Ayuso, porque es una dirigente muy visible y aprieta mucho, y llega muy lejos en esa destrucción del Estado del bienestar. Además, ella carga a diario contra nosotros", explican fuentes de la Moncloa.
La estrategia comenzó a desplegarse a primeros del mes pasado, cuando de manera evidente Sánchez desdeñó a Alberto Núñez Feijóo en la reunión con sus parlamentarios en el Congreso, una línea de actuación en la que ha profundizado en las siguientes semanas. "El líder del PP va a ser la víctima de la pinza entre Ayuso y el propio presidente del Gobierno. Por nuestra parte, atacamos al que gobierna, no al jefe de la oposición, al que simplemente damos ánimos", ironizan desde el Ejecutivo, evocando el "ánimo, Alberto" con el que Sánchez pretendió herir a Feijóo el pasado miércoles en la sesión de control en la Cámara baja, después de que este anunciara que lo llamará a comparecer en la comisión Koldo del Senado este mismo mes.
La planificación trazada por los socialistas encontró buena mar. Primero, por la proposición de Vox que el Grupo Popular apoyó en el Ayuntamiento de Madrid por la que aceptaba que los servicios municipales tuvieran que informar a las mujeres de un síndrome posaborto que ninguna evidencia científica respalda. Un peligroso barco del que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tuvo que apearse a la vista de las complicaciones que traía para su partido.
Pero el Gobierno explotó enseguida el gol en propia puerta de los populares. Primero planteó una reforma constitucional para blindar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo —un cambio que no prosperará, por el rechazo del PP— y una modificación del reglamento que desarrolla reglamentariamente la ley del aborto para impedir que se proporcione información sin respaldo científico. Luego, Sánchez requirió por carta a los presidentes de cuatro comunidades (Aragón, Baleares, Asturias y Madrid) que crearan un registro de personas objetoras al aborto, como mandata la modificación legal introducida en 2023 y como todas las CCAA acordaron en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en diciembre de 2024, en una resolución de obligado cumplimiento para todas. Los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias, el único socialista de los cuatro) aceptaron avenirse al requerimiento. Madrid no.
"Váyanse a otro lado a abortar", espetó Ayuso este jueves a la oposición en la Asamblea de Madrid, tras confirmar que no hará "listas negras" de sanitarios, y eso que la Comunidad sí dispone de un registro de objetores a la eutanasia, conforme a la ley. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". La presidenta madrileña acababa de resucitar una polémica incómoda para su partido, dando ocasión al Gobierno para inyectar más combustible. "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", escribió Sánchez en X. El presidente añadió que su Ejecutivo "usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid". "Si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", avisó.
Lo que estaba anticipando Sánchez es una gran batalla legal contra Ayuso, en caso de que ella no ceda. En la Moncloa ya apuntan qué dos caminos podrían explorarse. Uno, la vía del recurso contencioso-administrativo, porque la creación del registro de objetores de conciencia al aborto se acordó por consenso en el CISNS en diciembre de 2024, y ese protocolo lo han de cumplir todas las autonomías. Dos, un conflicto negativo de competencia ante el Tribunal Constitucional, por la que el Ejecutivo le insta a que obligue a Madrid a ejercer sus atribuciones, pero esta alternativa, avanzan en el equipo de Sánchez, es "más lenta y más largo plazo".
El posicionamiento tan rotundo de Ayuso, parejo al de Vox —decía la portavoz socialista, Montse Mínguez—, forzó a Feijóo a salir al paso. Lo hizo a través de una carta en redes sociales. "Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", escribió. La Moncloa entendió ese comunicado como una enmienda a la presidenta madrileña. "Isabel, Alberto tiene una carta para ti", ironizó Sánchez en X.
La polémica siguió coleando este viernes. La utilizó la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, desde San Fernando (Cádiz): es "lamentable", dijo, que la presidenta de la comunidad que quiso erigirse en "la bandera de la libertad" en pandemia, apelando a la "libertad de tomarse una caña", diga ahora que quien quiera abortar debe "irse" de Madrid. Es el PP el que "siempre tiene un problema en relación con los derechos de las mujeres", aseguró, pero el Gobierno de España va a blindarlos a través de la Constitución porque "no pueden ser objeto de intercambio, de trueque" con Vox. Pero el Ejecutivo no dispone, ni sumando a todos sus socios, de una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para reformar la Carta Magna: necesita al PP, que se opone a ese blindaje del derecho al aborto.
Tampoco ha amainado la tormenta para la Junta de Andalucía, muy severa e inconveniente para los populares a escasos meses de las próximas elecciones autonómicas en las que arriesgan la mayoría absoluta conquistada en 2022. El presidente autonómico, Juanma Moreno, sigue todavía bajo la tempestad aun después de que el miércoles forzara la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. Las protestas ciudadanas por los fallos detectados en la información del cribado del cáncer de mama continúan, y no cesa las peticiones de dimisión del propio Moreno. Siguen aflorando casos de mujeres que no recibieron información de sus pruebas diagnósticas a tiempo, una demora que para muchas de ellas tuvo consecuencias por la detección más tardía del tumor.
La Junta, no obstante, defiende que no tiene constancia de que ninguna persona que tuviera un diagnóstico no concluyente hubiera fallecido por los retrasos en la realización de la siguiente prueba, y sigue ciñendo el problema al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Moreno anunció un plan de choque de 12 millones de euros y 119 nuevos profesionales, una respuesta que a la oposición le parece insuficiente. Por ahora, son 2.000 las mujeres afectadas por los fallos, según los números del propio Gobierno autonómico, cifra que los socialistas creen que se queda muy corta. "Lo del cáncer de mama es solo la punta del iceberg", apuntan en el PSOE-A, que no ha dejado de denunciar que el problema radica no en un error informático, sino en un "desmoronamiento estructural" de la sanidad pública andaluza.
Lo reiteró la vicepresidenta Montero este viernes, advirtiendo de que "ya habrá tiempo" de pedir la dimisión de Montero "cuando se convoquen las elecciones", previstas para junio de 2026. "Lo que exijo es una respuesta ya, rápida, ágil, respecto a lo que ha ocurrido y qué es lo que vamos a hacer para intentar que en el futuro no se provoque este problema sabiendo que hay que hacer una revisión global del sistema sanitario. Esto no va de un error informático, esto va justamente de que el sistema ha colapsado y este es el síntoma de que el sistema ha colapsado", sostuvo la ministra de Hacienda, quien acusó al jefe de la Junta de "mentir", al intentar hacer ver que la crisis de los cribados "era algo muy pequeño".
Ayuso y el escándalo andaluz han nutrido de argumentos a los socialistas para tirar del estratégico voto femenino. Sobre todo después de meses de zozobra por el impacto de las conversaciones de Ábalos con Koldo y los fallos en las pulseras antimaltrato. La confianza de las mujeres en el PSOE, no obstante, ya se había empezado a recobrar, de nuevo según los estudios demoscópicos. El barómetro del CIS apuntaba que la intención de voto al PSOE de las mujeres crecía desde el 19,4% de julio hasta el 25,9% de septiembre. Este próximo lunes se publica el estudio de octubre de 2025. Misma evolución ascendente según 40dB: 21,1% en julio, 21,5% en septiembre y 25% en octubre. En las generales de julio de 2023, el voto femenino fue capital para que Sánchez retuviera el Gobierno: el 30,8% de las mujeres apostó por el PSOE, por el 23,2% que prefirió a Feijóo. El 56,1% de los que introdujeron en la urna la papeleta del puño y la rosa eran mujeres; el 43,9%, hombres. El PSOE es un partido eminentemente femenino.
"El PP creyó que la manera de acabar con nosotros era quitarnos voto femenino y fueron a por nosotros —señalan en el círculo del presidente—. El flanco que encontraron abierto era el de la prostitución. Y ahora se les suman los cribados del cáncer de mama en Andalucía y una Ayuso a la que no pueden decirle que no a nada, pero que han tenido que salir a corregirle. Porque el tema del aborto abre en canal al PP. Nosotros estamos comiendo palomitas". En el Ejecutivo insisten en que para los socialistas "siempre" ha sido capital el voto femenino, y por eso intentaron atajar desde el principio esa vía de agua. "Pero en puridad la estrategia de ahora no es nuestra, ya que han sido ellos los que se han enredado con los dos temas. Lo que sí es nuestro es el intento de aprovechar esos dos asuntos serios en los que el PP se ha equivocado".
Lo que busca Sánchez ahora es "afianzar" el voto femenino recuperado en las últimas semanas y "ganar" más apoyos entre mujeres del espectro más conservador que se han sentido conmovidas tanto por la polémica de la interrupción voluntaria del embarazo como por los fallos en la detección del cáncer de mama. "El PP no es tonto, se ha dado cuenta de que está en un lío muy gordo con la mitad de la población —reflexionan en la Moncloa—. Por el aborto y porque la cuestión de los cribados no solo hace daño a Moreno, sino que impacta en toda España y contribuye a la imagen de mala gestión, y eso es terrible para un PP que ha construido su imagen de que sus gobiernos son buenos gestores. Pero llegaron la dana, los incendios... y ahora esto. Oyes testimonios de mujeres afectadas, las protestas en las calles. A esa gente que la consejera haya caído les da igual, lo que quieren es que se arregle la sanidad pública y se ha visto que la Junta ha precarizado el sistema. Juanma se va a encontrar con muchas más mujeres afectadas, y mujeres fallecidas porque no se les avisó a tiempo. Este asunto no va a apagarse de aquí a las elecciones andaluzas, igual que no se ha apagado la dana casi un año después".
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