El Gobierno asegura que es el primer "sorprendido" de que personas de su "confianza" estén implicados en asuntos de presunta corrupción. Alega que no sabía nada, que nunca supo nada, que nunca vio nada raro. Una plantilla que ya aplicó al caso Koldo / Ábalos / Cerdán y que ahora repite con la nueva investigación, todavía bajo secreto de sumario, que dirigen la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que está judicializada en la Audiencia Nacional. Una causa que ha supuesto la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y de Antxon Alonso, el dueño de la mercantil Servinabar 2000, participada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La operación continuaba este jueves con 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios en varias provincias, entre ellas Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

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Un nombre está ligado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero. Es el de Vicente Fernández, a quien ella nombró presidente de la SEPI, el brazo industrial del Gobierno, en junio de 2018, y que abandonó el cargo apenas un año después, en octubre de 2019, por su imputación por la Audiencia de Sevilla por el supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar, causa por la que fue absuelto, junto a otros 15 acusados, el pasado 5 de diciembre. "No tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", respondió Montero a los periodistas este jueves a su llegada al Congreso, al último pleno del año, para defender la segunda votación de la senda de estabilidad.

Montero sobre Fernández: "Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones. Ni tenemos un entorno que compartamos. No tenemos amigos de amigos"

Fernández salió de la SEPI, el holding del Gobierno que depende del Ministerio de Hacienda, en octubre de 2019, pero la vicepresidenta no nombró a su sustituta, Belén Gualda, hasta marzo de 2021. 17 meses después. La ministra quería haber repuesto a Fernández en su cargo, y por eso dejó descabezada la SEPI —al frente se quedó, de manera provisional, el que era vicepresidente, Bartolomé Lora—, pero el rechazo de los recursos de la causa de la mina de Aznalcóllar hizo que sus planes descarrilaran.

Montero señaló que no ha tenido "ningún contacto con este señor" desde que abandonó el grupo empresarial: "Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de seis años, no está dentro del grupo de personas que habitualmente despachan y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinabar [el pasado junio] y fue entonces cuando yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".

La vicepresidenta explicó que la primera vez que oyó hablar de Servinabar fue en verano, cuando se conoció que Cerdán era el dueño del 45% de las acciones de la mercantil, según la UCO. Y defendió también la elección de Fernández como presidente de la SEPI, porque había sido "interventor general de la Junta de Andalucía, del cuerpo de letrados de la Junta". "Tiene toda una trayectoria trabajando" en el Ejecutivo regional, "o sea que su perfil profesional es un perfil que avala su nombramiento". Es decir, que no lo eligió en 2018 por ser una persona de su confianza, sino por su perfil y su carrera profesional.

La vicepresidenta subraya que el "perfil profesional" de Fernández, que fue interventor general de la Junta, "avala su nombramiento" en 2018

Montero insistió en que no sabe qué periodo se investiga, porque "todo" está bajo secreto de sumario, así que solo conoce lo que va publicándose en los medios. "Todo lo que conozco de Servinabar", la empresa en la que Fernández recaló entre 2021 y 2023 como asesor externo, "es posterior a su salida de la SEPI". "No puedo informarles de más, porque no tengo información. Tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que aclaren qué es lo que exactamente están investigando", remachó.

Por lo demás, la vicepresidenta reiteró la "total colaboración con la Justicia" en este y en el resto de casos. "Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y a los que más nos duelen comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno, que hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético", apuntó, para mostrar su confianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la disponibilidad del Ejecutivo para cooperar para que "la investigación llegue hasta el final, hasta donde tenga que llegar y, por supuesto, que respondan ante la Justicia todos aquellos que, presuntamente, hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama".

La vicesecretaria general reconoce que la cadena de casos "duele" e "impacta" en el partido, pero quedan todavía "muchos proyectos" al Ejecutivo: "Eso es lo que nos motiva y nos anima"

El estado anímico del PSOE es de abatimiento total. La propia Montero, vicesecretaria general de la formación y líder de los socialistas andaluces, reconoció que esta cadena de casos "duele" e "impacta" en el partido. Pero eso no hará, señaló, que la legislatura se frene: el presidente, Pedro Sánchez, ya ha trasladado, dijo, que el Ejecutivo tiene todavía "muchos proyectos" y "retos" por delante, como la vivienda, la subida del salario mínimo o la presentación de un nuevo modelo de financiación. "Eso es lo que nos motiva y nos anima, el saber que trabajamos para el interés general de los ciudadanos", remachó.

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