La UCO destripa la "caja b" de Ábalos y Koldo en el día más largo de la historia del Supremo: "Las 'chistorras' son sin duda billetes de 500 euros"

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han testificado este lunes en el Tribunal Supremo en el juicio del 'caso mascarillas', donde han desgranado a última hora del día los informes patrimoniales del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, poniendo el foco en los ingresos en efectivo detectados en sus cuentas. Los investigadores han subrayado especialmente el “cambio de tendencia” que sitúan en 2020, cuando el entorno de Koldo comienza a registrar un volumen de dinero en metálico muy superior al de años anteriores, hasta superar los 600.000 euros entre 2018 y 2021.

Según han explicado, ese incremento se refleja con claridad en 2020, con ingresos en efectivo que alcanzan los 130.000 euros frente a cifras muy inferiores en ejercicios previos. En conjunto, la UCO sitúa en torno a 1,4 millones de euros los ingresos en cuentas de Koldo y su entorno, con operaciones en metálico que rondan los 350.000 euros. Aunque parte de esas cantidades figuran con concepto, los agentes advierten de que “distan mucho de estar justificadas” y señalan además ingresos sin explicación por valor de cientos de miles de euros entre 2020 y 2022, al tiempo que el exasesor afronta la compra de tres inmuebles y la amortización de préstamos por más de 250.000 euros sin que su capacidad económica declarada lo sustente.

En el caso de Ábalos, los agentes han apreciado un patrón “similar”, aunque con menores cuantías, con un aumento de los ingresos en efectivo que alcanza su punto máximo también en 2020 y un descenso posterior coincidente con su salida del Ministerio. A ello suman la ausencia de retiradas de efectivo durante varios años, lo que, a su juicio, apunta a la existencia de una fuente externa de liquidez. En este contexto, han descrito una operativa basada en una supuesta contabilidad paralela denominada "caja b" o 'lista número 2'— y han sido tajantes al interpretar el lenguaje empleado por Koldo en sus comunicaciones: “No queda ningún tipo de duda” de que las 'chistorras' a las que hace referencia son dinero en metálico, concretamente billetes de 500 euros.

Durante la vista, el fiscal Alejandro Luzón ha llegado a reconocer el desgaste de los comparecientes por la duración de la sesión, al señalar que el mando “lleva más de doce horas” declarando, si bien los agentes han indicado que continuarían “lo que se pueda”. La jornada ha incluido además varios recesos y se ha desarrollado con la presencia de los acusados, que han sido trasladados desde el centro penitenciario de Soto del Real y regresarán al mismo tras finalizar la sesión.

Y sobre el exministro, han visto "llamativo" que entre 2014 y 2017 hubo retiradas en efectivo de su cuenta de 19.500 euros, mientras que entre 2018 y 2023 bajó a cero, "lo que indicaría" que existe "una fuente de efectivo de la que estaría disfrutando".

Los agentes hallaron además un cambio de tendencia a partir de 2021, cuando cesó como ministro. En 2020 han destacado el "punto álgido" de la mayor cantidad de ingresos en efectivo, si bien un año después, cuando salió del Ministerio, se produjo un "descenso notorio". Y han subrayado cómo Koldo se sorprendió de que Ábalos hubiera gastado en dos años 432.000 euros, una cantidad "muy elevada" para un periodo "muy corto".

14 horas de juicio

La décima sesión del juicio se ha convertido en la más larga hasta ahora, con una maratoniana declaración de varios mandos de la UCO que, durante más de nueve horas, han defendido en el Tribunal Supremo los indicios recabados contra Ábalos, su exasesor Koldo y el empresario Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia. Los investigadores han situado a Ábalos como pieza “fundamental” de la trama por su capacidad de abrir puertas institucionales, aunque han señalado que quien realmente ejercía el mando era Aldama: “El que paga manda”.

Los agentes han sostenido que la presunta organización tenía acceso “rápido y directo” a altas instancias del Estado y a distintos ministerios, algo que vinculan al peso político de Ábalos y a la capacidad de intermediación de Koldo. En esa línea, han citado gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y la visita a España de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez. También han asegurado que Ábalos y Koldo siguieron recibiendo dádivas incluso tras salir del Ministerio, entre ellas pagos mensuales y el alquiler del piso de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, con el objetivo de mantener la influencia política de Ábalos.

La jornada también ha abordado los supuestos enchufes de personas vinculadas al exministro en empresas públicas. La UCO ha afirmado que Jéssica Rodríguez no llegó a trabajar en Ineco y Tragsatec y ha atribuido un “rol destacado” en su contratación a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Sobre Claudia Montes, han relatado que pasó en cuestión de horas de estar al borde del despido en Logirail a ser ascendida como supervisora. Además, los agentes han defendido la solidez de la cadena de custodia de las pruebas intervenidas y han rechazado cualquier posibilidad de manipulación de las evidencias obtenidas en los registros.