La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una tecnología plenamente integrada en la vida cotidiana, desde los algoritmos que recomiendan contenido hasta sistemas capaces de tomar decisiones automatizadas en ámbitos sensibles como la banca, el empleo o la sanidad. Este crecimiento acelerado ha obligado a gobiernos e instituciones a establecer límites claros para evitar abusos, proteger derechos fundamentales y garantizar un desarrollo ético.
En este contexto, España ha dado un paso clave con la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, alineado con el Reglamento Europeo de IA. Se trata de una normativa ambiciosa que no solo establece obligaciones, sino que también identifica prácticas directamente prohibidas y fija un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual de las empresas.
El texto, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, responde a una creciente preocupación social por los riesgos de la IA, especialmente en lo relativo a la manipulación, la privacidad y la desinformación. Además, sitúa a España como uno de los países más avanzados en regulación de esta tecnología, apostando por un modelo que busca compatibilizar innovación con protección de derechos.
Las prácticas de la IA prohibidas por la ley
La nueva normativa recoge de forma explícita una serie de usos de la inteligencia artificial que quedan totalmente vetados por considerarse una amenaza directa para los derechos fundamentales.
Entre ellos destacan:
- El uso de técnicas subliminales o manipulativas destinadas a alterar el comportamiento de las personas sin su consentimiento, especialmente cuando puedan provocar perjuicios.
- La explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación socioeconómica, como sistemas dirigidos a influir en menores o colectivos en riesgo.
- La clasificación biométrica de personas según categorías sensibles como ideología política, orientación sexual o creencias religiosas.
- Los sistemas de "puntuación social" que evalúan a los ciudadanos en función de su comportamiento o características personales para condicionar su acceso a servicios como créditos o ayudas públicas.
Estas prácticas, ya recogidas en el marco europeo, buscan evitar escenarios de control social o discriminación automatizada.
Los deepfakes y contenidos ultrafalsos, bajo lupa
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la prohibición expresa de determinados usos de los deepfakes, especialmente aquellos de carácter sexual. Esta medida llega tras polémicas recientes relacionadas con la generación de imágenes falsas de desnudos mediante herramientas de inteligencia artificial.
La normativa prohíbe:
- La creación o difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento.
- Sistemas diseñados para suplantar la identidad de personas con fines engañosos o dañinos.
Además, la ley refuerza la obligación de identificar claramente los contenidos generados por inteligencia artificial, con el objetivo de que los usuarios puedan distinguir entre lo real y lo artificial.
Coto a una IA que explota comportamientos o adicciones
La ley también pone el foco en sistemas que aprovechan debilidades psicológicas o comportamientos adictivos para influir en los usuarios.
Quedan prohibidos, por ejemplo:
- Chatbots capaces de detectar adicción al juego y empujar al usuario a apostar.
- Sistemas diseñados para manipular decisiones de consumo de forma agresiva o engañosa.
El objetivo es evitar que la IA se convierta en una herramienta de explotación comercial basada en la vulnerabilidad del usuario.
Riesgos para menores y colectivos vulnerables
La protección de los menores es otro de los pilares de la normativa. En este sentido, se prohíben sistemas de IA que puedan poner en riesgo su integridad física o psicológica.
Entre los casos contemplados:
- Juguetes inteligentes que inciten a realizar retos peligrosos.
- Aplicaciones que fomenten comportamientos dañinos o adictivos en menores.
También se refuerza la protección de personas mayores o con discapacidad frente a sistemas que puedan manipular su comportamiento.
Las multas millonarias
El régimen sancionador es uno de los aspectos más contundentes de la ley. Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves, con sanciones que varían significativamente:
- Hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global para infracciones muy graves.
- Sanciones intermedias para infracciones graves.
- Multas desde 6.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en los casos más leves.
Por ejemplo, comercializar un sistema de IA prohibido o utilizarlo de forma deliberada podría acarrear las sanciones más altas.
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