El DAO de la Guardia Civil ocultó a la UCO una nota interna en la que ya se advertía sobre la campaña de las cloacas del PSOE

La desconfianza y la ruptura de la lealtad interna han alcanzado la cúspide en la cúpula de la Guardia Civil. Según han confirmado a El Independiente fuentes cercanas al caso, el Director Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, ocultó de forma deliberada a sus propios investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) una nota de despacho crucial elaborada por la Jefatura de Información el 29 de abril de 2025. En dicho documento ya se alertaba detalladamente sobre una agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para "destruir" la credibilidad de la UCO y de sus principales mandos.

La ocultación se mantuvo incluso mientras los agentes de la UCO, ajenos a que sus superiores ya disponían de esa información, trabajaban para procesar sus propios indicios sobre la misma trama. No fue hasta el 8 de mayo de 2025, cuando el general de brigada y Jefe de la Jefatura de Policía Judicial Alfonso López Malo le presentó formalmente una nota idéntica elaborada por la UCO, cuando el DAO decidió "sacar del cajón" el informe que se había guardado durante diez días.

El origen de la alerta: la nota del 29 de abril

El entramado que la cúpula de la Guardia Civil mantuvo bajo llave tiene nombres y apellidos. La nota de despacho de la Jefatura de Información, fechada el 29 de abril de 2025, identificaba formalmente a Leire Díez —la exmilitante socialista con conexiones en el aparato del partido— como la dinamizadora de una campaña para "menoscabar, injuriar y calumniar" a los investigadores de la UCO, con especial fijación en el teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN).

El informe de la Jefatura de Información detallaba que este grupo de presión buscaba "atacar procesalmente la instrucción" y "personalizar acusaciones injuriosas" sobre los agentes. Para ello, Leire Díez se había reunido con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado actualmente por fraude de hidrocarburos, para ofrecerle un "frente común" y pedirle material comprometedor de los guardias civiles. La nota de Información advertía textualmente: "El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

La sorpresa de Fiscalía

A pesar de la gravedad de los hechos, que apuntaban a una intromisión directa en causas judicializadas y secretas, el DAO no alertó a la UCO. La unidad de élite de la Guardia Civil tuvo que descubrir la maniobra por sus propios medios. El 5 de mayo de 2025, el DIECAN confeccionó su propia nota de despacho tras detectar de forma independiente que Leire Díez presumía de tener "un control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su Directora General".

El 6 de mayo, el Jefe de la UCO remitió esta nota al general López Malo, quien la elevó al DAO el 7 de mayo para tratarla en el despacho ordinario del día siguiente. Fue en esa reunión del 8 de mayo de 2025 cuando se produjo la sorpresa. Al proponer López Malo que se informara urgentemente a la directora general debido a la gravedad de las acusaciones, el DAO Manuel Llamas le frenó en seco y le manifestó que Mercedes González ya era conocedora de todo y, acto seguido, le hizo entrega física de la nota de la Jefatura de Información del 29 de abril, que se había guardado en secreto.

Esta maniobra de ocultación ha causado un profundo impacto en la investigación judicial. Según revelan fuentes cercanas al caso, la propia Fiscalía el pasado viernes se mostró "sorprendida" al descubrir durante los interrogatorios que el DAO se había guardado una información de seguridad tan sensible para sus propios subordinados, quebrando los principios más elementales de lealtad y coordinación policial.

Presiones políticas y "perfil bajo"

La ocultación de la nota del 29 de abril no es un hecho aislado, sino que se encuadra en un escenario de fuertes presiones políticas sobre la UCO. Según informan fuentes de la investigación, en las declaraciones testificales se ha ratificado plenamente la existencia de instrucciones directas para rebajar la intensidad de las investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno, específicamente en la causa sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del Presidente del Gobierno.

Los testigos relataron que el 12 de julio de 2024, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, les abroncó en su despacho por no haberle anticipado la entrega de un informe sobre David Sánchez, calificando la actuación de la UCO de "prospectiva y malintencionada" y exigiendo que se entregara un nuevo informe el siguiente viernes en el que se concluyera "que no había nada".

Apenas cuatro días después, el 16 de julio de 2024, el propio DAO Manuel Llamas se desplazó personalmente a las dependencias de la UCO para reunirse con los investigadores del DIECAN. En ese encuentro, el DAO les ordenó textualmente que en los procedimientos con trasfondo político "no se fuese proactivo" y que "se pusieran de perfil", dejando toda la iniciativa en manos de la autoridad judicial.

El uso de informaciones reservadas como castigo

La investigación también ha puesto de manifiesto el uso "excepcional" y "no habitual" de informaciones reservadas por parte de la cúpula como herramienta de intimidación contra los agentes de la UCO. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 se abrieron hasta tres investigaciones internas exprés.

Una de ellas, en mayo de 2025, fue ordenada por el DAO en domingo, apenas unas horas después de que se publicaran en prensa unos mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. A pesar de que la jefatura de Policía Judicial demostró de inmediato que era técnicamente imposible que la UCO fuera el origen de la filtración —ya que los archivos del dispositivo incautado terminaban en 2021 y los publicados eran posteriores—, el DAO mantuvo abierta la investigación para "asustar" a los agentes, viéndose obligado a cerrarla en falso solo cuando el Magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, amenazó con abrir diligencias penales contra el instructor y contra el propio DAO por interferir en una causa judicializada.