Solo él tiene la potestad de decidir. Solo él puede elegir la fecha. Solo él puede determinar cuándo concluye una legislatura turbulenta y crispada, marcada por los tribunales y de infernal vida parlamentaria. Solo Pedro Sánchez tiene el poder de fijar las próximas generales en el calendario. En 2027, como él siempre ha repetido. No ha dado más pistas, pero su partido ya sí hace cálculos. Une puntos, decodifica señales y atisba las urnas. Las sitúa en los primeros meses del año, como máximo en marzo, si no logran aprobarse unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, la opción más plausible y que incluso reconoce el Gobierno. La impresión es que, caídas las cuentas públicas, llegará la convocatoria, y por tanto las elecciones se celebrarán, y este es el otro dato clave, antes de las municipales y autonómicas de mayo, tal y como muchos cuadros socialistas deseaban. Los comicios se acercan, y el Ejecutivo tampoco disimula.
Al curso político le quedan apenas tres semanas, pero la Moncloa ansía arribar al parón vacacional, con el ánimo de que se reproduzca el esquema del año pasado, cuyo final también fue durísimo para el PSOE y para el propio presidente, por el inesperado informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán que condujo a su fulminante caída y su posterior encarcelamiento preventivo. Tras encadenar varias semanas en un profundo hoyo, Sánchez pudo recuperar la iniciativa política en septiembre, doblando el brazo al PP sobre todo por su posición en defensa de Palestina y contra el "genocidio" perpetrado por Israel. Ahora, ya hay sentencia del caso mascarillas —24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos—, se espera el fallo tras el juicio al hermano del líder del Ejecutivo, David Sánchez, y las causas judiciales se han multiplicado para los socialistas: a la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho, se suma el laberinto del caso Leire Díez, que este viernes se cobró la imputación del primer jefe de Gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, cuando todavía estaba al frente de la oposición.
Antes del paréntesis estival, restan algunos hitos. El primero, este martes, cuando el Congreso debata y vote por primera vez la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029 —y sea informado del techo de gasto récord diseñado por Hacienda, de 226.032 millones de euros—. El texto probablemente será rechazado, y entonces el Consejo de Ministros deberá acordarlo nuevamente y enviarlo a la Cámara baja una segunda vez, y entonces, en ese pleno del 23 de julio, volverá a ser tumbado. De este modo, el Ejecutivo tendrá que elaborar el proyecto de Presupuestos para 2027 con los objetivos de déficit y deuda pactados con Bruselas.
Pero además este jueves, 16 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia sobre la ley de amnistía, y previsiblemente lo hará en línea con el escrito del abogado general de la UE, que avaló el ajuste de la norma española al derecho comunitario. Si se confirma, el Tribunal Constitucional, en el otoño, dará la razón a Carles Puigdemont (y al líder de ERC, Oriol Junqueras) y dará vía libre para que el Supremo aplique finalmente la amnistía. Entonces, el expresident y líder de Junts podrá regresar a España. Un momento con el que el Gobierno espera que se abra una nueva etapa, confía en que de mayor acercamiento, con los posconvergentes.
En la última semana de julio, último Consejo de Ministros y aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves 29, otra pieza clave para Sánchez en el camino a las elecciones. No hay fecha aún para que el nuevo sistema financiero llegue a la mesa del Consejo de Ministros con el fin de remitirlo al Congreso para su tramitación, pero lo previsible es que sea ya a la vuelta del verano —el Gabinete se reunirá de nuevo el martes 25 de agosto—. Es decir, que para cuando el Gobierno encare ya la recta final de la legislatura podrá jugar con dos cartas muy relevantes: el proyecto de Presupuestos y la reforma de la financiación autonómica. Dos cartas políticas, porque difícilmente verán la luz. Para que las dos leyes sean aprobadas, se requiere el apoyo de Junts. Y la formación de Puigdemont exige, para las cuentas de 2027, que el Estado abone a la Generalitat todos los recursos que, a su juicio, le debe, y para la nueva financiación, más ambición para Cataluña, un concierto fiscal.
El pasado martes, cuando el Gobierno aprobó la senda de estabilidad y el techo de gasto para su envío a la Cámara baja, el ministro de Hacienda, Arcadi España, no precisó en qué momento remitirá el Ejecutivo el proyecto de PGE al Congreso. Un dato más que relevante. La explicación que ofreció la Moncloa es que hay que ir "paso a paso", primero afrontar las dos sesiones sobre los objetivos de déficit y deuda de este mes en la Cámara baja y después recalcula la estrategia de cara a la presentación de las cuentas de 2027. Porque una vez que estas llegan a la carrera de San Jerónimo, se desencadena un proceso bastante mecánico y tasado. Así, el debate de totalidad se celebraría unas tres semanas después. Esa sería la prueba que Sánchez no podría superar por el rechazo anunciado, al menos hasta ahora, de Junts. Si los Presupuestos caen, se abriría por tanto el escenario del adelanto de las generales. Un anticipo que sería en todo caso técnico, según recuerdan desde Ferraz y desde el Gobierno, porque las urnas se colocarían en 2027. Que los comicios fueran en marzo, arguyen, simplemente implicaría un recorte de apenas cuatro meses de la legislatura.
El presidente, el mes pasado, en Bruselas, abrió por primera vez la puerta a ligar el fin del mandato a la suerte de los PGE. "Negociaremos [con los grupos] y, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando cuando se produzcan estas hipótesis", contestó a los periodistas. Un mensaje que fue enseguida captado por su partido. Y procesado.
Porque Sánchez, en el comité federal del PSOE del pasado 27 de junio, no ofreció pistas a sus compañeros de cuándo podría ubicar las generales, aunque sí volvió a garantizar, como quería su partido —y como empujaba también el PNV— que no habrá superdomingo, que no coincidirán, por tanto, las generales con las municipales y autonómicas de mayo. La reunión sirvió para poner el partido a punto para el ciclo electoral, algo que ya había empezado a hacer días antes cuando tomó distancia de sus socios en el pleno monográfico de corrupción en el que los grupos, a su vez, también se alejaron del Gobierno.
Esa completa secuencia ha afianzado la percepción, dentro del PSOE, de que Sánchez convocará las generales para el primer trimestre de 2027, quizá en el entorno de marzo. Y si ese es el mes elegido, tampoco tiene mucho margen, porque la Semana Santa se extenderá del 21 al 28. Muy pronto esta vez. Así que si opta por sacar las urnas en domingo, como sería lo obvio y lo lógico, tendría disponibles el 7 y el 14 de marzo. "Antes de Fallas", recuerdan desde la cúpula de los socialistas valencianos.
Varios líderes regionales y provinciales y jefes de aparato autonómicos coinciden: el PSOE vislumbra las generales para primeros de 2027, siempre y cuando, como parece casi seguro, decaigan los Presupuestos, ya que estos servirán como programa electoral anticipado de los socialistas. "Sí, se ha asentado la sensación de que serán en el primer trimestre del año, antes de las municipales y autonómicas. Yo apostaría por marzo, pero es intuición mía", señala un barón territorial. "Yo creo que hay un consenso muy importante que apunta al primer trimestre, sí —conviene otro—. Los PGE son un proyecto de país, y si se rechazan, hay que ir a elecciones. Y, para que todo el partido esté enchufado, motivado, tienen que ser antes de las municipales y autonómicas. Esto no es ya 2023". Una reflexión relevante, por cuanto uno de los escenarios que manejó Sánchez inicialmente era sacar las urnas en julio, como hace tres años, para repetir la misma operación que entonces: previsible mal dato en las autonómicas y municipales para luego remontar en generales impulsados por los pactos PP-Vox. Pero el partido está ahora mismo exhausto y muchos cuadros defienden que ha de ser el presidente el que primero se someta al escrutinio ciudadano para no debilitar aún más su escuálido poder territorial.
"Es que si se pierden ayuntamientos, diputaciones y CCAA, ¿cómo llegamos a las generales? Es que si es verdad que si se pierde todo, se activa el voto anti-Vox, la misma respuesta vale para el escenario inverso, ¿no? Que quizá se activa el voto anti-Vox si se pierde la Moncloa y vienen después municipales y autonómicas", reflexiona un alto mando de una federación muy alejada de Ferraz. "La cuestión", continúa este mismo dirigente, "es que el debate sobre lo municipal no tapa el debate general, mientras que el debate de lo general sí está tapando lo municipal. Es decir, no hay campaña municipal posible si no se han resuelto antes las generales, pero al revés sí". Lo ve igual un barón autonómico: "El riesgo de adelantar las legislativas es obvio, que el partido llegue desfondado a mayo, pero [Alberto Núñez] Feijóo estaría negociando con [Santiago] Abascal, y eso puede provocar una reacción en nuestro electorado. Y es que el PSOE, sin su poder territorial, se arriesga a un escenario de debilidad terrible".
Como sostiene otro jefe de un aparato regional, en realidad todo son vibraciones. Porque "no hay ninguna indicación oficial", ninguna señal interna que apunte a unas generales con la entrada de 2027: "Nuestra gente tiene esa convicción. No una fecha concreta, pero sí que Pedro verá el mejor momento y dará la sorpresa". "Eso parece, que serán en el primer tramo de 2027. Ahora, si tenemos Presupuestos, serán cuando tocan", señala otro secretario de Organización territorial. "Serán en marzo —asegura taxativa otra dirigente que ha trabajado muy cerca de Sánchez— y aunque corramos el riesgo de llegar desmoronados anímicamente a mayo, no queda otra". "Lo que ve todo el mundo es primeros de año", señala un diputado socialista. Lo comparte otra compañera de escaño con mando en su provincia: "La mayoría es lo que quiere y desde que se puso sobre la mesa que habría Presupuestos, y mirando el calendario, es lo que también hoy piensa la mayoría, sí. Si no hay PGE, no veo otra opción".
—Yo creo que ir a generales en los primeros tres meses de 2027 es el escenario más plausible —converge un jefe territorial de otro aparato—. Pero creo que la decisión se tomará dependiendo de como esté la cosa hacia noviembre, que será cuando haya que disolver las Cortes y convocar elecciones. Además, en enero habrá que actualizar las pensiones y el salario mínimo.
Y es que esa es otra consecuencia de no disponer de nuevos PGE. Si estos no salen adelante, el Gobierno tiene que aprobar vía real decreto ley la subida de las pensiones —como ha ocurrido en los tres últimos años—, y que el Congreso lo convalide. Para la actualización del SMI basta un real decreto del Consejo de Ministros, sin refrendo parlamentario, pero es otra medida de fuerte impacto político y social. Es decir, que a Sánchez le interesaría llegar a la campaña con los Presupuestos derrotados, pero con el aumento de pensiones y del salario mínimo en vigor. "Al final", colige este último alto cargo orgánico, "es una forma de contraponer modelos y llevar la conversación a la economía". El terreno en el que el presidente se siente más cómodo sacando pecho y donde puede lucir mejores números.
Sánchez necesita conducir la campaña hacia esa parcela mucho más confortable. La economía, el mercado de trabajo, los fondos europeos. Y, probablemente, durante el periodo electoral baje el ritmo de noticias procedentes del mundo judicial y que impacten en el Gobierno, ya que es previsible que los jueces del Supremo o de la Audiencia Nacional —la que instruye el caso Zapatero o el caso Leire— se inhiban de tomar decisiones que puedan afectar al resultado de los comicios. Dicho de otro modo, que el ambiente con el que España pueda llegar a las urnas puede ser muy distinto al actual. Y, como recuerdan en la Moncloa, los climas "se crean y cambian con la sola decisión de convocar las elecciones". Es, de hecho, lo que consiguió el líder socialista en 2023, virar una atmósfera adversa en apenas dos meses, hasta el punto de que la debacle de las autonómicas y municipales de mayo se tornó en una remontada épica en julio que le permitió retener la Moncloa. En la última semana, en el Ejecutivo se burlaban de la "torpeza" de Feijóo al plantear el castigo al "absentismo laboral", sin ofrecer su propuesta y amenazando con recortar derechos laborales conquistados.
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