La controversia en torno a si los servicios de información alertaron de la auténtica dimensión del riesgo de avalancha humana sobre la ciudad de Ceuta y si, de haberse producido dicha alerta, se minimizó o desoyó por las autoriddes competentes, dista mucho de estar cerrada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se empleó a fondo del pasado martes para defender que nunca se tuvo noticia previa de la misma más allá de un ligero repunte habitual en verano, apenas alimentado por la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente. Nada especialmente preocupante. Pero no es de esa opinión la Audiencia Nacional, que decidió abrir diligencias previas tras una denuncia presentada por  Iustitia Europa para determinar si hubo una "agresión concertada" contra la soberanía española.
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Ayer mismo se supo que la magistrada María Tardón ha pedido a la Guardia Civil que aclare si recibió algún aviso o alerta en los días previos al asalto, lo que implica no dar por válidas las explicaciones de Marlaska ni de otros miembros del Gobierno, con la única excepción de Margarita Robles. La ministra de Defensa no sólo apuntó a la responsabilidad de Marruecos, sino que apeló a la profesionalidad -"en condiciones muy difíciles", dijo- de todos los servicios de información, incluido el CNI.

Cuerpo cree superado "el momento más agudo de esta crisis"

Ayer mismo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideró "superado el momento más agudo de esta crisis" una vez que 70.000 de los 72.000 migrantes que violaron la frontera con España habrían regresado. A continuación habló de la necesidad de "recuperar la total normalidad de la situación", tanto en lo que afecta a los menores no acompañados, a los adultos que todavía permanecen en la ciudad y a la actividad económica. También destacó la necesidad de mejorar la colaboración con los socios europeos y las alertas tempranas, pero nada que tuviera que ver con los fallos, si es que los hubo, de los servicios de información y seguridad.

Pero por mucho que quieran cerrar esa puerta, la juez Tardón ha movido ficha. Y además de preguntar al instituto armado si tuvo alguna información previa sobre la magnitud que podía alcanzar el asalto, quiere conocer el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos", las operaciones de rescate en las aguas territoriales españolas y las causas de los fallecimientos. En definitiva, todo aquello que tenga que ver con uno de los peores ataques a la integridad territorial de nuestro país al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar carpetazo.

Las llamadas de Vivas al Ejecutivo central que fueron desoídas

De momento, la magistrada no se ha interesado por la cronología que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha ido desmenuzando en todas sus declaraciones y que arrancó el lunes 27 para culminar con la avalancha humana el jueves y viernes.

La semana anterior a la crisis entraron en Ceuta 1.500 personas. El 27 Vivas llamó a Moncloa para alertar de la situación. Habló con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, quien le indicó se pondría en contacto con los "ministerios competentes". Pero sólo un día después, Vivas habló con Interior "para que se decretara la situación de emergencia nacional", ante el cariz que iban tomando los acontecimientos. Hasta el jueves no se le respondió para replicarle que dicha declaración "no era factible" y ese mismo día "se produjo la fatídica avalancha", narró ayer a TVE.

La Audiencia Nacional ha desbaratado así la estrategia gubernamental de olvidar el asalto y centrar el foco en la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados, a sabiendas de que se trata de un asunto que incomoda a los populares. Son entre 800 y 1.200, según la estimación realizada por el ejecutivo de la ciudad, y ya apunta a polémica, especialmente, en aquellos territorios gobernados por la alianza entre el PP y Vox.

Tellado y Ezcurra discrepan en torno a la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados

Pero a las reticencias de ejecutivos como el de Aragón y el de Castilla y León, se suman las diferencias de matiz importantes en el seno de Génova. El número dos popular, Miguel Tellado, ha optado por la vía dura: "Por dónde han entrado que vuelvan a salir", dijo a ayer a Telecinco. Y la número tres popular, Alma Ezcurra, responsable de las políticas de migración en el PP y habitualmente con posiciones bastante firmes en esta materia, contempló ayer la posibilidad de aceptar la reubicación de menores siempre que la misma sea "justa, bien dotada y planificada". Asumió "que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley", dijo en Onda Cero.

El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, advirtió que, de no aceptar dichos traslados, aún por determinar, "actuará de oficio la Fiscalía de menores", lo que apunta a otra vía de judicialización de esta crisis. Por su parte, Vivas hizo ayer ejercicios casi malabares para no criticar la posición de otras baronías autonómicas de su mismo partido.

El PP pide habilitar el Senado para las comparecencias de Sánchez, Marlaska, Robles y Albares

Los populares tampoco quieren dejar languidecer un asunto de extrema gravedad que pilla a medio país de vacaciones. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido habilitar el mes de agosto en la Cámara Alta para que "rindan cuentas los máximos responsables del mayor asalto de inmigrantes ilegales a España de nuestra historia reciente". En pleno, el jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, y en cada una de sus comisiones parlamentarias los ministros de Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Exteriores (José Manuel Albares). Asimismo, el director de gabinete de Sánchez como responsable del departamento de Seguridad Nacional.

Además han forzado una reunión hoy de la comisión de Libertades, Justicia e Interuior del Parlamento Europeo para abordar esta "la grave crisis de seguridad y migratoria registrada en Ceuta, tras más de 70.000 entradas de personas de manera irregular en apenas 24 horas, un hecho sin precedentes, y que ha costado ya cerca de un centenar de muertos".