El director de la Policía se reúne con el jefe de los agentes del informe que señala a Marruecos en la crisis de Ceuta sabiendo que no pueden contarle nada

El informe adelantado por el diario El Español —en el que se vincula de forma directa la crisis migratoria de Ceuta con la participación coordinada y planificada de gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano— no constituye un análisis administrativo encargado por el Gobierno, sino que responde a una petición formal del órgano judicial a cargo del caso, acordada tras la denuncia interpuesta por Iustitia Europa. En concreto, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón solicitó el pasado 3 de agosto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional la elaboración de un documento para determinar si los graves sucesos vividos en la frontera obedecían a una acción concertada por parte de un grupo criminal.

Al actuar por mandato de un juzgado, los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que elaboraron el informe actúan en funciones de policía judicial, por lo que la información recabada y la reserva sobre las actuaciones quedan sujetas a la autoridad de la magistrada instructora.

En consecuencia, los funcionarios que redactaron las conclusiones no tienen el deber de adelantar a sus superiores jerárquicos en el Ministerio del Interior el contenido de unas diligencias antes de remitirlas al juzgado. El ministro, por su parte, sí podría haber solicitado un informe por los cauces ordinarios de su departamento si lo hubiera considerado pertinente.

Pese a ello, tras recibir una carta de Fernando Grande-Marlaska en la que reclamaba información sobre el asunto, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado al comisario al frente de Extranjería y Fronteras, responsable de los agentes que elaboraron el informe, para pedirle explicaciones sobre su contenido. Una actuación que entra en contacto con el principio de reserva de las actuaciones de policía judicial, que obliga a mantener bajo estricta confidencialidad el desarrollo, evolución y resultado de las diligencias para preservar su eficacia procesal y los derechos de las personas implicadas.

Pérez de los Cobos sentó precedentes

El conflicto entre el mando jerárquico y la independencia judicial ya tiene precedentes, como el caso del coronel Manuel Pérez de los Cobos, cuyo cese tras negarse a informar al Ministerio del Interior sobre una investigación del 8-M fue revocado por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal estableció entonces que los agentes que actúan bajo mandato judicial deben guardar reserva y responder únicamente ante el juez instructor o el fiscal, sin obligación de facilitar información a mandos policiales o autoridades políticas.

Con todo esto, si el ministro o la cúpula de Interior hubieran deseado disponer de una evaluación propia, detallada y de uso exclusivamente administrativo sobre la dinámica vivida en la frontera de Ceuta, el Ministerio tendría que haber ordenado de oficio la elaboración de un informe interno desde el propio departamento de Interior. Un documento de esa naturaleza, generado fuera de la esfera judicial y por cauces puramente gubernamentales, sí habría permitido al Ejecutivo requerir explicaciones y exigir el cumplimiento de la cadena de mando sobre su elaboración y plazos.

Las actuaciones de Interior

A pesar de este marco normativo, Europa Press ha informado que la filtración del informe policial a los medios de comunicación desencadenó una inmediata reacción política y administrativa. Al parecer, el propio ministro remitió un oficio a la Dirección General de la Policía demandando aclaraciones y solicitando "ser informado sobre la veracidad" de la existencia del citado documento de inteligencia del CENIF. En el mismo escrito, el ministro urgió al director general a precisar "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, disponer de estos datos resultaba un elemento "esencial" para que el Gobierno pudiera adoptar las decisiones oportunas en el marco de la gestión migratoria y en el ejercicio de sus funciones constitucionales vinculadas a la defensa del Estado y a la dirección de las políticas interior y exterior. Asimismo, Interior remarcó que, tras haberse declarado el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional, cualquier informe o dato de esa repercusión debería haberse trasladado de forma inmediata al Consejo de Seguridad Nacional y al mando único de coordinación.