La jueza cierra la instruccion del 'caso Azud' con 38 imputados y ve financiación ilegal del PSOE de Valencia

El juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha finalizado la instrucción del llamado ‘caso Azud’, una causa iniciada en 2016 y que afronta ya la última fase: el posible juicio oral. En la causa están siendo investigadas 38 personas, algunos de ellos excargos del Partido Socialista valenciano, pero también personas del entorno del PP en tiempos de la exalcaldesa Rita Barberá. Uno de los elementos más llamativos de la instrucción es el presunto pago de comisiones al entorno del PSPV que habría sido empleado para financiar la campaña electoral de los socialistas valencianos en 2007. La jueza cuantifica el importe de la posible financiación ilegal en algo más de 480.000 euros.

El ‘caso Azud’ se inició cuando Hacienda investigó el despacho de quien fuera cuñado de Barberá, José María Corbín. A partir de ahí, la investigación fue ampliándose desde Valencia a otros municipios como Xixona, aflorando el posible pago de comisiones e ilegalidades entre empresarios y cargos públicos. Tanto Corbín como sus tres hijas están procesados en la causa por su presunta implicacion en la adjudicacion de contratacion en Valencia. Entre los muchos investigados figura también el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), y dos de sus hijas.

La presunta trama de corrupción que la jueza describe en su auto se basa en el pago de comisiones ilícitas a cambio de favores urbanísticos. En la causa sobre la que la jueza da por acreditados suficientes indicios de la existencia de una trama de corrupción organizada, estaría también implicado Rafael Rubio Martínez, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia y exsubdelegado del Gobierno en tiempos de Zapatero.

La investigación detalla presuntos beneficios urbanísticos e hídricos a cambio de comisiones al empresario Jaime Febrer, del Grupo Axis. Los acuerdos buscarían desbloquear un problema hídrico para suministrar agua a una de sus promociones, El Espartal, en la localidad de Xixona. El empresario habría recurrido, según apunta la jueza en su auto, al abogado José Luis Vera, vinculado al PSPV, para que actuara como intermediario. Este a su vez habría buscado el apoyo del director de relaciones institucionales de la empresa pública Acuamed para que facilitara un acuerdo con el Ayuntamiento de Xixona que permitiera resolver el acceso hídrico para las promociones de Febrer.

La instrucción llevada a cabo por la justicia asegura que a cambio del beneficio institucional, Febrer habría pagado presuntamente un ‘peaje’ para “inyectar dinero” en la campaña electoral del PSOE de 2007. Según la instrucción, el dinero se habría ingresado mediante empresas interpuestas para abonar algo más de 484.000 euros a cinco empresas proveedoras de la campaña electoral del partido. Incluso se apunta que parte del dinero se destinó a financiar propaganda de otro partido, Unión Valenciana, con el fin de restar votos al PP.

Uno de los implicados más relevantes de la causa investigada es Rafael Rubio Martínez. La jueza señala que en la documentación incautada se le asignan pagos de entre 300.000 y 700.000 euros en anotaciones con la indicación ‘R’ y ‘RR’ que considera que se relacionan con Rafael Rubio. Además, apunta que recibió regalos de modo sistemático –cajas de vino, champagne francés– por parte del empresario Jaime Febrer. Apunta incluso que existen 77 ingresos en efectivo por un total de 197.256 euros realizados por Rubio y su esposa entre 2007 y 2013 para ocultar el origen del dinero.

Otro de los principales investigados sería José Luis Vera Llorens, abogado vinculado al PSPV y que habría utilizado sus influencias en el partido para desbloquear el agua necesaria para el PAI El Espartal (Xixona) ante la empresa estatal Acuamed. La investigación judicial apunta que el volumen de las comisiones cobradas por esa mediación alcanzaría los 1,44 millones de euros procedentes del empresario Febrer. La vía de pago habría sido el empleo de contratos falsos y el uso de una empresa instrumental para “dar apariencia de legalidad”.

Al exdirector de relaciones institucionales de Acuamed, Joan Navarro Martínez, se le acusa de coordinar la firma de un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona, con el que habría facilitado la solución hídrica omitiendo trámites ordinarios, informes de intervención o consultas a regantes locales. La jueza no sostiene que hubiera recibido dinero por ello.