Montse Mínguez, portavoz de la ejecutiva federal socialista, dimite. Deja su cargo, sale de la cúpula de Pedro Sánchez y abandona también su puesto como cabeza de lista por Lleida al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La dirigente socialista da "un paso atrás" tras el vendaval de críticas recibidas en los últimos días por los negocios inmobiliarios de su novio, Sergi Vélez, y lo hace precisamente para no dañar a su partido a las puertas de unos comicios "decisivos".
Lo explica la propia Mínguez en una breve carta publicada, en castellano y catalán, en su cuenta de X apenas 24 horas después de que el presidente Sánchez la respaldara explícitamente desde Bruselas. "He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías". España vive, aduce, un "momento decisivo", "crucial" para el país y para los "valores" que defienden los socialistas, ya la posibilidad de que esta vez sí dé la suma de PP y Vox sí es real.
"Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", escribe la hasta ahora diputada. Mínguez se despide agradeciendo "profundamente" la "confianza", el "apoyo" y el "afecto recibidos durante todo este tiempo". Al propio Sánchez se le preguntó ayer, a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, si mantenía el respaldo a su portavoz de la ejecutiva. "Por supuesto", contestó él.
La tormenta comenzó el martes, cuando Artículo14 publicó que la pareja de Mínguez, Sergi Vélez, está al frente de un holding de empresas leridano dedicado al negocio inmobiliario, Nest Capital, que tiene, según el diario, "un mínimo de 30 pisos y apartamentos en alquiler". Mínguez calificó la información de "ataque personal", porque toda la actividad empresarial de su novio operaba con respeto a la ley de vivienda, que sí se aplica en Cataluña. La dirigente recordaba que el PSOE no está en contra de los propietarios ni de las empresas inmobiliarias, pero sí pretende limitar las subidas en los precios de los arrendamientos. E insistía en que se trata de una empresa familiar. Pero la polémica ya era insoslayable, justo en un momento en el que la vivienda centra el debate de la precampaña electoral y cuando el PSOE ha hecho de ello su bandera cara al 29-N frente a la derecha.
En estos días, no solo Sánchez ha salido a respaldar a Mínguez. También lo hacía, el pasado miércoles, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. El también líder de los socialistas madrileños dio la cara por su compañera y la actividad "lícita" de su pareja, y apuntó que el debate sobre la vivienda ha de estar centrado en quién defiende el derecho a una vivienda digna y quién no. "A partir de ahí no se trata de perseguir ni señalar a quien hace una actividad lícita y quien cumple con la ley", sostuvo. También su compañero Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso del que ella era su número dos —la secretaria general—, la defendió con vehemencia este viernes: "Lo que sé es que nunca, nunca, nunca ha dado un paso ni ha defendido una posición, ni ha votado a favor de los posibles intereses de su pareja, más bien podríamos decir lo contrario", insistió. Ella ha votado siempre a favor del derecho a una vivienda accesible y de que los fondos buitre y los grandes tenedores no tengan beneficios, informa EFE.
La presión fue en aumento en los días siguientes a la publicación de la información del diario digital dirigido por Pilar Gómez, sobre todo porque el PP había encontrado un valioso filón en plena precampaña. Este mismo viernes, la portavoz parlamentaria de los conservadores, Ester Muñoz, reprochaba a los socialistas que quieran centrar el debate en las pensiones y no en la vivienda ahora que se han conocido las numerosas propiedades de la pareja de Mínguez, pero "el relato no lo marca el Gobierno, lo marcan los intereses de los ciudadanos".
Mínguez se reconocía "muy, muy quemada" en las últimas horas, como indicaban fuentes muy próximas a su entorno. Entendía que había dicho lo que tenía que decir: que la empresa de su pareja es legal, que cumple con la ley de vivienda, con los precios de referencia que operan en Cataluña, que respeta el derecho de tanteo de las administraciones públicas, que no era ningún fondo buitre, sino una "compañía normal". Esgrimió también que la modificación del plan provisional urbanístico Ciutat Jardí Sur 2, que afectó a su hoy novio, fue aprobado por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de la capital leridana en 2015, del que ella era la número dos del entonces alcalde, Àngel Ros, y pasó "por la comisión territorial de urbanismo de la Generalitat de Catalunya" cuando entonces era gobernada por la extinta CiU. "Es demencial, una vergüenza", lamentaban esas mismas fuentes muy cercanas a la ya exdirigente.
(Noticia en ampliación)
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