Cataluña

El abogado general de la UE dará su dictamen sobre la euroorden de extradición de Puigdemont el 14 de julio

El Tribunal de Luxemburgo examina las prejudiciales planteadas por el juez Llarena sobre las euroordenes de Puigdemont, Ponsatí y Comin

El abogado general de la Unión Europea dará el 14 de julio su opinión sobre si Bélgica puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes del procés y si la justicia de ese país argumentó correctamente que en España se violan los derechos fundamentales. La opinión del abogado general no es vinculante, pero suele tener un peso determinante en la decisión final del tribunal.

Así lo ha aseguró el propio abogado general, Jean Richard de la Tour, al término de la vista celebrada en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que enfrenta al magistrado Pablo Llarena contra la justicia belga y en la que la Comisión Europea se situó al lado de España.

La Comisión Europea considera que no se puede rechazar una euroorden si no se produce un fallo generalizado de las garantías judiciales. Las defensas de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comin, Marta Rovira y Anna Gabriel han contraatacado acusando al juez Pablo Llarena de utilizar las euroordenes de forma política.

«Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí», ha argumentado Gonzalo Boye ante los jueces europeos.

Aval a las euroordenes del Supremo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebraba este martes la vista de las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez Pablo Llarena sobre las peticiones de extradición de los líderes del procés. Una vista que decidirá el futuro de Puigdemont, Ponsatí, Comin, Rovira y Gabriel a los que el Tribunal Supremo reclama para ser juzgados por su intervención en el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Llarena envió dicha consulta -el primer paso para lograr que Bélgica entregue a Puigdemont a España- al TJUE el 9 de marzo de 2021, después de que Bélgica rechazara la entrega del procesado por malversación Lluis Puig y tras la retirada de la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Un año después, Luxemburgo será el siguiente escenario del proceso judicial contra Puigdemont.

La competencia del Supremo

La defensa de los derechos fundamentales era el eje de todos los letrados de las defensas, coordinados para presentar los mismos argumentos ante el TJUE. Defienden que la causa instruida por el Supremo no respeta su derecho a un juez predeterminado por la ley. Desde el inicio de la instrucción, en 2018, han argumentado que esa causa no debía ser instruida por el Supremo sino por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El argumento fue aceptado por la justicia belga para rechazar la extradición de Puig.

Sin embargo, Llarena planteó su cuestión prejudicial después de que el Tribunal Constitucional español confirmara la competencia del Tribunal Supremo para investigar y juzgar a los líderes del procés. El Alto Tribunal también ha avalado la condena de los políticos catalanes por sedición y desobediencia.

La principal cuestión que planteó Llarena fue si el órgano de ejecución belga tiene capacidad, conforme al derecho europeo, de decidir sobre la competencia del órgano español, el Tribunal Supremo, que emite las órdenes de detención. La decisión Marco 2002 que regula las euroórdenes no reconoce esta facultad de control.

En su escrito al TJUE, Llarena señalaba además en las resoluciones judiciales belgas un «profundo desconocimiento de nuestra estructura jurisdiccional». Apuntaba que «hacen una referencia errónea al ‘Tribunal Supremo de Cataluña’, (que no existe) y al ‘Tribunal Supremo de Madrid’, sin percatarse de que Madrid es la localidad donde ubica su sede el ‘Tribunal Supremo’, que lo es de toda España y que estructuralmente se sitúa en el vértice de la organización judicial y, por ello, sobre los ‘Tribunales Superiores de Justicia’ de cada una de sus Comunidades Autónomas».

Resolución en los próximos meses

El letrado que dirige la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, confía sin embargo que la causa judicial para extraditar al ex president «quedará resuelta en los próximos meses». De hecho, unas semanas después de esta vista se harán públicas las conclusiones del Abogado General, y un mes después se notificará la sentencia.

En una entrevista a la agencia ACN, Boye ha cargado contra Llarena, al que acusa de «no querer asumir que la causa contra los ‘exiliados’ está llena de errores» y confía en que la justicia europea resuelva la cuestión en base al análisis de los derechos fundamentales.

«La CE no está cómoda porque está navegando entre dos aguas» aseguraba Boye este lunes. Está «entre el derecho de la Unión y satisfacer los intereses» de España, argumenta el defensor de Puigdemont para anticipar una posición «incoherente» y poco favorable del ejecutivo comunitario.

El letrado de Anna Gabriel, Benet Salellas, ha avanzado por su parte que acudirá a la vista en Luxemburgo para defender que la causa de su defendida debería ser traspasada a un juzgado ordinario de Barcelona. Algo a lo que Llarena se niega hasta que Gabriel no comparezca ante el TS

Salellas denuncia que «la posición de Llarena y de la Fiscalía es querer construir unas fronteras para evitar que los derechos fundamentales construidos en Europa sean efectivos y reales en la justicia española». Defenderemos, advierte, que «la justicia europea no puede quedarse indiferente y que tiene que intervenir para corregir la posición del Tribunal Supremo».

Polonia y Rumanía se suman a España

Llarena acude al TJUE acompañado esta vez por los fiscales del Supremo Concepción Madrigal y Fidel Cadenal, que ejercieron como ministerio público en el juicio del procés. También por la Abogacía del Estado.

Junto a la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado asistirán a esta vista Vox –acusación popular en el procés–, y Rumanía y Polonia, que han decidido participar en el procedimiento en defensa de la tesis española. Además de los abogados de los líderes independentistas: Boye, Isabel Elbal y Simon Bekaert en defensa de Puigdemont, Ponsatí, Puig y Comín; Salellas por Anna Gabriel; y Andreu Van der Eynde en representación de la republicana Marta Rovira.

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