España | Tribunales

Las víctimas piden que la Policía compruebe si hay más condenados entre los candidatos de EH Bildu

La asociación Dignidad y Justicia presenta una ampliación de su denuncia en la Fiscalía por las listas electorales del País Vasco

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa de urgencia

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado un nuevo escrito en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para instar a la Policía y Guardia Civil a que comprueben si en las listas electorales de EH Bildu hay más condenados por delitos de terrorismo, además de los 44 que ya han sido identificados. En esta ampliación de denuncia se solicita que se practique una serie de diligencias para corroborar si los optantes a las elecciones en el País Vasco han rechazado expresamente la violencia y han liquidado sus penas. El Ministerio Público estudia esta situación desde el pasado viernes.

El nuevo escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, fue presentado este mismo martes después de que siete de los etarras condenados (los que tenían delitos de sangre más graves) renunciaran a ir en las listas de la formación que dirige Arnaldo Otegi. La asociación de víctimas señala que el comunicado de renuncia "no desvirtúa un ápice" la vulneración de la Ley de Partidos Políticos -en la que se basa su escrito- que en su artículo 9 declara ilegal un partido cuando apoye "políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subertir el orden constitucional". Han utilizado un "lenguaje perverso, retorcido y tergiversado", dicen los recurrentes, "en el que no mueven su postura de justificación de las acciones terroristas cometidas, y aprovechando el tsunami mediático provocado, se presentan como sujetos que velan por la paz y convivencia".

Así las cosas, Dignidad y Justicia expone que su denuncia del pasado 11 de mayo no queda sin efecto, pero además solicita que se practiquen una serie de diligencias para esclarecer hasta dónde llega la penetración de exmiembros de la banda armada en el partido político. Instan a que se requiera a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe en el que identifiquen "no solo" a los condenados por terrorismo que se han señalado ya "sino la totalidad" de los que se presentan por la formación política abertzale. "Cuáles de dichas personas y afiliados de EH Bildu están vinculados a organizaciones o entidades vinculadas a la organización terrorista ETA", dice el documento.

La asociación pide que se incluya en el requerimiento policial un análisis exhaustivo de la formación desde el 2011 para esclarecer si ha colaborado "habitualmente" con entidades o grupos que actúen de "forma sistemática" con organizaciones terroristas. Tanto con aquellas cuyos fines sean el terrorismo, como para las que lo financien o las que se dediquen a "recompensar, homenajear o distinguir" las acciones violentas.

Otra de las peticiones que ya se incluía en la anterior denuncia pasa por comprobar si estos candidatos han "rechazado públicamente" el terrorismo, hecho que se hace necesario para que su candidatura sea legal.

Con todo esto sobre la mesa, la asociación que dirige Daniel Portero (hijo del exfiscal Luis Porterio asesinado por ETA) insta a la Fiscalía General del Estado a que inicie el proceso de declaración de ilegalidad de la formación política EH Bildu. Las fuentes consultadas señalan que, de prosperar esta denuncia, los fiscales de la Audiencia Nacional deberán remitirla al Tribunal Supremo que es quien, en última instancia, tiene la potestad de declarar ilegal uana formación política.

La denuncia de los condenados

Fue el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) el que la semana pasada dio la voz de alarma sobre las listas electorales que la formación había confeccionado en el País Vasco. Identificaron a 44 aspirantes a entrar en las instituciones el próximo domingo electoral que habían condenados por pertenencia o colaboración con ETA, pero las asociaciones de víctimas no descarta que haya más.

De ellos, hay siete que han llamado mucho la atención por la cantidad de delitos de sangre que tienen en su haber. Y fueron éstos los que precisamente ayer renunciaron a tomar posesión en el cargo en caso de salir elegidos. Aseguraron que el paso al frente forma parte de un "cambio de estrategia de la izquierda abertzale" iniciado hace más de una década en el que tienen la "apuesta inequívoca por vías exclusivamente políticas y democráticas".

Este comunicado conjunto lo firma José Antonio Torre, condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pered; Asier Uribarri, condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández; Lander Maruri, condenado en 2001 a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Hernández; Begoña Uzkudun, condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984; José Ramón Rojo, condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991; Juan Carlos Arriaga, condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez.; y Agustín Muiños, condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano.

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