El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto a las grandes fortunas por siete votos a cuatro, rechazando el recurso que había presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El sector progresista ha apoyado la sentencia de la magistrada María Luisa Balaguer que supone un espaldarazo al gravamen que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó.

La sentencia sostiene que la creación del impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y que el Gobierno debe tener margen para poder legislar sin que esto interfiera en las facultades de las autonomías. Por su parte, Ayuso defendía en su recurso que este tributo afectaba a los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y autonomía política.

Igualmente, el gravamen está impugnado por otros Ejecutivos como el andaluz, el gallego y el murciano pero este es el primer asunto que resuelve el Tribunal Constitucional. Según el dato que ha facilitado Hacienda, desde su aprobación se han recaudado 623 millones de euros sobre un tributo que sólo se puede aplicar a las personas con un patrimonio superior a los tres millones de euros.

El recurso de Ayuso criticaba también su aprobación a través de una enmienda incluida en un proyecto de ley ajeno por lo que se impidió el debate parlamentario.

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