Después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, señalara con nombres y apellido a jueces del Tribunal Supremo a los que había que "cesar y juzgar de inmediato", los móviles de miembros de la carrera empezaron a sonar. Los marcados y los compañeros de estos mostraron en sus círculos su enfado porque consideran que los límites de las críticas a la judicatura se están poniendo cada vez más lejos. Tras un mes de haber asumido políticamente el lawfare --que todos los que imparten Justicia niegan tajantemente-- el hecho de perseguir públicamente a los togados por la formación que ha pactado con el Gobierno ha provocado el primer gran choque institucional. Pero puede no ser el único si los ataques de los independentistas no cesan porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) utilizará todas sus armas para defender a los integrantes de la carrera.

"El malestar es notable, claro", indica una fuente del alto tribunal. El desplante que el presidente del órgano Francisco Marín Castán hizo ayer al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien anuló la reunión que estaba fijada no fue una decisión tomada unilateralmente. A última hora del martes, Marín Castán recibió llamadas de distintos compañeros alarmados por las palabras de Nogueras en sede Parlamentaria. Algo había que hacer, era el momento de dar un golpe en la mesa.

Llueve sobre mojado porque si el debate sobre la amnistía ya había levantado la herida de los jueces que han promovido las causas contra los delitos que se acometieron durante el procés, la supuesta "guerra judicial" que Junts defiende provoca directamente sangre. Pero las palabras de Nogueras, que estaba defendiendo la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la 'Operación Cataluña' rebasaron las líneas rojas.

Se refirió al presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, --quien presidió el juicio de los líderes independentistas-- como "cómplice de la politización de la Policía y de la Justicia española". Pero no sólo. Señaló también como "personajes indecentes" a Concepción Espejel, expresidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde fue juzgado el major de los mossos Josep Lluis Trapero, y actual magistrada del Tribunal Constitucional; a Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y actual magistrado de la Sala Tercera de ese órgano; a Pablo Llarena, instructor del procés en el alto tribunal; y a Carmen Lamela instructora del caso contra los mossos d'Esquadra en un inicio en la Audiencia Nacional y también actual togada del Supremo, de quienes dijo que "en un país normal" serían "cesados y juzgados de inmediato".

Fuentes jurídicas cuentan que magistrados conservadores y progresistas que en privado se han mensajeado para apoyar tanto a Marchena, a quien consideran uno de los togados con mayor reputación del órgano, como a todos los demás afectados, muy valorados igualmente en la sede de la jurisprudencia.

"En el reino de España toda esta gente tiene vía libre para perseguir retorciendo la ley y retorciendo el derecho. Vía libre para acusar a los independentistas catalanes, nada más que por ser independentistas, de terroristas", apostillo la portavoz de Junts.

En el Supremo se defienden explicando que la Justicia jamás ha perseguido a nadie por sus ideas, sino por los delitos que se cometieron y que legitimar este discurso supone acusar de prevaricación a los togados. Por eso, aunque las palabras no salieran de la boca de Bolaños consideraban el desplante necesario para escenificar el daño que está haciendo su socio en el Poder Judicial.

"Sacar otro comunicado es redundante", explican fuentes del alto tribunal. Aún así, Marín Castán lo emitió y tachó el "ataque personal en el Parlamento" como un hecho sin precedentes. Entienden que desde el órgano poco más pueden hacer más allá de que el jefe del Supremo transmita su enfado al ministro en el que encuentro que se ha reprogramado el próximo martes 19 de diciembre. "Es de suponer que el presidente se lo dirá personalmente", añaden.

El CGPJ puede actuar

En cualquier caso, consideran que la pelota está en el tejado del órgano del Poder Judicial que es el que debe actuar para su protección. "Esta situación la debe gestionar el CGPJ", esgrimen. Y el presidente, Vicente Guilarte, lo expuso este miércoles claramente en un nuevo comunicado alegando que adoptará "las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia".

Estas herramientas que se pueden activar pasan, en primer lugar, por otorgar el amparo a los jueces señalados como indica el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico".

Los efectos prácticos de esta medida, en principio, no van más allá de una declaración de protección, un apoyo público. Pero existe un paso más. Y es que si el CGPJ considera que tras las declaraciones de Junts hay algún tipo de delito se podría activar la vía de la Fiscalía. El artículo 124 de la Constitución señala que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad [...], así como velar por la independencia de los tribunales". La ley del Poder Judicial esboza este camino: "El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá las acciones pertienentes en defensa d ela independencia judicial".

Igualmente, algunas fuentes del Poder Judicial ponen el foco en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 8 de noviembre de 2021 relacionada con la Justicia de Polonia en la que se habla de la necesidad de salvaguardar la independencia del Poder Judicial. Lo mismo que el dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos que señaló el 5 de noviembre: "El Consejode Justicia debe disponer de recursos jurídicos eficaces para salvaguardar su autonomía y cuestionar la legalidad de los actos públicos que le afecten a él o al poder judicial. Los Consejos de Justicia deben tener legitimación activa ante los tribunales nacionales e internacionales".

Todo esto, consideran las fuentes consultadas en el CGPJ supone un soporte legal contundente sobre el que armar la defensa que están dispuestos a componer si los ataques políticos continúan.