Pocas dudas caben que el 2024 se va a leer en clave judicial porque la Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional política y social en Cataluña va a envolver tanto la política como los tribunales e, incluso, la economía de España desde el momento de su aprobación. Pero hasta entonces, el Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional siguen su actividad y entre sus papeles hay nombres propios que marcarán también el año como las investigaciones sobre el beso de Luis Rubiales, el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras o la nueva sentencia sobre el nombramiento de Dolores Delgado.

El calendario sobre la amnistía es difícil de prever porque la ley está todavía en su andadura parlamentaria. Lo que tocará a principios de año será enmendar el texto y ahí será donde los partidos independentistas saquen la artillería pesada. Finalmente el PSOE presentó la norma en solitario y fuentes jurídicas vinculadas al independentismo aseguran que trabajan ya en "retoques técnicos" para componer lo que será un perdón absoluto a una década del procés. A partir de entonces, la ley viajará al Senado y ahí también hay tela que cortar.

La cámara alta ya ha advertido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que querrá que el órgano les haga un informe no vinculante sobre la constitucionalidad de la amnistía por lo que no es difícil inferir que aquí vendrá un nuevo choque entre el Poder Judicial y el Gobierno. Todo ello si antes el PP y el PSOE no se avienen a renovar el CGPJ que lleva desde 2018 con el mandato caducado. De no hacerlo, el órgano que ya es el más longevo de la historia batiría un nuevo récord y agravaría sustancialmente el problema de las vacantes en el Tribunal Supremo donde hay ya más de 20. Y no sólo, en todas las cúpulas de la Justicia de España hay plazas vacías o jueces interinos a la espera de que el órgano de gobierno de las togas recupere la facultad de nombrar. Este 2023 se jubilará nada más y nada menos que le presidente interino del alto tribunal por lo que se abrirá un nuevo escenario sin precedentes.

La amnistía en el Constitucional

La amnistía llegará de todas todas al Tribunal Constitucional que será, junto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los que en última instancia deban resolver sobre la viabilidad del tema. El partido en el órgano se juega en clave de recusaciones porque el exministro de Justicia Juan Carlos Campo ya ha manifestado su intención de apartarse del asunto. La duda está en qué harán, por ejemplo, la magistrada Laura Díez que trabajó en el gabinete del ministro de Justicia, Félix Bolaños, o el propio Cándido Conde-Pumpido que ya se apartó de algunos recursos en el Constitucional relacionados con el procés.

El órgano que vela por la carta magna tiene igualmente pendientes otros asuntos de calado en la política como la segunda reforma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acometió sobre el Consejo del Poder Judicial para poder nombrar precisamente a los jueces del Constitucional; al igual que el borrado del delito de sedición en el Código Penal y la rebaja del tipo delictivo en la malversación de caudales públicos.

Además, está pendiente de sentencia el recurso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez que fue condenado por dar una patada a un policía en una manifestación de Canarias, así como la revisión del fallo sobre el caso de los ERE de Andalucía.

El Tribunal que dirige Conde-Pumpido tendrá que decidir qué medida adopta después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le haya tirado de las orejas por no entrar a revisar ni siquiera un recurso que jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria habían interpuesto porque veían sus derechos vulnerados por la no renovación del CGPJ.

Los indultos y Dolores Delgado

El Supremo será, por supuesto, el Tribunal que concentre todas las miradas a la hora de cumplir con la amnistía porque la Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena será la encargada de cumplir e interpretar lo que la ley del perdón le imponga. Allí, todavía deben resolverse algunos de los recursos que PP, Ciudadanos, Vox y alguna otra asociación interpusieron ya en 2021 contra los indultos a los líderes del procés que habían sido condenados. La Sala de lo Contencioso-Administrativa ha inadmitido hasta ahora todos por falta de legitimación de los recurrentes sin entrar a valorar si la medida de gracia estuvo bien o mal aplicada. Sobre la mesa están aún algunos de los más relevantes como el del cabeza de ERC, Oriol Junqueras.

Esa misma Sala será la que vea un nuevo recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado. Ya a finales de noviembre, los magistrados anularon el ascenso de la exfiscal general del Estado acusando a su sucesor, Álvaro García Ortiz, de "desviación de poder" por elevarla a la máxima categoría en el puesto de fiscal togada del Tribunal Supremo. Este año, los togados deben resolver otra impugnación que la Asociación de Fiscales (AF) hizo al segundo destino de Delgado, el que ocupa actualmente en la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Además, el alto tribunal deberá pronunciarse sobre otra sentencia relacionada con Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'Pequeño Nicolás', que determinará su ingreso en prisión. Si los magistrados avalan la entrada y registro a casa del joven que realizó la Policía, es muy posible que entre en la cárcel a cumplir la que sería su segunda condena. De lo contrario, todas las demás ramificaciones podrían estar en peligro.

Por último pero no menos importante, el Supremo tendrá que decidir qué hace con 'Tsunami Democrátic' después de que el juez Manuel García Castellón remitiera allí la causa por haber aforados como el propio expresidente Carles Puigdemont bajo sospecha. El alto tribunal podrá decidir si los disturbios que se organizaron en Cataluña en 2019 pueden incardinarse en un delito de terrorismo, así como si la causa es de su competencia o debe seguirse en la Audiencia Nacional o, incluso como pide el fiscal, tendría que remitirse a la comunidad autónoma donde sucedieron los hechos.

Vidal-Quadras y Rubiales

En la Audiencia Nacional están en trámite investigaciones muy mediáticas y a punto de juicio otras tantas. El 'caso Rubiales' que indaga en el beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales dio a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del mundial de Sídney (Australia) en agosto sigue estando bajo el foco del juez Francisco de Jorge. La causa está a un paso de terminar, según fuentes jurídicas, y está por ver si se mantiene el delito de agresión sexual contra el expresidente y los de coacciones contra él y los directivos Albert Luque, Rubén Rivera y el exseleccionador Jorge Vilda.

Una de las grandes causas de 2023 promete ser la del tiro en la cara al fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras. Un sicario lo abordó a plena luz del día en el barrio de Salamanca de Madrid y luego huyó encontrándose ahora en paradero desconocido. La Policía detuvo a tres personas que fueron puestas en libertad y la principal hipótesis es que la motivación del crimen tiene algo que ver con la implicación del político con la oposición iraní. El asunto está bajo secreto de sumario.

También bajo llave está la causa que abrió la togada María Tardón por la desaparición de dos españoles en Israel cuando comenzó la guerra contra Gaza. El Ministerio de Exteriores ha confirmado ya la muerte de Iván Illarramendi y su esposa chilena así como de la joven Maya Villalobo Sinvany por lo que el objeto de las pesquisas ha perdido fuerza, según anuncian fuentes jurídicas, y tiene pocos visos de prosperar para encontrar a un culpable.

Pendiente de fecha para juicio está, igualmente, el caso 'Kitchen' sobre el que aún quedan unos flecos pendientes en la Sala de lo Penal. Se sentarán en el banquillo de los acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, además del comisario José Manuel Villarejo que se enfrenta a su segundo juicio. Su macrocausa 'Tándem' sigue su camino en la Audiencia Nacional con hasta 50 ramificaciones, pero las piezas se han ido desinflando con el paso de los años.

A un paso del banquillo está también el presunto terrorista del ataque de Algeciras.

El CNI, Rato y Montoro

El juicio del exministro de Economía Rodrigo Rato se inició en 2022, pero será este año cuando se practiquen las pruebas y testificales claves a partir de abrir. La Audiencia Provincial de Madrid debe esclarecer si el también exdirector del Fondo Monetario Internacional cometió fraude fiscal y facturó fuera de España a través de sociedades pantalla. La Fiscalía Anticorrupción pide para él más de 70 años de cárcel.

En esta Fiscalía Especial reside también una causa secreta sobre el despacho Equipo Económico vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona está a punto de levantar el velo del secreto que se ha prolongado durante cuatro años y será entonces cuando se confirmen muchos de los detalles de la investigación en la que Montoro utilizó presuntamente sus influencias para beneficiar a determinadas empresas que pagaban a su antiguo despacho, como desveló El Independiente.

Asimismo, ha de esclarecerse lo ocurrido con los dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los que el Juzgado de instrucción número 22 de Madrid investiga por haber filtrado información confidencial a los servicios secretos de Estados Unidos. Quedan flecos pendientes de otras causas mediáticas que han copado muchos titulares en 2022 como, por ejemplo, el 'caso Cuarteles' sobre la corrupción en las obras públicas de la Guardia Civil; el 'caso Mediador' vinculado al exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo; el voto por correo de Melilla o la 'operación Grapa' sobre el desvío de fondos público en la compra de unifermos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.