El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Ley de Emisiones, una propuesta legislativa que modifica la norma vigente y revisa el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para el periodo 2021-2030 para adaptarlo a los nuevos objetivos europeos, tal y como ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.

La nueva orden establece que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 40% hasta el año 2030 con respecto a los valores de 1990. «Aunque nuestra prioridad haya sido la pandemia, hemos seguido trabajando en la lucha al cambio climático. España no va a perder el tren de la revolución verde», ha afirmado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) sostiene que, para lograr el objetivo de la UE de reducción de emisiones, los sectores incluidos en el sistema de comercio -entre los que destacan la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo- deben lograr una disminución de emisiones conjunta del 43 por ciento en 2030, en relación con los niveles de 2005.

El anteproyecto, que sigue la senda de los reglamentos europeos, propone un sistema de comercio de derechos de emisión, que se traduciría en una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta. De esta manera, afirma el Miteco, se estimula la inversión a tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.

En el comercio de derechos de emisión no se establecen obligaciones de reducción individualizadas, sino que cada empresa decide cuál es la estrategia de cumplimiento que más le conviene, como invertir en mejoras a nivel energético o acudir al mercado para comprar los derechos de emisión requeridos.

Las entidades reguladas deben monitorear sus emisiones cada año y rendir cuentas de las mismas, explica la nota, que resalta en que el derecho de emisión tiene un valor económico y, mediante la disminución de las emisiones, dichas entidades reducen sus costes.

En 2019, las emisiones de los sectores afectados por el comercio de derechos de emisión se redujeron un 35% en el conjunto de la Unión Europea y un 45% en España, en ambos casos respecto a 2005, que fue el año en el que se puso en funcionamiento de este régimen. En nuestro país, el sistema de comercio de derechos de emisión afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos, cuyas emisiones representan en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero, informa el Ministerio.

La directiva europea que motiva esta Ley de Emisiones establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y para facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono, según indica el comunicado. La ministra de Hacienda se ha aventurado a calificar el objetivo de esta orden como un «cambio de modelo» con el que se fortalecería el tejido productivo. 

El anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la norma más importante impulsada hasta este momento por el Ministerio que gestiona Teresa Ribera y hermana de la Ley de Emisiones presentada este martes, fue aprobado por el Gobierno el pasado 19 de mayo y que está ahora a la espera de someterse a la votación del Congreso.