«Espero que con este informe de la ONU se avance, que actúen y se haga justicia pronto y no a largo plazo. No hay nada nuevo; es lo que venimos denunciando desde 2013. La muerte de mi esposo, el capitán Rafael Acosta Arévalo, podría haberse evitado. Y otras muchas. Aún siguen torturando». Walewska Pérez se pregunta cómo la Venezuela chavista sigue sentada en la ONU «cuando han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad».

Sobre las torturas al capitán Acosta Arévalo, que murió después de comparecer agonizante ante el tribunal el 28 de junio de 2019, da cuenta el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Sils.

«La Misión tiene motivos para creer que se cometieron torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el capitán Acosta Arévalo, hasta el punto de causarle la muerte”, señala el informe.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le encomendó, según la resolución 42/25, la tarea de investigar durante un año las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos», dice Valiñas

«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno», ha agregado Valiñas. El informe apunta como responsables a Nicolás Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al titular de Interior, Néstor Reverol.

Al considerar un patrón de comportamiento del Estado la tortura y la ejecución extrajudicial el informe marca un punto de inflexión. «No pueden establecer responsabilidades penales, pero están todos los elementos para que la justicia pueda establecer la responsabilidad penal de los autores. Han hecho la tarea a la Corte Penal Internacional», explica María Alejandra Aristigueta, quien fue de febrero de 2019 a febrero de 2020 representante de Juan Guaidó en la Confederación Helvética y ante la ONU en Ginebra.

Los autores del informe pudieron visitar Venezuela ni entrevistarse con el líder chavista o sus acólitos. Pero el informe se basa en 274 entrevistas a víctimas, testigos, parientes, ex funcionarios, abogados, representantes de ONG, y funcionarios internacionales. Ha tenido acceso a documentos confidenciales.

La muerte de mi esposo es una prueba de cómo son partícipes en las violaciones de derechos humanos los dirigentes, jueces, médicos… «, dice la viuda del capitán Acosta

Walewska Pérez lleva denunciando al régimen chavista desde que asesinaron al capitán Arévalo. «La muerte de mi esposo es una prueba de cómo son partícipes en las violaciones de los derechos humanos dirigentes del gobierno chavista, jueces, médicos… A los ejecutores los premian con ascensos». Al capitán Arévalo lo acusaron sin pruebas de magnicidio y a punto estuvo de morir ante el juez. Su caso ha sido denunciado por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

La Misión ha investigado 223 casos, de los cuales 48 se incluyen de forma exhaustiva en el informe que consta de 443 páginas. Han examinado un total de 2.891 casos. Ha constatado 53 ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad, las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC o policía técnica militar, fueron responsables del 59% de las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad y también son los autores de las ejecuciones extrajudiciales.

Para encubrir los asesinatos se colocaban armas con el fin de simular enfrentamientos, según han revelado ex funcionarios de las FAES a la Misión. Al proceso lo llamaban «sembrar semillas». Un video al que tuvieron acceso muestra cómo se anima a los funcionarios a «matar criminales sin compasión».

«Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen», ha dicho la presidenta de la Misión, en la rueda de prensa de este miércoles.

Un ex director del Sebin dijo a la Misión de la ONU que esta institución tenía «un comportamiento cultural de tortura». Aplican asfixia, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, así como violencia sexual.

Las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones se aplican a la población civil con el objetivo de silenciar cualquier tipo de oposición al régimen chavista. La Misión apunta a 45 funcionarios del Sebin y del DGCIM que deberían ser investigados.

Maduro, Padrino López y Reverol

Los autores del informe concluyen que Maduro y los ministros del Interior y de Defensa «tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».

Tamara Suju, que lleva el caso del capitán Acosta ante la Corte Penal Internacional afirma que el informe de la ONU «ratifica lo que hemos denunciado de forma sistemática en los últimos seis años» y recuerda como el predecesor de la actual comisionada, Michelle Bachelet, Zeid Raad Al Hussein, ya se había referido a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Ojalá hubieran reaccionado antes; se habrían ahorrado muchas muertes… Ahora quienes apoyan a Maduro quedarán como cómplices», dice Tamara Suju

«Ojalá hubieran reaccionado antes, se habrían ahorrado muchas muertes», dice Suju, quien apunta a que no solo son Maduro y los ministros de Interior y Defensa los responsables, sino toda la cadena de mando, entre ellos, los directores generales del Dgcim (contrainteligencia militar), Rafael Blanco Marrero, y su predecesor, Iván Hernandez Dala.

«Esperemos que sirva para la Corte Penal Internacional. Muchos casos ya están siendo valorados. Está bien que un organismo universal lo ratifique. Así quienes apoyan a Maduro y se tapan los ojos y la boca quedarán como cómplices a partir de hoy», afirma la abogada Tamara Suju.

Este informe debería servir para que una gran cantidad de países se sume a la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional que está en la segunda fase del examen preliminar. Hasta ahora han dado este paso siete países: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y República Checa.

El régimen ha reaccionado por boca del ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien en su cuenta de Twitter, ha escrito que es «un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington». Según Arreaza, es una muestra de «práctica perversa de hacer política con los derechos humanos, y no política de derechos humanos».

María Alejandra Aristigueta nos confiesa desde Ginebra un día como hoy ha pensado en su padre, a quien llegaron a arrestar, ya octogenario, por escribir unos tuits, y en los padres de Juan Pablo Pernalete, a quien impactó una bomba lacrimógena en el pecho lanzada por la Guardia Nacional cuando estaba en una manifestación el 26 de abril de 2017. Tenía 20 años.

Sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero este pronunciamiento nos alienta a seguir en la lucha por la verdad», señala el padre de Juan Pablo Pernalete

«Es un gran avance y paso importante para los que estamos esperando Justicia. Sabemos que falta aún mucho camino por recorrer, pero este pronunciamiento nos acerca y nos alienta a seguir en esta lucha para que la verdad y la Justicia se impongan y estos casos no sean olvidados. Confiamos en que sus autores tanto materiales e intelectuales paguen por sus crímenes. Vamos por buen camino», nos dice desde Caracas José Pernalete, quien junto a su esposa no descansará hasta que haya justicia. Lo hace por su hijo y por todos los que como él son víctimas inocentes.

Tanto María Alejandra Aristigueta, que lleva una década tratando de visibilizar los abusos contra los derechos humanos en Venezuela, como la abogada Tamara Suju están convencidas de que Nicolás Maduro y sus acólitos acabaran siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad.

«La Corte Penal es una amenaza real para estos criminales. Señalar a estos criminales y mostrarlos los mantiene en vilo. La justicia internacional es tan importante como las sanciones. Creo veremos a Maduro y quienes han ejercido la represión ante la justicia internacional», concluye Tamara Suju.