Polonia ha ido más allá del PolExit. En lugar de amenazar con salir de la UE, como hizo el Reino Unido con el Brexit, se enfrenta a las instituciones comunitarias desde dentro. La Comisión Europea ha recibido con «gran preocupación» el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia que considera incompatibles con la Constitución las leyes comunitarias. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que la sentencia «pone en duda los principios» de la UE. Bruselas va a examinar los detalles para tomar medidas, según informa la agencia Europa Press.

«Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar que los principios fundadores de la UE se respeten», ha declarado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una rueda de prensa en Luxemburgo, donde participó en una reunión de ministros de Justicia de la UE.

El Tribunal Constitucional de Polonia ha resuelto este jueves que la Carta Magna del país prevalece sobre el Derecho de la UE, lo que deja en el aire los varios frentes abiertos con Bruselas y abre la puerta a que Varsovia no cumpla con las sentencias de la Justicia europea.

El Constitucional se ha pronunciado, tras aplazar hasta en tres ocasiones el fallo, respecto a una demanda del primer ministro, Mateusz Morawiecki, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminase que las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno podían suponer una violación de las leyes comunitarias.

De esta forma, el máximo tribunal polaco ha sentenciado que algunas de las regulaciones comunitarias son incompatibles con la Constitución de Polonia, según informa Rzeczpospolita.

El TUE ya puso a mediados de julio en tela de juicio alguna de las reformas impulsadas por el Gobierno que comanda el Partido Ley y Justicia (PiS), en particular el régimen disciplinario instaurado sobre los jueces.

Las tensiones entre Varsovia y Bruselas han ido acrecentándose en los últimos meses, con el PiS llegando incluso a proponer la posibilidad de tomar medidas «drásticas» ante la escalada del pulso político, planteando la continuidad del país dentro de la UE, que todavía no ha autorizado el desembolso de los 23.900 millones de euros contemplados en el plan de recuperación tras la pandemia.



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