Nuevo golpe a la disidencia emiratí en plena recta final de la Cumbre del Clima que alberga Dubái. El Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi ha iniciado un macrojuicio contra 87 activistas locales, entre ellos algunos de los principales iconos de la oposición local. Están acusadas de establecer una organización terrorista, apoyarla y financiarla, conforme la ley de delitos antiterroristas de Emiratos Árabes Unidos.

Se trata, según la ONG Centro para la Defensa de los Detenidos de Emiratos Árabes Unidos, del “segundo juicio político de mayor envergadura en la historia de Emiratos” y los cargos pueden ser castigados con la pena de muerte y la cadena perpetua, en virtud del artículo 21 de una ley de delitos antiterroristas usada ahora para sofocar cualquier ejercicio de libertad de expresión.

Entre los enviados a juicio, figuran algunos de los activistas que se hallan actualmente en prisión por sus actividades pacíficas y que estaban a punto de cumplir condena. En el listado, se encuentran Sultan Bin Kayed al Qasimi, Khaled al Shaiba Al-Nuaimi, Muhammad al Roken, Hadef al Owais y Muhammad al Siddiq, junto con activistas de derechos como Ahmed Mansoor y Nasser Bin Ghaith. La ONG denuncia su preocupación por “la aparente fabricación de nuevos cargos por parte de Emiratos para ampliar las condenas de quienes ya han sido puestos en libertad, lo que refleja la continua represión de la disidencia y la sociedad civil por parte de las autoridades emiratíes”.

Pena capital y cadena perpetua

Inquieta, además, "las consecuencias potencialmente nefastas para la vida de los detenidos y su falta de acceso a un juicio justo, especialmente si se tiene en cuenta que muchos llevan meses aislados del mundo exterior”. El codirector de la ONG FairSquare James Lynch, que sigue de cerca la situación de derechos humanos en Emiratos, reconoce su sorpresa por la noticia y "el momento en el que se produce”. “Emiratos ha intentado durante su presidencia de la COP28 persuadir al mundo de su apertura a diferentes perspectivas. Ya era absurdo que ni un solo emiratí crítico con el gobierno pudiera asistir a las conversaciones. La decisión de presentar nuevos cargos por terrorismo de esta magnitud en medio de las conversaciones, cuando Emirastos está en el punto de mira mundial, es una bofetada gigantesca a la comunidad de derechos humanos del país y al proceso de la COP".

El  9 de diciembre activistas celebraron una acción de protesta en apoyo de los presos políticos del país en la "zona azul" de la COP28, gestionada por la ONU. Este tipo de protestas son normalmente imposibles en EAU, que purgó el país de organizaciones independientes de derechos humanos a principios de la década de 2010.

El emir de Abu Dabi y presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha convertido la represión en su regla de oro. Su aparato de seguridad ha sido especialmente virulento desde que en 2011 la Primavera Árabe se propagara por la región y pusiera en peligro el status quo de las petromonarquías del golfo Pérsico. En 2013, al mismo tiempo que el palacio real emiratí financiaba la represión en el vecino Bahréin o el golpe de Estado en Egipto, sus tribunales firmaron la conocida sentencia de los “94 de Emiratos Árabes Unidos”, un grupo de abogados, académicos y activistas reformistas condenados a hasta quince años de cárcel después de un juicio masivo censurado por las organizaciones de derechos humanos internacional.

Para Amnistía Internacional, se trata de "un nuevo juicio farsa contra disidentes durante la COP28 que revela el desprecio descarado de las autoridades por los derechos humanos". "Comenzar las vistas de un nuevo juicio masivo ficticio en medio de lo que se ha anunciado como 'la COP más inclusiva de la historia' es una muestra asombrosa de desprecio por los derechos humanos por parte de las autoridades emiratíes. El momento parece estar deliberadamente pensado para enviar un claro mensaje al mundo de que no tolerará la más mínima disidencia pacífica y de que las autoridades no tienen intención de reformar el nefasto historial de derechos del país", declara Aya Majzoub, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"La COP28 ya ha dejado al descubierto las barreras del miedo y la represión legalizada que asfixian a la disidencia en EAU, donde no se permiten protestas en la 'Zona Verde', que se encuentra bajo jurisdicción emiratí puramente nacional, ya que los activistas temen la aplicación de leyes que criminalicen las críticas al gobierno", agrega. "Desde junio, múltiples activistas emiratíes han informado a Amnistía de que muchos disidentes encarcelados han sido aislados del mundo exterior: la única forma de comunicación permitida son las llamadas telefónicas vigiladas para pedir a sus familias que les busquen abogados. Emiratos debe liberar de inmediato a todos los presos detenidos arbitrariamente, retirar los cargos contra ellos y poner fin a su despiadado ataque contra los derechos humanos y las libertades. Ya es hora de que Emiratos deje de instrumentalizar el sistema de justicia penal para eliminar el movimiento de derechos humanos en el país."

Ahmed Mansoor, icono de la disidencia

Uno de los iconos de la represión que acalló todas las voces es Ahmed Mansoor, detenido en marzo de 2017 y condenado a una década entre rejas por "insultar el estatus y el prestigio de Emiratos y sus símbolos, incluidos sus líderes". Meses antes de su arresto, Mansoor -ingeniero, poeta y padre de cuatro hijos- afirmó: “Emiratos Árabes Unidos está pasando por el peor momento de su historia en términos de derechos humanos. Es su era más oscura. Nunca antes hemos estado en este tipo de situación, ni en una situación parecida”. Entonces se consideraba “el último activista de Emiratos en libertad”.

Mansoor fue una de las víctimas de la cibervigilancia impuesta desde palacio. Emiratos cuenta con una de las redes de vigilancia electrónica más avanzadas del mundo. Los investigadores de Citizen Lab apodaron a Mansoor como “el disidente del millón de dólares” después de que, en 2016, hallaran un programa malicioso enormemente sofisticado en su teléfono, lo que llevó a Apple a actualizar urgentemente el sistema operativo del iPhone a escala mundial. En lo que se denominó Proyecto Raven, Abu Dabi contrató a más de una decena de antiguos empleados de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense para que trabajaran a través de la compañía DarkMatter en el desarrollo de la plataforma Karma, que les permitió piratear cientos de iPhones y cuyas revelaciones compartieron con los países vecinos en su misión conjunta de sofocar a la oposición.

A finales de noviembre el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que expresa su inquietud por el clima de terror que impera en los confines emiratíes, “en particular por el recorte y la violación de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y expresión tanto en el espacio digital como en el analógico”. La Eurocámara exige “la liberación inmediata e incondicional” de Mansoor y otros tres activistas de derechos humanos locales, Mohammed al Roken, Mohammed al Mansoori y Nasser Bin Ghaith “tras juicios injustos”. “Uno de los aspectos más preocupantes es que se suponía que muchos presos políticos iban a ser liberados este año. Cumplieron sus condenas, pero a día de hoy siguen detenidos. Esto demuestra, una vez más, hasta qué punto no existe estado de derecho en Emiratos. Incluso cuando se aplican sentencias escandalosas tras juicios injustos y estás expiran, la gente no es puesta en libertad. Es la demostración de la burla que suponen estas sentencias”, opina Lynch.