En 2023, el presidente tunecino, Kaïs Saied, pronunció un duro discurso en el que habló de un plan para "cambiar la composición demográfica" de su país para convertirlo en uno "solo africano", alterando su carácter "árabe y musulmán". Aunque la teoría del "gran reemplazo" nació en Europa, donde la extrema derecha denuncia un programa para sustituir a la población blanca europea por árabes y africanos, también ha encontrado acogida entre algunos líderes del otro lado del Mediterráneo.

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El norte de África es una olla a presión. Discursos como el de Saied se extienden a medida que crecen los flujos migratorios que se establecen en estos países en su empeño por cruzar hacia Europa. Y estos mensajes calan hondo en la población, que cada vez mira con más desconfianza hacia aquellas personas que llegan desde el sur del continente.

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Hace un año, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunciaba cómo esta retórica ha facilitado que las autoridades tunecinas lleven a cabo "arrestos y detenciones de sesgo racista". Según la organización, los agentes han infligido "tortura y otros malos tratos incluidas violaciones y otros actos de violencia sexual" contra las personas negras que llegan a su país.

A pesar de las "violaciones generalizadas de los derechos humanos", la Unión Europea sigue considerando a Túnez un "país seguro" para los inmigrantes. Así lo ratificó el pasado junio, cuando la Eurocámara aprobó su nuevo Reglamento de Retorno. La normativa sitúa también a Marruecos como país seguro, a pesar de los ataques que sufren colectivos de inmigrantes dentro del territorio, como ha podido constatar El Independiente.

El papel de la Unión Europea

"Llevamos advirtiendo décadas sobre el hecho de que Marruecos no es un país seguro para las personas migrantes y refugiadas, igual que muchos otros", asegura en conversación con este periódico Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según detalla, existen indicios claros de los inmigrantes sufren "violencia, discriminación, racismo y xenofobia" en estos países.

Desde hace años, la protección de las personas migrantes no está garantizada en el norte de África. En 2024, las autoridades tunecinas pusieron fin a la tramitación de solicitudes de asilo a través de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), eliminando la única vía posible para pedir el estatus de refugiado en el país. En el caso de Marruecos, los propios empleados de la oficina del organismo de Naciones Unidas en Rabat han sido acusados de actitudes racistas hacia los solicitantes de asilo.

"La UE no debería firmar acuerdos de cooperación para que estas personas se queden atrapadas en países donde no se respetan sus derechos", denuncia Díaz.

Este tipo de acuerdos no se puede entender sin tener en cuenta el endurecimiento de las fronteras europeas durante los últimos años. Y ha sido precisamente esta política de externalización migratoria la que ha provocado el aumento de la hostilidad hacia los inmigrantes en los países que hasta ahora eran de tránsito.

Expulsiones y racismo arraigado en la población

Al encontrar muchas más dificultades para llegar a Europa, los flujos migratorios han aumentado considerablemente en los países del norte de África. "Los países de tránsito son cada vez más países de destino forzado", apunta la coordinadora del CEAR. Esta nueva realidad está teniendo un impacto en la percepción de las personas inmigrantes entre la población local con respecto a épocas anteriores.

"Aunque existiese previamente racismo y xenofobia en en estas sociedades, sí es cierto que esto se ha incrementado notablemente desde el refuerzo de estas políticas por parte de la UE", lamenta Díaz.

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) ha detallado las características de esta discriminación en Marruecos. "Algunos marroquíes perciben a las personas negras, en particular a quienes desean emigrar a Europa, como portadoras de la delincuencia y la criminalidad: la prostitución y el consumo o venta de drogas se atribuyen a estos migrantes, a quienes se desprecia", recoge su anuario del año pasado. También se han registrado agresiones policiales y violencia sexual hacia las mujeres inmigrantes.

Pero Marruecos no es el único país que incurre en estas actitudes. El IEMed describe dinámicas similares en Argelia, donde existe un "racismo negro" muy extendido, aseguran. Miles de personas son expulsadas anualmente hacia Níger, muchos de ellas abandonadas a su suerte en el conocido como "Punto Cero", en medio del desierto.

Lo mismo sucede en Túnez, donde miles de personas han sido deportadas desde que el presidente Saied pronunció su infame discurso. Son especialmente preocupantes las expulsiones hacia Libia donde, según Border Resistance, un colectivo que defiende los derechos de los inmigrantes en el Mediterráneo, "se cometen las violaciones más atroces y graves".

El infierno de Libia

El informe Les routes de la torture de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) documentó el deterioro de la situación en Túnez entre mayo y octubre de 2024. La retórica oficial que criminaliza a la población negra ha avivado el racismo y la xenofobia social, paralizando al mismo tiempo el trabajo de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias de apoyo.

A través de las llamadas devoluciones en caliente y traslados forzosos, las fuerzas de seguridad tunecinas entregan con frecuencia a personas migrantes directamente a las guardias fronterizas y grupos armados libios. Una vez en territorio libio, las víctimas son encarceladas en centros de detención, donde sufren torturas, trabajos forzados y extorsión. Para lograr la liberación, las milicias exigen el pago de rescates económicos.

Quienes no pueden costear su libertad son cedidos o "recomprados" por terceros, ingresando en redes de trata que explotan a los afectados mediante trabajo no remunerado o abuso sexual. Esta cadena de abusos convierte el trayecto migratorio en un ciclo ininterrumpido de violencia e indefensión jurídica a ambos lados de la frontera, según denunció la OMCT.

A la complicidad de las autoridades tunecinas en los abusos contra las personas inmigrantes en Libia, se suma la persecución contra activistas antirracistas. Amnistía Internacional reportó en marzo de 2026 que un tribunal de Túnez había condenado a la activista Saadia Mosbah –mujer negra tunecina, presidenta de la organización contra el racismo Mnemty– a ocho años de prisión en relación con su trabajo, "como parte de una campaña de represión de la sociedad civil respaldada por un discurso público racista".