Junts pel Sí (JPS) y la CUP, Carles Puigdemont y Anna Gabriel, han acordado la llamada ley de Transitoriedad, la pieza clave para la desconexión con España, que, en su primer artículo establece: "Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social".
Tras seis meses de negociación, independentistas y antisistema han pactado una norma para transitar desde el actual estatus jurídico de Cataluña como comunidad autónoma, a un estado plenamente independiente, saltándose a la torera la Constitución y la soberanía nacional, que reside en las Cortes. Como viene siendo habitual en la política catalana desde que Artur Mas decidió ganarle la partida del independentismo a ERC, las decisiones del Parlament tienen dos caras: una de ellas es la que implican algunas de sus decisiones como un constante reto al Estado, con los riesgos que ello supone; la otra, es la chapucería con la que estos planteamientos se llevan a cabo. Claro ejemplo de ello es lo que ha sucedido hace unas horas. Me refiero a la decisión de los firmantes de no hacer público el contenido de la ley para evitar que sea "paralizada" por el Tribunal Constitucional. A eso, Mas lo llamaba "astucia". Pero, en román paladino, sólo se le puede calificar de irresponsabilidad.
Naturalmente, dicha ley requiere de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y de la aprobación por mayoría de la independencia.
El acuerdo de ruptura ha coincidido con la decisión del Tribunal Supremo de procesar al diputado y ex consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs por "desacato" en la consulta farsa del 9 de noviembre de 2014. Al mismo tiempo, el Centre d'Estudis d'Opinio (CEO) ha publicado una encuesta en la que constata que una mayoría de catalanes (el 46,8%) votaría contra la independencia, mientras que un 45,3% lo haría a favor. Los partidarios del "no" han aumentado en un 1,7% en sólo un mes. Además, el sondeo apunta a una posible pérdida de la mayoría absoluta que ahora sostiene al gobierno gracias a la suma de diputados de JPS y la CUP: de 72 escaños podrían pasar a una horquilla de entre 65 y 69 escaños.
La pérdida de apoyo del soberanismo y la presión de la CUP han llevado a un acuerdo claramente ilegal
No se puede desligar ninguno de estos aspectos. Por un lado, el procesamiento de un hombre que ha sido fundamental para que CiU diera el paso definitivo hacia el soberanismo, y, por tanto, hacia su ruptura. Por otro, el desánimo que va calando en la sociedad catalana y la pérdida de apoyos del independentismo. Y, finalmente, un escenario electoral en el que los independentistas podrían perder su inestable mayoría en el Parlament.
El fuego se apaga y necesita más madera. Y eso es lo que han hecho JPS y la CUP al poner sobre la mesa un acuerdo claramente ilegal que va a reavivar el enfrentamiento y va a ayudar en convertir en víctima al que fuera mano derecha de Mas.
Vamos, pues, al choque de trenes. La operación diálogo, iniciada por el gobierno de Mariano Rajoy, y pilotada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tendrá, por tanto, poco recorrido. El Gobierno se ha dado cuenta demasiado tarde de su errónea política respecto a Cataluña. En primer lugar, subestimando el problema. En segundo término, circunscribiendo la disensión a su vertiente económica. Y, tercera y más importante equivocación, al considerar que la Generalitat era la representación del Estado en Cataluña, cuando en realidad era su peor enemigo.
La vía del diálogo iniciada por Sáenz de Santamaría no tendrá recorrido. El Plan B supone aplicar el artículo 155 de la Constitución
La vicepresidenta, según ya adelantó Cristina de la Hoz en El Independiente, tiene en su cartera un Plan B que incluye la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que no tiene por qué suponer la suspensión de la autonomía, sino más bien lo que podríamos llamar una "desconexión a la inversa". Es decir, quitarle a la Generalitat las competencias clave, sobre todo en materia de orden público, para imposibilitar que se lleve a cabo una ruptura unilateral y claramente ilegal.
Hoy se ha puesto en marcha el reloj. Los que consideraban que cabía la esperanza de evitar el enfrentamiento entre legitimidades pueden abandonarla. El choque de trenes está servido y se producirá sin remisión en 2017.
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