Hay mar de fondo en la Fiscalía Anticorrupción pero no es la primera vez que unos fiscales rebeldes o discrepantes son noticia por sus problemas internos. Recordemos aquel episodio de los “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional que trajeron de cabeza a más de un Fiscal General del Estado. Pero los problemas que se dirimían entonces son muy distintos de los de ahora y también lo son sus protagonistas.

El centro de la polémica hoy es la Fiscalía Anticorrupción que, por la naturaleza de los asuntos que investiga, es en este momento el órgano clave entre todas las Fiscalías españolas. Los fiscales anticorrupción se ocupan de todos los casos que afectan de lleno a los partidos políticos, léase el PP en los casos Gürtel, Púnica, Rato, o el último, el caso Lezo que afecta al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; léase el PSOE con los casos ERE, o los cursos de formación; o léase CIU con el 3 por ciento o el caso de la familia Pujol entre otros.

Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre

En el centro de todas esas tormentas José Manuel Maza, el nuevo Fiscal General del Estado, ha colocado a Manuel Moix, flamante fiscal jefe Anticorrupción, un hombre experimentado, un buen jurista con amplia experiencia que, siendo Fiscal Superior de Madrid, mandó sin incidentes reseñables a los más de 300 fiscales que tiene la plantilla de esta Comunidad. Los problemas se le han planteado ahora, entre otras cosas porque Moix pretende poner un poco de orden en una Fiscalía Anticorrupción que en los últimos años ha ido por libre y cuyos cerca de 30 miembros -aunque casi la mitad está en comisión de servicio- llevan mucho tiempo actuando sin el duro control de un superior que, como Antonio Salinas, había cumplido en 2013 la edad de jubilación y estaba en espera de ser sustituido.

Y aquí viene el problema porque Manuel Moix se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas, y a esa convicción se debe el que se opusiera inicialmente a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo dentro de la operación Lezo y que se refería a la compra supuestamente fraudulenta de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, en el año 2001.

Se presentó para el puesto con un programa en el que defendía la necesidad imperiosa de acabar con las macrocausas

Los fiscales encargados del caso Lezo no aceptaron la opinión de Moix  y finalmente éste asumió el criterio de sus colegas. Pero esa discrepancia le ha servido para ser acusado de intentar obstruir las investigaciones que han llevado finalmente a Ignacio González a la cárcel, lo cual carece de toda base, al margen de que es más que probable que ese asunto acabe siendo finalmente fraccionado.

Moix va a hacer otra cosa que era necesaria desde hace mucho tiempo: colocar los informes de la Guardia Civil y de la Policía en sus justos términos, de modo que no incluyan la calificación jurídica del delito que en su opinión se ha cometido, costumbre insólita que excede absolutamente a sus competencia. Y va a impedir otra cosa más que resultaba últimamente demasiado frecuente: que fueran los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que en la práctica dirigieran la investigación de los fiscales y, en consecuencia, la instrucción del juez.

Con el tiempo se comprobará que es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política

Eso es parte de lo que Moix quiere cambiar, además de recuperar en su mano todas las riendas de una Fiscalía Anticorrupción que llevaba algunos años demasiado “suelta”. Y es esa determinación de poner orden en un órgano tan decisivo hoy en la vida española la que ha provocado la rebelión de determinados fiscales -algunos con claros ribetes de “indomables”- y el aprovechamiento político de esa leve rebelión por parte de los partidos de la oposición que, con una visión algo miope del panorama, le están acusando de ser “favorable” al PP -a cuyos miembros no parece haber favorecido sino todo lo contrario- y que no parecen ser conscientes del daño que ese descrédito promovido injustificadamente hace a nuestro Estado de Derecho.

Finalmente, el tiempo pasará, las aguas volverán a su cauce y entonces se comprobará que el fiscal Moix es un buen servidor de la Justicia y que está libre de toda servidumbre política. Pero para llegar a eso aún falta un trecho largo.