Ha buscado una respuesta directa al Rey de España, lo cual evidencia lo mucho que sus palabras dañaron a la imagen pretendida de las pretensiones secesionistas. Tan directa que se atrevió a interpelar al monarca. «Así no», le dijo. Así no, es precisamente el mensaje que llevan recibiendo Puigdemont  y los suyos desde que los dirigentes de la Generalitat decidieron plantear el mayor desafío a la Constitución  desde que ésta existe. Pero el presidente catalán se arrogó, como siempre, el papel de intérprete de los sentimientos del pueblo catalán del que siguió hablando como de un todo unitario, para decirle al Rey que con su discurso de este martes se había enajenado el respeto y el apoyo de los catalanes, cuando lo más probable es que sus palabras hayan supuesto un verdadero bálsamo para muchos atribulados ciudadanos de esa comunidad autónoma que se han sentido durante demasiado tiempo huérfanos de respaldo y de cobijo. En definitiva, Puigdemont no aportó nada nuevo por ese lado. Pero sí hubo algunos aspectos que merecen ser señalados.

El primero y más relevante, que apeló con insistencia a la posibilidad de mediación por parte de personalidades o instituciones con prestigio suficiente como para asumir un papel que es de muy difícil aceptación por parte del Gobierno de España, que considera, con razón, que no hay mediación posible entre quienes defienden la pervivencia del Estado de Derecho y quienes se han saltado todas las normas que regulan la vida política y el ordenamiento jurídico de ese Estado de Derecho. En un tono más ponderado de lo esperable, el presidente de la Generalitat, se aferró a una cuestión que se había planteado públicamente hace apenas unas horas. Y eso puede tener una explicación verosímil y es que nadie en el secesionismo ignora cuáles serían las terribles consecuencias de la aplicación de la anunciada declaración unilateral de independencia: las que se producirían cuando, en efecto, los secesionistas empezaran a independizarse.

Puigdemont se aferró a una cuestión que se había planteado hacía sólo unas horas

Porque en el momento en que intentaran expulsar de Cataluña a los jueces, a los funcionarios, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, todos servidores del Estado español, se abriría un conflicto violento. Ellos saben perfectamente que los miembros de estas instituciones se negarían en redondo a obedecer las órdenes de expulsión, dado que no reconocerían una independencia ilegal e impuesta a base de ignorar todas las normas exigibles en un país que se somete al imperio de la ley. ¿Qué pasaría entonces, cuando en los cuarteles se negaran de plano a acceder a las pretensiones de los secesionistas de que abandonaran el territorio, una cuestión imprescindible para que su pretendida independencia tuviera algún viso de realidad ? ¿Cómo intentarían los Mossos, la fuerza policial armada, y muy bien armada, por cierto, dependiente de la Generalitat, forzarles a salir? ¿Cómo se respondería desde el otro lado? No hace falta ser muy listo para imaginarse el escenario cierto que se abriría tras la aplicación de esa declaración de independencia. Eso sin contar los efectos que ya se están produciendo en el ámbito empresarial y en el financiero y de los que ya están tomando nota quienes prometieron a sus ciudadanos llevarles en volandas a la Arcadia feliz, a la Dinamarca del Mediterráneo. Por eso tiene sentido esa ligera percepción de vértigo que se intuyó ayer en el discurso de Puigdemont, esa actitud apaciguada, esa apelación a la mediación y ese gesto, muy significativo, de dirigirse en castellano a los españoles que le estuvieran escuchando.

Fue muy significativo el gesto de dirigirse en castellano a los españoles

El presidente de la Generalitat no anunció su propósito de promover el próximo lunes la famosa DUI y a cambio dio por bueno el bochornoso espectáculo de las votaciones del 1 de octubre en lo que le pareció una demostración de unidad del pueblo catalán en pos de los designios de los independentistas. No mencionó tampoco el dictamen que sin duda han emitido los famosos observadores internacionales que fueron contratados por la propia Generalitat para dar fe del éxito de la convocatoria. De eso no hubo ni rastro en la intervención del president. Pero, naturalmente, se detuvo a hablar una vez más de la «brutalidad policial», como  argumento supremo al que aferrarse y del que hay que insistir aquí en que no fue tal y sí el resultado de una trampa astutamente tendida por él y por los jefes de los Mossos para atrapar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil entre dos fuegos cruzados: los colegios, que no habían sido cerrados por los Mossos, como se les había ordenado, y las masas, que no habían sido apartadas de las entradas de los colegios, como también estaba previsto y no sucedió.

En una palabra, Puigdemont continuó moviéndose en una realidad paralela dentro de la que no puede haber encuentro posible. No tardó ni 10 minutos la vicepresidenta en responder a Puigdemont: no estaba dispuesto el Gobierno a dejar al líder secesionista la última palabra de la jornada. Y, como era previsible, ella no se movió de las posiciones que siempre ha defendido. Además de hacerle en términos muy duros el reproche a las pretensiones del presidente catalán de indicar al Rey sus deberes constitucionales, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a exigirle que deshaga su camino, cosa que no va a suceder por lo menos en los próximos días, y regrese al amparo de la legalidad. Por ese lado no hubo la más mínima concesión  al presidente secesionista porque no podía haberla. Y del asunto de la pretendida mediación no hizo mención alguna.

Así que, por el momento, estamos como estábamos.