Julián Sánchez Melgar tiene sobre sus hombros a partir del momento en que tome posesión como nuevo Fiscal del Estado una carga añadida a las muchas que ya de por sí conlleva el cargo: estar a la altura de su predecesor y buen amigo José Manuel Maza, recientemente fallecido. Y la tiene porque habrá de enfrentarse a decisiones trascendentales en este momento político como son todas las relacionadas con la situación procesal de los dirigentes independentistas catalanes ya encausados y de otros que todavía no ha sido llamados ante la Justicia para dar cuenta, y en su caso, pagar por haber  violado reiterada y conscientemente la legalidad constitucional. Y porque no sólo será juzgado por su actuación sino porque ésta será comparada con la que tuvo su  antecesor.

Este asunto, el de las ilegalidades cometidas, es jurídico pero también es político y se enmaraña aún más en la medida en que la actuación judicial se entremezcla con una convocatoria electoral en Cataluña a la que concurren una buena parte de los ahora mismo encarcelados, otra parte de los que en este momento están en libertad bajo fianza y otras medidas cautelares y una tercera parte compuesta por quienes están huidos de la justicia pero tienen indudable intención de regresar a España en las vísperas del día de las elecciones y esperan rentabilizar electoralmente su segura detención y encarcelamiento inmediatos.

Ni que decir tiene que el Gobierno está sumamente interesado en que el desarrollo de las acciones judiciales no lastre su legítimo interés en no perjudicar las opciones de los partidos constitucionalistas en estos comicios, lo cual significa que en la misma medida lo está en no proporcionar argumentos emocionales a los candidatos independentistas, que se mueven como pez en el agua en esas turbias aguas del sentimiento desprovisto de la razón. El resto de partidos defensores del Estado de Derecho tienen el mismo interés que el Gobierno en este caso pero la diferencia está en que ellos tienen una mucha menor capacidad de ejercer su influencia en el Fiscal General aunque su capacidad de interlocución sea amplísima.

En definitiva, todo el que está enterado de cómo se han desarrollado los acontecimientos de los últimos meses sabe que al Gobierno no le convino nada la decisión de José Manuel Maza de querellarse contra los miembros de la Mesa del parlamento catalán y contra los miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos entre otros delitos porque eso le abría un conflicto político de muy difícil administración. Y que también el Ejecutivo se removió en sus asientos del Consejo de Ministros cuando la Fiscalía pidió prisión incondicional para los encausados. Pero sucedió que el Fiscal General se atuvo estrictamente a criterios jurídicos para fijar su posición e ignoró absolutamente las necesidades políticas del Gobierno y, en general, de la causa electoral del constitucionalismo, que es también, aunque a primera vista no lo pareciera, la causa  jurídica que el Fiscal estaba defendiendo con sus escritos.

Sánchez Melgar tendrá muy presente el comportamiento de Maza hasta que una infección generalizada le quitó la vida

«Pues no haberme nombrado» contestó seguramente Maza a quienes le pidieron que aflojara un poco la cuerda para que el curso de la confrontación política discurriera con mayor fluidez. Y esa petición es con toda seguridad la que le van a trasladar desde ámbitos gubernamentales al nuevo Fiscal General. Julián Sánchez Melgar tendrá muy presente el comportamiento de quien fue su amigo hasta que una infección generalizada le quitó la vida. No fue, a pesar de lo riguroso de sus posiciones, un comportamiento rígido y eso se demostró cuando levantó la petición de prisión incondicional a Ramona Barrufet, miembro de la Mesa del Parlament, porque declaró con toda claridad ante el juez instructor del Tribunal Supremo que acataba la legalidad constitucional, y la sustituyó por una petición de libertad  bajo fianza. Y se volvió a demostrar cuando, una vez que el magistrado Pablo Llarena dio una última palabra a los encausados, éstos siguieron la senda marcada por su compañera y el juez les puso en libertad condicional, la Fiscalía no pidió turno para ratificar su petición de prisión para el resto de los interrogados.

Ahora le toca a Sánchez Melgar continuar administrando el papel determinante que la Fiscalía ha de jugar en este proceso que está en sus primerísimos comienzos. Habida cuenta de su carácter personal, es muy posible que adopte una posición menos estricta que la de Maza sin que eso permita suponer que vaya a plegarse a las solicitudes que le lleguen del Gobierno. El nuevo Fiscal General tiene fama de buen jurista, técnicamente impecable y con una cualidad que le va a hacer mucha falta de aquí en adelante: su enorme capacidad de sacrificio personal.

Ha sido ponente de sentencias históricas como la de la «doctrina Parot» que impidió la excarcelación de los grandes asesinos de ETA porque sostenía, con fundamento indiscutible, que no es razonable ni sobre todo justo, castigar con la misma duración de la pena de cárcel al autor de un único asesinato que al que ha cometido una treintena de ellos. Esa sentencia fue escandalosamente contradicha por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, razón por la cual han recobrado la libertad en España no sólo los dirigentes terroristas más sanguinarios sino violadores múltiples, autores de numerosos asesinatos que, además, volvieron a cometer los mismos delitos al poco tiempo de haber salido de la cárcel.

Melgar se opuso también a la llamada «doctrina Botín» mediante la cual el Tribunal Supremo negaba a la acusación popular la capacidad de llevar a un imputado al banquillo si su posición acusatoria  no contaba con el apoyo del fiscal y de la acusación particular. La sentencia del Supremo libró al banquero Emilio Botín de ser juzgado por el  caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.

El nuevo Fiscal General del Estado se enfrenta ahora a la situación más grave en términos políticos y también judiciales que ha padecido España en los últimos 40 años. Tendrá que tomar decisiones de importancia trascendental para el futuro de nuestro país y para el mantenimiento de su salud democrática. Recibirá muchas y muy intensas presiones. Hay que desear que él no ceda, se atenga a su exclusivo criterio jurídico y, de esa manera, continúe la senda iniciada por José Manuel Maza, su amigo.