Pablo Llarena (Burgos, 1963) es un hombre que difícilmente pierde la calma. Pero su tradicional flema ha sufrido la semana pasada un golpe difícil de sobrellevar. Tanto en el Tribunal Supremo como en la Fiscalía había el temor, casi la seguridad, de que el tribunal de Schleswig Holstein no aceptaría la entrega de Carles Puigdemont por un delito de rebelión, pero quedaba un resquicio de esperanza. La posición de la fiscalía alemana era firme en favor del criterio del alto tribunal español, los documentos entregados por la Guardia Civil  aportaban múltiples datos que avalaban la existencia de violencia en el golpe que se patrocinó desde la Generalitat contra el orden constitucional a partir de septiembre de 2017… Y sin embargo, al final, el tribunal regional alemán no sólo ha rechazado la entrega por rebelión, sino que, al aceptarla por un presunto delito de malversación, ha entrado en el fondo del asunto, como si, de hecho, actuara como una instancia superior a la del Supremo.

Como bien ha explicado en estas mismas páginas José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, la decisión del tribunal alemán supone romper con el principio de confianza, que es la base de la Orden de Detención y Entrega. Victoria Prego apuntillaba en su artículo del viernes que la afrenta no es sólo al Supremo, sino al propio estado español. ¿Se imaginan un caso similar pero cuyos protagonistas fueran la propia Alemania o Francia?

La euforia de los independentistas, por tanto, es entendible. Un tribunal alemán ha dicho que no hay rebelión y, por tanto, afirman, los «presos políticos» deben ser puestos de inmediato en libertad. Al calor de la sentencia de Schleswig Holstein, los grupos independentistas, encabezados por Quim Torra, Torrent y el incombustible Artur Mas, organizaron el pasado sábado una multitudinaria manifestación en Barcelona. No será la última. El eje movilizador de la próxima Diada y de las elecciones anticipadas que ya se perfilan en Cataluña para el próximo otoño será la «libertad de los presos».

Frente a esa ofensiva el gobierno ha reaccionado con calculada ambigüedad. El presidente Sánchez dijo, tras conocerse la sentencia del tribunal de Schleswig Holstein, que «lo importante es que Puigdemont será juzgado por tribunales españoles». No: lo importante son los delitos por los que será juzgado.

El juez cuenta con el apoyo de la Sala Segunda, la Fiscalía y la mayoría de los ciudadanos que creen en el estado de derecho

Los jueces alemanes, que han descrito al ex presidente de la Generalitat como «un pacifista» que no tuvo nada que ver con los hechos violentos de septiembre y octubre de 2017, no sólo torpedean la causa que se sigue en España sino que dan alas a la nueva estrategia del gobierno. Al fin y al cabo, no es lo mismo negociar con «golpistas» que con «pacifistas».

Como cuenta hoy Ángela Martialay el hecho de que los presos del procés hayan sido trasladados a Cataluña no es un hecho baladí, en orden a acercarlos a sus familias, sino que abre la vía a la Generalitat para acelerar su puesta en libertad una vez que hayan sido sentenciados.

Llarena tiene claro que, en las condiciones que expone la sentencia alemana, no tiene sentido pedir su entrega, lo que provocaría el absurdo jurídico de que por los mismos hechos unos imputados fueran juzgados por unos delitos más graves que otro, que es, además, uno de los protagonistas de la asonada contra el orden constitucional. Es más, al retirársele de hecho la acusación de rebelión, Puigdemont tendría intactos sus derechos políticos, con lo que, en unos meses podría incluso recuperar su despacho en la sede de la Generalitat.

Sin embargo, la expectativa de que la causa se desinfle y quede reducida a delitos menores como la desobediencia e incluso la malversación facilita la estrategia de Sánchez, jaleada por Pablo Iglesias, de abrir un nuevo escenario en el que se pueda poner sobre la mesa un rebautizado derecho a decidir con los límites de la Constitución.

Al juez, arraigado en Cataluña desde hace 30 años, ahora le es imposible dar un paso por Barcelona sin la protectora compañía de sus escoltas

Dicen los colegas de Llarena que en estos días le encuentran más pesimista, algo alicaído. Es normal. Llarena ha llevado sobre sus hombros una causa de esas que te marcan para toda la vida. Y a él, además de marcársela, se la han truncado. Al juez, arraigado en Cataluña desde hace 30 años, ahora le es imposible dar un paso por Barcelona sin la protectora compañía de sus escoltas. De hecho, tiene ya casi decidido trasladarse con su familia a Madrid.

Pero, más que esos inconvenientes que van ligados a su puesto en la Sala Segunda del Supremo, a Llarena le afecta que desde distintos ámbitos, no sólo desde el independentismo, se vea la causa del procés como la consecuencia del empecinamiento de un juez que ha confundido el 1-O con el 23-F.

A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Para saber lo que ocurrió en Cataluña entre el 20 de septiembre de 2017 y la proclamación de la independencia por el Parlament el 27 de octubre no hay nada mejor que leerse el auto del propio juez Llarena del 23 de marzo en el que procesaba por rebelión a 13 de los líderes del procés, incluido, naturalmente, a Puigdemont.

Llarena ha medido sus pasos y ha contado siempre con el respaldo de la Sala Segunda. La Fiscalía también ha secundado e impulsado sus actuaciones. Por ello, pase lo pase, habrá juicio y habrá sentencia. No es probable que la Fiscal General, María José Segarra, de cuya profesionalidad e independencia nadie duda, cambie la que, hasta ahora, ha sido la línea de actuación en este caso.

El juez, por tanto, no está solo. Tiene el apoyo de la mayoría de sus compañeros y el respaldo de la Fiscalía. Y, lo que es más importante, cuenta con el respeto de los españoles que seguimos creyendo en el estado de derecho.