Rectificación. Eso ha sido lo que ha hecho el presidente del gobierno en su intervención en el Pleno del Congreso. El diálogo ha quedado arrinconado en su discurso, que ha incluido serias advertencias a los que, hasta ahora, cortejaba para que le aprobaran el presupuesto.  Sánchez les ha dejado claro a los independentistas que el gobierno actuará en Cataluña con «firmeza» y «contundencia» en defensa del Estatuto y la Constitución.

El presidente ha acabado dándose de bruces con la realidad. Torra no está dispuesto a renunciar a la independencia y ha elevado la apuesta apelando a una vía insurreccional. Volvemos a la casilla de salida. En el Congreso, sobre todo tras la intervención de Pablo Casado y Albert Rivera, se respiraba un clima similar al que dio lugar a la aplicación del artículo 155.

Aunque a algunos les cueste reconocerlo, el juez Llarena tenía razón. El delito de rebelión, tan cuestionado por el gobierno de Pedro Sánchez, no es una entelequia jurídica, una interpretación interesada de los hechos que acaecieron en 2017 en torno al referéndum del 1-0 y a la declaración de independencia de Cataluña, sino que está basado en una intención real de provocar la secesión por la vía violenta si ello es necesario.

El llamamiento de este fin de semana del presidente de la Generalitat a seguir la llamada «vía eslovena» es toda una confesión de parte. Eslovenia se separó de Yugoslavia mediante una insurrección armada, que provocó más de 60 muertos y centenares de heridos. Los abogados de las defensas de los imputados del procés estarán tirándose de los pelos desde el pasado domingo. ¿Cómo justificarán ante el Supremo que la independencia que impulsaban sus defendidos era un camino de rosas pacífico y fraternal mientras que su compañero de filas,  Quim Torra , está llamando a la insurrección como único medio de conseguirla?.

Luego han salido a la palestra Roger Torrent y otros a decir que la «vía escocesa» es la mejor, pero Torra no ha rectificado su declaración. Este martes dijo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en Onda Cero que no se actuará contra él porque «el pensamiento no delinque». Eso sería cierto si el presidente de la Generalitat hubiera dejado en los límites de su mente su atolondrada propuesta, pero al hacer una declaración pública está manifestando, incitando a los ciudadanos, a que sigan esa consigna y, por lo tanto, está cometiendo un delito.

Lo acaecido en los últimos días en Cataluña pone de relieve que la situación no ha mejorado en nada desde el levantamiento del artículo 155. La amenaza de los CDR y la CUP de convertir el 21 de diciembre en una jornada violenta de lucha en Barcelona arruina por completo la vía del diálogo buenista que el gobierno pretendía con los independentistas. En lugar de percibir en la reunión del Consejo de Ministros una muestra de acercamiento y de normalización, el independentismo radical lo ha interpretado como una provocación a la que hay que responder con contundencia.

La «vía esolvena», la inacción de los Mossos y el llamamiento a la algarada el 21-D ponen al presidente del gobierno contra las cuerdas. De nuevo, todo es posible en Cataluña

Sánchez ya está dando marcha atrás. El primer hito del fin de la política de «desinflamación» con Cataluña se produjo con la derrota del PSOE en Andalucía el pasado 2 de diciembre. Ya no sólo se trata de que algunos analistas díscolos hayamos visto en el acercamiento de Sánchez a los independentistas la causa del descalabro, sino de una opinión que cada día se extiende más entre las propias filas socialistas, como puso de manifiesto la bronca de este martes protagonizada por los diputados Soraya Rodríguez y Antonio Pradas, los dos próximos a Susana Díaz.

Pero lo acaecido el fin de semana, tanto el llamamiento de Torra a la «vía eslovena» como la inacción de los Mossos (investigada ahora por la Fiscalía) ante el corte de la AP-7 durante quince horas y el levantamiento de las barreras de las autopistas en la operación retorno, apuntan a una situación de ingobernabilidad que no tiene precedentes y que deja sin margen de maniobra al gobierno de Sánchez.

La culpa de esa inacción por parte de los Mossos no la tiene su jefe, Miquel Esquius, sino el consejero Miquel Buch, que ha querido compensar con ese dejar hacer las críticas del independentismo radical a la actuación contra los CDR en Girona y Tarrasa. Esa manera de actuar es impropia de un gobierno democrático y  puede suponer incluso la comisión de un delito de prevaricación.

Los radicales, animados por el éxito de los chalecos amarillos franceses, ya tienen una fecha en torno a la que movilizar a sus cachorros y demostrar su fuerza. Por su parte, el gobierno, tras las dudas del ministro José Luis Ábalos, no tiene más remedio que mantener la reunión del Consejo de Ministros, aunque sólo sea para no dar imagen de debilidad.

Sánchez lo tiene complicado. Puede tener la tentación de hacer de la necesidad virtud y recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, que permite a Interior asumir el mando de los Mossos. El problema es que una decisión así no se improvisa, necesita semanas de preparación y, por el momento, ni la Policía ni la Guardia Civil tienen en sus planes algo parecido.

La mayoría de los agentes que forman parte de los Mossos está hasta las narices de que sus mandos políticos les impidan actuar como profesionales. Muchos de ellos estarán echando de menos el 155, pero mientras en Cataluña gobierne un iluminado las cosas no van a cambiar.

Sánchez, por su parte, ha comprobado ya que sus recetas para desactivar el independentismo no sólo no han funcionado en Cataluña, sino que le han hecho perder crédito entre sus votantes en toda España (el único que no se entera de esto es Tezanos). La cuestión es si la rectificación que ha iniciado el presidente será creíble para los votantes de izquierdas. Es decir, si le será útil para hacerse perdonar el gran error de haberse apoyado en los que quieren romper España para llegar a Moncloa.