“La prisión permanente revisable no ha evitado la muerte de Laura Luelmo“. Eso dijo el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso del pasado miércoles. Y se quedó tan tranquilo. Ese mismo día por la tarde Bernardo Montoya confesó su crimen ante los agentes de la Guardia Civil (UCO).

En su comparecencia Pedro Sánchez no manifestó ninguna intención de derogar dicha ley, a cuya aprobación se opuso su partido, porque ahora prefiere espera al dictamen del Tribunal Constitucional para definirse. Pero no quiso reconocer su utilidad y, para ello, recurrió  a un viejo truco retórico que consiste en atribuir a las leyes un poder disuasorio del que carecen. El falso silogismo vendría a decir: la prisión permanente revisable no ha evitado el asesinato de Laura Luelmo, luego la ley que la ampara no sirve para nada. Podríamos decir lo mismo de la ley de violencia de género (no ha evitado las violaciones, que, según las denuncias presentadas, han aumentado), o de los preceptos que castigan en el Código Penal los atracos o asesinatos: siguen produciéndose a pesar de las leyes. Lo cual no quiere decir que haya que derogarlas o que no funcionen. Las leyes, por sí mismas, señor presidente, no impiden los delitos.

Sánchez, con su pirueta retórica, eludió el tema fundamental: si al presunto asesino se le hubiera aplicado la prisión permanente revisable no hubiera podido cometer el crimen de la joven profesora. Esa es la cuestión relevante y a la que determinados prejuicios no se quieren enfrentar.

La cuestión no es si la prisión permanente revisable evita crímenes como el de Laura. Lo relevante es que si al presunto asesino se le hubiera aplicado dicha ley jamás hubiera podido cometer ese asesinato

Basta con echar una ojeada al perfil de Bernardo Montoya (asesino confeso de Laura Luelmo). Montoya (cuando tenía 27 años) apuñaló a una anciana de 82 años cuando ésta le sorprendió robando en su casa. No la mató. La víctima le denunció a la Policía y, cuando el agresor fue puesto en libertad en espera de juicio, Montoya la volvió a apuñalar hasta dejarla sin vida. Fue condenado a 17 años de prisión. En 2008, durante un permiso carcelario, trató de violar a una joven, que se salvó gracias a que iba acompañada de su pastor alemán, que la defendió de la agresión. Fue condenado a otros dos años. Posteriormente, con la pena ya cumplida, volvió a ser condenado por robo. De tal forma que, cuando se produjo la desaparición de Laura, apenas si llevaba dos meses en libertad.

Según la investigación, Montoya abordó a Laura cuando ésta salía de su casa (los domicilios de ambos están en la misma calle de El Campillo, Huelva) y la llevó a su casa, donde la violó. Después la golpeó hasta asesinarla. Como la muerte se produjo entre dos o tres días después de su desaparición, es probable que Montoya la sometiera a tratos violentos o vejatorios durante ese periodo. Luego la trasladó en el maletero de su coche y la depositó entre unos arbustos a unos 4 kilómetros de la localidad, donde fue hallada esta semana. El viernes 14 de diciembre, unas horas después de consumado el asesinato, acudió a la prisión de Huelva para mantener un vis a vis con su novia y, de paso, hacer desaparecer algunas pruebas, según sospecha la UCO.

¿Cómo es posible que un individuo así pudiera estar en libertad? Eso sí que es un fallo del sistema y una muestra meridiana de que, si se le hubiera aplicado la prisión permanente revisable, jamás hubiera podido cometer el horrendo crimen.

Hay mucha gente que piensa que las penas que impone el Código Penal tienen un único fin: la reinserción del condenado. Pero no es así. Ese es sólo uno de sus fines. Los otros dos son el castigo por el delito cometido y la protección de la sociedad ante el delincuente.

Bernardo Montoya (si se confirma en el juicio la autoría del asesinato de Laura Luelmo) merecía estar en prisión. A todas luces, el castigo por sus anteriores delitos ha sido insuficiente, la sociedad ha quedado desprotegida ante un desalmado y, además, resulta bastante obvio que su paso por prisión no ha servido ni de lejos para reinsertarle.

No es muy probable que el PSOE vuelva a plantear en el futuro la derogación de la prisión permanente revisable; sobre todo, si recibe luz verde del Constitucional. Sánchez sabe lo que piensa la mayoría de los ciudadanos sobre este asunto y no está dispuesto a regalarle más votos a la derecha. Andalucía ha enseñado muchas cosas.