Política

El crimen de Laura Luelmo reabre el debate en los partidos sobre la prisión permanente

Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre la prisión permanente revisable.

Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, en el Congreso de los Diputados durante el debate sobre la prisión permanente revisable. EFE

El crimen de Laura Luelmo ha vuelto a agitar el debate sobre la Prisión Permanente Revisable, aprobada por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta pero actualmente en proceso de derogación a iniciativa del PNV. La polémica resucita con cada caso de exposición mediática, pero el de la profesora zamorana de 26 años asesinada en El Campillo (Huelva) cuenta con todos los ingredientes para avivarla. El único detenido y principal sospechoso de la investigación es un criminal reincidente, condenado por el asesinato de una mujer, que había cumplido casi 18 años de prisión y al que se relaciona con un intento de agresión a otra joven durante un permiso penitenciario.

«La prisión permanente revisable salva vidas. Las leyes están para proteger las libertades de los ciudadanos y no la de los asesinos. Espero que los que insultaron al Partido Popular por aprobar la prisión permanente revisable se callen de una vez», valoró este martes el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, tras compartir en Twitter los detalles del caso de Laura Luelmo. «El crimen de Laura Luelmo nos ha conmocionado a millones de españoles. Hay que tomar medidas valientes en el Código Penal para proteger mejor a las víctimas y luchar contra la reincidencia», decía poco antes Albert Rivera.

PP y Ciudadanos impulsaron el pasado mes de marzo dos enmiendas a la totalidad que pretendían frenar el camino de derogación de la PPR iniciado por el PNV. Y ampliar los supuestos en los que podría aplicarse, así como los tiempos antes de acceder a la hipotética revisión. El debate se produjo en el Congreso de los Diputados en plena resaca del asesinato del niño Gabriel Cruz a manos de su madrastra, Ana Julia Quezada. Fue una sesión bronca y polémica a la que asistieron desde la tribuna, entre otros, los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz, Sandra Palo o Jéremy Vargas.

PP y Cs se quedaron solos en la votación, y el trámite de derogación siguió adelante gracias a la posición de PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCat y Bildu. No sirvieron de mucho los casi tres millones de firmas recogidas hasta el momento por Juan Carlos Quer para mantener la ley en vigor. No estaba Vox en el Parlamento, pero Santiago Abascal defendía la misma posición que este martes en su cuenta de Twitter: «Desde que Vox se fundó, en caliente y en frío, exigimos la cadena perpetua para este tipo de asesinos y violadores. No son reinsertables -ni lo merecen- a pesar de lo que diga el buenismo progre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión».

Desde la izquierda, no obstante, se reprocha a Vox que esa sea su posición contra los crímenes como el de Laura Luelmo mientras por otro lado pide la derogación de la Ley de Violencia de Género, un asunto en el que de momento cabalga en soledad dentro del espectro político nacional.

En cuanto a la prisión permanente revisable, sin embargo, la pluralidad es mayor, incluso dentro de los propios partidos. Atendiendo al debate de marzo en el Congreso de los Diputados y a todo lo que generó, este es el mapa de situación:

Partido Popular

La posición del PP es contraria a la derogación de la prisión permanente y favorable a ampliarla en cinco supuestos: asesinatos tras secuestro o con ocultamiento del cadáver, a los que provoquen varias muertes por estragos, incendios o fugas radioactivas intencionadas, a los violadores en serie y a los violadores de menores. En el Congreso, la posición popular la fijó el diputado Bermúdez de Castro, de forma clara: «La prisión permanente revisable no renuncia, porque no podría hacerlo, a la reinserción del penado, pero esa rehabilitación no se consigue de manera automática por el mero transcurso del tiempo. A veces esa reinserción se consigue, pero otras veces lamentablemente no».

La oposición en bloque acusaba al PP de querer aprovechar el crimen de Gabriel Cruz para legislar «en caliente». El Gobierno contraatacó asegurando que sus rivales políticos pretendían «derogar en caliente». Lo cierto es que la opinión pública, en ese momento, era favorable al mantenimiento de la PPR: hasta el 80% de españoles lo deseaban. «Existen el delito y la pena porque hay delincuentes; porque no hay ninguna ley que permita vacunarnos contra el lado negativo de la condición humana. Pero sí podemos protegernos mejor de los crímenes más graves y más atroces», cerraba su intervención Bermúdez de Castro, que pedía al resto de grupos que no le respondieran a él sino a los padres de las víctimas, presentes en la tribuna.

Ciudadanos

En aquella sesión, Ciudadanos también mantuvo su oposición a la derogación de la prisión permanente revisable. De hecho trató de convertirse en abanderado de la causa, proponiendo que los condenados a PPR no pudieran acceder al tercer grado hasta pasados 20 años, en lugar de los 15 actuales. Juan Carlos Girauta fue el portavoz de la formación naranja en ese debate: «Lo sensato es que el Tribunal Constitucional sea el que establezca las limitaciones, dibuje el campo de juego y marque el ámbito dentro del cual podamos regular esas situaciones particularmente peligrosas para la sociedad en casos de crímenes especialmente execrables y ante delincuentes que muestran un tipo de conductas que la criminología contemporánea sabe que están basadas muchas veces en pulsiones que tienen muy difícil rehabilitación, si es que la tienen».

El partido de Albert Rivera proponía esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra la PPR. Pero el TC no tiene previsto hacerlo hasta, por lo menos, finales de 2019. No lo considera un asunto prioritario. La polémica en el caso de Ciudadanos venía de su posición anterior: en 2016 habían propuesto la derogación de esta figura en su pacto con el PSOE. La formación naranja defendió que no se trataba de ningún bandazo, sino simplemente de «concesiones» que debían realizarse en el marco de una negociación complicada como es la de una hipotética investidura.

PSOE

«Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel». Fue el cierre de intervención del diputado socialista Juan Carlos Campo, que defendió la postura del PSOE en el Congreso. El comentario provocó que la bancada popular se revolviese al grito de «sinvergüenza», provocando que la presidenta, Ana Pastor, llegase a amenazar con suspender la sesión.

El PSOE había llegado al debate tensionado, con voces discrepantes dentro de su partido y con la opinión pública ejerciendo presión sobre el partido decisivo a la hora de decidir el futuro definitivo de la figura punitiva. El diputado Campo subió al estrado con una papeleta difícil. El PSOE se hacía responsable: «Posiblemente se vayan de aquí sin haber compartido ninguna de las palabras que este portavoz va a decir. Solo les pido una cosa: que intenten hacer un esfuerzo para ver que la actuación del Partido Socialista es de respeto absoluto a las víctimas, son el centro de atención para cualquier política», dijo dirigiéndose a los padres de las víctimas y fijando postura.

«La prisión permanente revisable es demagogia hasta en su denominación. La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos ante la cadena perpetua», dijo durante su intervención, en la que aseguró que esa «cadena perpetua» entraba «en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna». El PSOE cayó del lado de posiciones como la defendida en público por el expresidente Zapatero, que aseguraba que la prisión permanente «no nos hace mejores como sociedad». Otros históricos como el exministro Javier Solana pusieron el contrapunto: «No estoy contento con mi partido, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido», les dijo a los asistentes a la Escuela de Buen Gobierno organizada por el PSOE en aquellas fechas. Esa división, latente, amenaza con volver a emerger.

Podemos

Su posición era y sigue siendo contraria a la prisión permanente y favorable a su derogación. «La prisión permanente revisable es contraria a cualquier consideración relativa a los derechos humanos», defendió el grupo durante el debate parlamentario. «Arguyen ustedes que lo hacen siguiendo una voluntad mayoritaria de la sociedad española, que no hemos visto por ninguna parte salvo en su planteamiento voluntarista y en las encuestas de algunos periódicos que les son afines. Ustedes están haciendo depender el cumplimiento de los derechos humanos en España de las encuestas de algunos periódicos», lanzaba el diputado Santos.

Su posición no ha variado. «Defenderemos la derogación de esa barbaridad desde esta tribuna, la defenderemos en las tertulias, la defenderemos en las radios, la defendemos en los medios de comunicación. No vamos a callar, no vamos a pedir perdón», cerró su intervención, mientras una diputada desde las bancadas le exhortó a que la defendieran también «en la calle», donde ese día se concentraba gente a la espera de la votación, finalmente favorable a proseguir con el trámite de derogación.

ERC

Ester Capella, entonces diputada y ahora consejera de Justicia de la Generalitat, dejó meridianamente clara la posición de su grupo: «Partido Popular y Ciudadanos pretenden que no se
derogue la prisión permanente revisable, eufemismo que han utilizado para evitar hablar de la cadena perpetua. Quítense las caretas y digan si quieren estar más cerca de Ankara o más cerca de Estrasburgo, ustedes eligen».

PNV

Al Partido Nacionalista Vasco le corresponde la iniciativa del trámite de derogación de la prisión permanente revisable. «La prisión permanente revisable es un ejemplo de derecho penal exagerado y, por eso, nos opusimos desde su aprobación y hoy lo reiteramos y por las mismas razones», defendió en la tribuna Mikel Legarda.

«Se ha dicho ya hasta la saciedad que en nuestra realidad criminal la cifra de delitos más graves no deja de disminuir año a año, según los informes de la fiscalía. Además, tenemos las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno y en bastantes casos de cumplimiento íntegro», justificó en su argumentación para negar la necesidad de mantener una pena que va un grado más allá de las existentes hasta el momento. «La prisión permanente revisable es una de las decisiones de política criminal más importantes desde que se instauró la democracia y tendría que hacernos reflexionar el hecho de que no era reclamada por los expertos en la materia cuando fue aprobada», finalizó.

PDeCat

El partido de Carles Puigdemont mantuvo una postura similar a la de ERC y aseguró que la prisión permanente revisable no era un instrumento democrático. «Modernicen la justicia, agilícenla, acompañen a las víctimas y apuesten por la reinserción. Es un Estado del siglo XXI, no del siglo XIX», lanzó la portavoz Lourdes Ciuró en el Congreso de los Diputados.

Bildu

La diputada Beitialarrangoitia protagonizó una intervención corta. Bildu apoyaría hasta las últimas consecuencias la derogación de la prisión permanente revisable y reprochaba que su mantenimiento suponía empeorar «más si cabe» la «lamentable» carta de presentación de España ante el mundo, pese a que la PPR es una fórmula común en la Unión Europea, con distintos plazos de revisión de la condena.

Coalición Canaria

Mantuvo la posición más ambigua de todo el debate. La diputada Ana Oramas aseguró que «no se debe derogar» en este momento la prisión permanente revisable, especialmente mientras se espera al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero tampoco estuvo dispuesto a apoyar el endurecimiento de la figura que defendían PP y Ciudadanos. «La sociedad lo que quiere es que la gente que no se ha arrepentido, que no se ha rehabilitado, no se pueda acoger a beneficios penitenciarios», defendió Oramas, que acabó absteniéndose en la votación.

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