Mientras los hospitales de toda España y su personal sanitario están dando el 200 o el 300% de su capacidad y aún más allá y por eso todo el reconocimiento y el agradecimiento que se haga a su labor contra el coronavirus siempre se quedará corto, las residencias de ancianos y el personal que los atiende están siendo evidentemente los hermanos pobres de esta familia de solidaridad y además el objeto de sospecha y de acusación por parte de la sociedad en su conjunto.

Pero hay que ver las cosas con una cierta distancia para comprender el auténtico drama, mayor aún que el que se padece en los hospitales, que se está viviendo en esas residencias, notablemente en las de Madrid y el área metropolitana de Barcelona. Se parte de una base muy quebradiza, que es la de que son los mayores los primeros candidatos a ser infectados por el coronavirus porque, a su edad avanzada que implica que sus defensas son mucho más bajas que las de una persona joven, se suma el hecho extraordinariamente frecuente de que padecen además patologías diversas que los convierten en aún más débiles frente al ataque del virus.

Añádase a esto que el personal que atiende a los mayores ingresados en residencias no es en una buena proporción, más bien diría que no es mayoritariamente profesional sanitario. Hay todo lo más un par de médicos y algunas enfermeras pero el resto del personal lo componen cuidadores. Pero eso es así porque en realidad las residencias de mayores no son en absoluto, ni han sido nunca, centros sanitarios y la prueba es que, cuando alguno de los ancianos que vive en ellas tiene algún problema de salud más allá de una subida de tensión o males de menor nivel, los responsables de la residencia lo llevan a un hospital para que sea atendido.

Las sospechas de negligencias y malas prácticas sobre las residencias de mayores son básicamente injustas porque sus responsables son en su mayoría víctimas propiciatorias del caos

Dicho esto, hay que añadir que la extensión de contagios y fallecimientos en las residencias de ancianos, tanto en Madrid como en Barcelona, no se deriva necesariamente de una falta de atención, aunque haya casos en que sí se ha producido esa negligencia, sino de que, o los familiares que les han visitado o el personal cuidador les ha infectado sin saberlo y ese contagio se ha extendido como un incendio entre esa población particularmente frágil ante el virus. No mueren por negligencia sino por falta de control del virus. Las sospechas de negligencias y malas prácticas sobre la generalidad de las residencias de mayores son en este momento básicamente injustas porque sus responsables son en su mayoría víctimas propiciatorias del caos desatado en todo el país.

Y el hecho de que se encuentren cadáveres de ancianos en sus camas tampoco es la prueba de la desidia de sus cuidadores sino de la incapacidad para unas residencias de esas características de contar con un depósito de cadáveres con capacidad para varias decenas. Lo sucedido este domingo en una residencia de Leganés, donde efectivos de la UME se han encontrado con nada menos que 11 fallecidos en sus camas, se explica por la incapacidad de las funerarias para ir a recoger tantos cuerpos como ahora tienen que recoger a diario, del mismo modo que muchos cementerios están saturados y derivan a las familias a camposantos de otras provincias.

Con esto quiero decir que lo que está sucediendo en muchos de estos centros, no en todos ni mucho menos, más que ser asunto de la Fiscalía es asunto de Sanidad. Del ministerio o de las consejerías correspondientes porque lo que sí es un hecho es que las residencias de mayores están dejadas de la mano de Dios en lo que se refiere a un riguroso y permanente control de los niveles de calidad asistencial. Y esa es un responsabilidad directísima de las distintas administraciones públicas.

Pero es que los ancianos tienen al día de hoy otro problema añadido y es que, desgraciadamente, no son material recuperable. Quiero decir que, en el caso de ser llevados a cualquiera de los muy colapsados hospitales porque han sido infectados con el virus, la dramática escasez de material sanitario para combatir los efectos de la infección que provoca empujan a los médicos a decidir con arreglo a su exclusiva conciencia sobre un terrible dilema: si ponerle uno de los pocos respiradores de los que puede disponer para una persona más joven y que tiene por lo tanto más años de vida por delante si el médico consigue salvarle la vida, o a un anciano que a lo mejor se va a morir de otra cosa dentro de uno, dos o tres años.

Y la elección, por espantosa que sea y por más que torture al médico que se ve convertido así en dueño y señor de vidas ajenas, está clara. En su crónica de hoy Iva Ánguera de Sojo cita a un responsable de una residencia de mayores en Cataluña que cuenta que a los ancianos ya no se les está haciendo ningún test para comprobar si están o no infectados pero que «del hospital no ha vuelto nadie».

El Gobierno no tenía la capacidad ni el engranaje en el ministerio de Sanidad para haber centralizado las compras de material de protección. Este ha sido un error que pagaremos muy caro

Y esta es la otra cuestión que está detrás de los dramáticos sucesos que estamos conociendo estos días en las residencias de ancianos: es verdad que desde que se decretó el estado de alarma en el país hasta que están empezando a distribuirse mascarillas -la mínima protección exigible para atender a comunidades numerosas- han pasado muchos días. Pero la explicación no está necesariamente en la negligencia de los responsables de esos centros sino en la dramática escasez de material de protección con la que nos hemos enfrentado a esta pandemia. Y esa dramática escasez tiene una causa muy concreta que es la tardanza del Gobierno en reaccionar a la amenaza.

No se repartían ni mascarillas ni test de comprobación sencillamente porque no había. Y no los había ni para las residencias de mayores ni para los hospitales ni para la población que está en sus casas padeciendo síntomas relativamente leves y que ignora si es portadora del virus y si puede contagiar o no a los miembros de su familia. Como tampoco había, ni hay, respiradores suficientes para atender a tantos enfermos graves que lo necesitan para escapar a la muerte. Y esa es una responsabilidad del Gobierno que se ha demostrado ahora que no tenía la capacidad ni el engranaje en el ministerio de Sanidad para haber centralizado las compras de material de protección. Este ha sido un error que pagaremos muy caro.

En resumen, los ancianos van a seguir siendo la carne de cañón de una epidemia que golpea a todos pero a ellos más y con menos opciones de defenderse. En algunas comunidades como Cataluña ya no los llevan al hospital y se limitan a aplicarles cuidados paliativos.

Van a ser, están siendo las víctimas principales y las más indefensas. Y son muchos más de los que están registrados.